SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Hablar de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales (GLBT) en República Dominicana en pleno siglo XXI, constituye una reacción de sorpresa, fobia o rechazo en gran parte de la población nacional, ya sea por motivos morales o religiosos.
Para los más conservadores rechazan de entrada cualquier posibilidad de la aprobación legal del matrimonio entre personas de igual orientación sexual aunque la Constitución Dominicana en su Artículo 39 sobre el Derecho a la Igualdad reza:
"Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal".
En relación a este derecho, la antropóloga e investigadora social Tahira Vargas entiende que el Estado dominicano puede y debe aceptar los matrimonios de parejas de igual sexo.
Por otro lado, el Artículo 55 de la referida constitución sobre Derecho de la Familia, solo reconoce como familia a la unión de un hombre y una mujer.
“La familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”, reza el texto.
Esta definición deja fuera del concepto familia no solo a las parejas del mismo sexo sino a las agrupaciones no nucleares como madres solteras, abuelos y nietos, tíos y sobrinos y demás grupos familiares con ausencia de la madre o el padre, mayoría de los casos en el país.
Recalca la misma ley en el numeral 1: “Toda persona tiene derecho a constituir una familia, en cuya formación y desarrollo la mujer y el hombre gozan de iguales derechos y deberes y se deben comprensión mutua y respeto recíproco”.
Aunque menciona “toda persona tiene derecho a constituir una familia” especifica al hombre y la mujer en unión.
En el año 2001 Europa constituyó el antes y después de los derechos humanos de los GLBT cuando los Países Bajos permitió el primer matrimonio entre dos hombres y dejó establecido que parejas del mismo sexo podían constituir legalmente un matrimonio.
En diez países se permite el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, en doce se admite la adopción conjunta de una pareja de igual género, en 78 la homosexualidad es ilegal y en cinco puede implicar la pena de muerte, según un estudio a nivel mundial publicado en el 2012 por la Red Global por los Derechos LGBTI (ILGA).
El 18 de diciembre del 2008, con una iniciativa francesa se emitió una declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre orientación sexual e identidad de género, respaldada por la Unión Europea, presentada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La declaración condena la violencia, el acoso, la discriminación, la exclusión, la estigmatización y el prejuicio basado en la orientación sexual y la identidad de género.
También condena los asesinatos y ejecuciones, las torturas, los arrestos arbitrarios y la privación de derechos económicos, sociales y culturales por estos motivos.
“Cualquier persona que se una a otra sea de un mismo sexo o sexo diferente y empiece una convivencia en un espacio físico es una familia, la antropología lo analiza como familia” define la investigadora social y antropóloga Tahíra Vargas.
La también defensora de los derechos humanos considera que toda relación afectiva independientemente del sexo tiene derecho a ser tomada en cuenta en términos legales.
Punto de vista jurídico
El jurista Carlos Balcázar reflexiona “no sólo se crea familia por procreación biológica sino por la figura de la adopción contemplada en el código del menor en la Ley 136”.
Cita al tratadista Claus Roxin, el cual estable que coartar, limitar, prohibir la unión de parejas del mismo sexo es coartar los derechos fundamentales.
Posición del ASA
El director ejecutivo de la organización Amigos Siempre Amigos (ASA), Leonardo Sánchez, concibe que tarde o temprano la República Dominicana se encaminará hacia la igualdad de todos los ciudadanos, la aprobación legal del matrimonio entre personas del mismo sexo.
“La Constitución Dominicana coloca a la República Dominicana dentro de los países con mayor grado de atraso en materia de derechos humanos”, afirma el presidente ejecutivo de la organización de apoyo a los GLBT.
El Estado dominicano, el clero católico y la moral
En una ocasión, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez dijo que los matrimonios del mismo sexo son una “farsa y una comedia”, y llamó “hipócritas y degenerados” a quienes los apoyan. Su posición no ha cambiado, es una negación rotunda a cualquier posibilidad que se abra un debate sobre el tema en el territorio nacional.
Al mismo tiempo, la investigadora Tahíra Vargas explica que en el país no se ha dado ningún debate público con el tema, de forma seria, porque los que responden a estas concepciones lo hacen desde concepciones religiosas, y no desde el ámbito de los derechos.
Plantea que, ya que estas uniones existen, el Estado debe regular y legalizar en función de lo que la realidad expone.
Por su lado, el activista gay Leonardo Sánchez expresa que el Estado dominicano debe empezar a separar lo que es la ideología judeocristiana del ejercicio de los derechos civiles y ciudadanos.
Cita en el caso de la República Dominicana existe un concordato desde la época del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina que amarra al país con el Vaticano, lo que confunde el matrimonio sacramental con la unión civil o matrimonio civil, “que es un derecho de ciudadanos y ciudadanas”.
Discriminación y resistencia
Según informaciones ofrecidas por Leonardo Sánchez, entre el año 2012 y 2013 hubo un total de 16 asesinatos de transexuales en el país, y sólo uno de los asesinos fue condenado en la justicia.
Otras violaciones de derechos frecuentes contra la comunidad GLBT en República Domidnicana ocurre con los adolecentes expulsados de las escuelas por motivo de su orientación sexual, así como empleados públicos y privados despedidos por igual motivo o simplemente excluidos y no tomados en cuenta aunque demuestren igual o más capacidad que los heterosexuales.
Tanto la antropóloga Vargas, el jurista Balcázar, como el defensor de los derechos de los GLBT Sánchez, sostienen que el problema de la resistencia viene por cuestiones religiosas, culturales y de “falsa moral”.
“Todo está marcado por la religión católica, aunque nos decimos ser un Estado laico, realmente no lo somos, somos un Estado normado por lo que la religión católica decida”, explica Sánchez.
La resistencia a diálogos sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo también está relacionada, ante estos especialistas, por cuestiones culturale como el machismo y la prevalencia del patriarcado.
Tahíra Vargas aboga por la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, entre otras consideraciones, fundamentado por la igualdad y disfrute de los derechos que gozan los matrimonios civiles de personas de sexo distinto. Por su lado, el abogado Balcázar sostiene que la institución familiar abarca más allá de lo que describe la actual Constitución Dominicana.
La comunidad GLBT dominicana está trabajando para conseguir el matrimonio de parejas de ambos sexos y la igualdad de derechos de todos y todas, expresa Sánchez.
Homosexualidad y centros educativos