Panamá, 8 jun (EFE).- El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) aseguró ser un perseguido político, tras la admisión por parte del Supremo de Justicia del país de una causa penal en su contra por haber incurrido en supuestas escuchas ilegales durante su administración.
"Soy un perseguido político y no seré el último", dijo el exmandatario en su cuenta de Twitter.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió la causa penal contra Martinelli, diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), por los presuntos delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, además de peculado, abuso de autoridad, asociación ilícita y atentar contra la seguridad informática.
El expresidente reclamó este lunes en la noche que en Panamá no se respete el articulado de la Constitución que regula los motivos por los cuales se puede atribuir responsabilidades a un mandatario.
"El que me acusen por escuchas cuando el artículo 191 de la constitución es claro. No hay ley", dijo escuetamente Martinelli en su cuenta de la red social mencionada.
El artículo 191 de la Carta Maga establece que los presidentes y vicepresidentes solo serán responsables por: extralimitación de funciones; actos de violencia o coacción contra los poderes electorales y legislativos; y por delitos contra la personalidad internacional del Estado o contra la Administración Pública.
Esta es la segunda investigación abierta al expresidente Martinelli por la CSJ.
En enero, la Corte inició una causa a Martinelli por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, por irregularidades en la contratación de una empresa para la compra de comida deshidratada para escuelas públicas.
El pleno extraordinario de magistrados fue convocado para analizar las querellas remitidas por la Fiscalía Auxiliar del Ministerio Público (MP) a la CSJ, instancia competente para juzgar a un exmandatario en Panamá.
Martinelli está fuera del país desde que salió de Panamá el 28 de enero pasado, horas antes de que la CSJ decidiera abrir una investigación contra él por supuestos delitos contra la administración pública.
Una fuente judicial explicó a Efe que lo que sigue ahora es el inicio de la investigación por parte del magistrado fiscal, que puede durar 2 meses, y en la que no se requiere que esté presente Martinelli, a menos, dijo, que se le imputen cargos en la audiencia respectiva o se le dictaminen medidas cautelares.
La audiencia se enmarca en el proceso seguido de oficio a cuatro exfuncionarios por la supuesta comisión del delito contra la libertad en la modalidad de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.
Dos de los investigados, los ex secretarios ejecutivos del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) en el Gobierno de Martinelli, Gustavo Pérez y Alejandro Garúz, permanecen detenidos de manera preventiva, y dos de ellos están en paradero desconocido.
En febrero pasado, el MP informó que para esa fecha recibió un total de 44 declaraciones juradas de personas víctimas de estas supuesta vulneración de sus derechos fundamentales en el caso de las escuchas ilegales.
Los pinchazos telefónicos fueron operados por personal del CSN con un equipo tecnológico de espionaje comprado a una empresa israelita, y que hoy día se encuentra desaparecido, reveló la fiscalía tras sus investigaciones. EFE