SANTO DOMINGO, República Dominicana.- De 110 funcionarios a quienes corresponde presentar sus declaraciones patrimoniales en virtud de la Ley 311-14, apenas 19 habían completado este trámite la mañana de este miércoles, a pocas horas de que venciera el período “de gracia” de 30 días adicionales que concedió la Cámara de Cuentas (CC) a estos servidores públicos.
Licelotte Marte de Barrios, presidenta de la entidad, indicó que según la nueva legislación que entró en vigor el pasado 8 de agosto, aquellos funcionarios que asumieron o fueron sustituidos a partir de esa fecha y que no remitan su declaración jurada a más tardar a las 4:00 de la tarde de hoy, deben ser destituidos de sus funciones.
“A las 9:00 A.M. de hoy, tenemos 19 declaraciones juradas de funcionarios que por mandato de la ley tenían que hacerlo, de un universo aproximado de 110 (…) para esos funcionarios que no presenten la declaración en los términos establecidos, la sanción establecida en la ley es la destitución”, declaró la funcionaria.
Las declaraciones lleguen a la Cámara de Cuentas tardíamente, o sea, después de las 4:00 P.M. de este miércoles, serán remitidas a la Procuraduría General de la República. “El que tiene que sancionar es el Ministerio Público; nosotros cumplimos con enviar todas las declaraciones omisas al Ministerio Público, y las declaraciones también”, aclaró Marte de Barrios.
Censuró el que la gran mayoría de los funcionarios obligados a cumplir con este requisito no lo hayan hecho, pese al plazo adicional de 30 días que les fue otorgado. “Establecimos un plazo de gracia de 30 días, habida cuenta de que esta es una Ley en la que tienes que tener un soporte, o sea, cada declaración que tú hagas sobre un bien, debe tener el titulo de ese bien; si es un vehículo, tienes que tener la matricula, y en vista de eso dimos ese plazo adicional”, explicó la presidenta de la CC.
Marte de Barrios habló a la prensa tras recibir departe de la Tesorería Nacional un total de 8,628 declaraciones juradas de bienes, en presencia de entidades de la sociedad civil, dando así cumplimiento al artículo 4 de la Ley 311-114, que asigna a la Cámara de Cuentas la custodia, control y fiscalización de estos expedientes patrimoniales.
Las declaraciones, cuya entrega encabezó el Tesorero Nacional, Alberto Perdomo, corresponden a funcionarios designados por el presidente Danilo Medina a partir del 16 de agosto de 2012 y a aquellos que continuaron en sus cargos. “863 corresponden a procuradores y fiscales, 22 a jefes militares y 62 a ex funcionarios” se informó.
“Dentro de este número de declaraciones al día de hoy, los funcionarios que permanecen en el cargo y fueron confirmados tienen que ratificar sus declaraciones, tienen que depositarlas de nuevo en la Cámara de Cuentas” debidamente actualizadas, añadió Perdomo.
Un instrumento “efectivo para enfrentar la corrupción”
Julio César de la Rosa, coordinador de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), reiteró que la Ley 311-14 –que crea el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio- dispone la destitución de los funcionarios que no rindan cuentas de sus bienes en el plazo estipulado. "Esto "va a poner de manifiesto la voluntad política del Poder Ejecutivo” y el Ministerio Público frente a la corrupción administrativa, dijo.
Destacó que la nueva legislación “no solo conlleva la destitución, sino sanciones de hasta 10 años por irregularidades en la presentación” de las declaraciones patrimoniales. “El presidente Medina debe destituir a todos aquellos (Funcionarios) que no presenten sus declaraciones”, insistió.
De la Rosa atribuyó a los requisitos y normas adicionales que establece la legislación el que muchos funcionarios hayan obviado presentar sus declaraciones juradas. “Además, con la inversión del fardo de la prueba, que establece el artículo 146 de la Constitución, todos los funcionarios que hagan una tendrán que demostrar el origen lícito de sus bienes, y es probable que a eso es que le teman los que no han cumplido" con la legislación.
“Por primera vez se tiene una herramienta efectiva para enfrentar la corrupción administrativa”, expresó De la Rosa, al resaltar que la ley incluye a los directores de Compras y Contrataciones Públicas de las instituciones.
De su lado, Sonia Díaz, coordinadora de Participación Ciudadana, exhortó al presidente Danilo Medina a promulgar el reglamento que se necesita para complementar y regular la aplicación de la Ley 311-14.
Según De la Rosa, la legislación puede empezar a ser implementada aun sin un reglamento, siempre que haya voluntad política departe del Gobierno. “Aquí hay más de cien leyes que están siendo aplicadas sin reglamento, la ley del Departamento Aeroportuario, por ejemplo, tiene más de 70 años” aplicándose, puntualizó el directivo de Adocco.
“Si eso no se aplica y no se reacciona frente a una situación como la que ha denunciado la Cámara de Cuentas, evidentemente estamos frente a un Estado que ha perdido toda su autoridad”, declaró al respecto el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños.
