SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Marien Montero Beard de Olivo, Procuradora Adjunta del Procurador General de la República y Rectora del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público, reclamó a Acento su derecho a réplica por la mención de su nombre entre las personas favorecidas por el licenciado Jean Alain Rodríguez, quien se la llevó de la Consultoría Jurídica del Centro de Exportación e Inversión (CEI-RD), cuando él era su director, hacia la Procuraduría General de la República, donde fue designado por el presidente Danilo Medina en el 2016. Recientemente fue designada al frente de la Escuela Nacional del Ministerio Público.

En el reportaje publicado este jueves por Acento, una de las explicaciones ofrecidas por fiscales que mantienen en reserva sus nombres, es que la licenciada Marien Montero Beard fue designada al frente de una entidad sobre la que carece de experiencia. El párrafo, refiriéndose al testimonio de los fiscales denunciantes, dice lo siguiente:

Identifican a Marien Montero como una de las personas que irá a ocupar posiciones privilegiadas. Fue asistente de Jean Alain Rodríguez en el CEI-RD, y carece de experiencia y tan pronto ha sido designada como directora de la Escuela del Ministerio Público ha convocado un concurso externo para llenar 180 plazas.

Marien Montero Beard de Olivo, directora de la Escuela Nacional del Ministerio Público
Jean Alain Rodríguez atrajo consigo, al pasar del CEI-RD a la Procuraduría, a su consultora jurídica, quien ahora es Directora de la Escuela Nacional del Ministerio Público, sin haber pasado por esa escuela antes.

En su carta a este diario la funcionaria dice que remite 34 fotocopias , “a título de constancia de lo que ha sido mi trayectoria en el ámbito académico y de servicio público”. Entre esas certificaciones y títulos se encuentran los de Licenciada en Derecho y varias maestrías en universidades de España y Francia, pero en comercio exterior, en derecho constitucional, oratoria, francés jurídico, trabajo en equipo, comunicación eficaz, en inglés, derecho procesal constitucional, sobre el sistema brasileño de protección de niñas, niños y adolescentes, , derecho aeronáutico internacional, derechos humanos, el amparo constitucional, conocimiento del funcionamiento del sistema de justicia criminal chileno, controversias derivadas de contratos, , victimología y una certificación de Alejandro Moscoso Segarra, cuando era fiscal, dando constancia de que profesional realizó funciones de “paralegal” en la Fiscalía del Distrito Nacional, durante 2 años y un mes, desde 1998 al 2000.

No existe ninguna constancia, en las 34 que entregó que certifique que la magistrada egresó a la Escuela Nacional del Ministerio Público. La última certificación fue del 6 de octubre del 2016, del CEI-RD, diciendo que ella trabajó allí como consultora jurídica durante 3 años, 3 meses y 16 días, con un salario de 110 mil pesos.

Su designación como Procurador General Adjunta se produjo por decreto número 241-17, emitido por el presidente de la República, en fecha 14 de julio de 2017. Es decir, no hubo concurso para facilitar su entrada al Ministerio Público, sino una decisión desde arriba, del Palacio Nacional. La ley 133-11, Orgánica del Ministerio Pública, en su artículo 66 sobre los requisitos para ser director o directora de la Escuela del Ministerio Público que la persona a ser designada en la posición, además de licenciada en derecho y tener doce años de ejercicio profesional, explícitamente lo condiciona a que esa persona cuente "con experiencia docente". Y tampoco es el caso de la licenciada Marien Montero Beard, quien ha enviado certificaciones de experiencia como estudiante, no como maestra o profesora.

La distinguidas abogada, especializada en muchas áreas, carece de formación en el Ministerio Público. Los fiscales se forman en una escuela que ahora ella dirige, sin tener certificaciones de los conocimientos que la acreditan para tal posición. En su carta a este diario la señora Marien Montero Beard dice que lleva 21 años acumulados de servicio público, dirigiendo proyectos de Reforma y Modernización de la Justicia.

La abogada Montero Beard, hija de una magistrada miembro del Tribunal Constitucional, dice que tiene derecho a la réplica y a la rectificación, cuando se sienta lesionada por informaciones difundidas por algún medio. Acento le informa que no hay nada que rectificar sobre su falta de experiencia, porque los propios datos que ella suministra confirman que carece de experiencia para estar al frente de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Lo informaron varios fiscales, miembros del Ministerio Público, a este diario, y con los datos enviados por Montero Beard, ha quedado confirmado.

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