SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina Peña, expresó su apoyoa a un sistema de justicia oportuna, inclusiva, accesible y confiable, en cumplimiento con la Constitución y las leyes.
Al participar como orador invitado en evento virtual que organizó la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), Molina reiteró que la mora judicial continua siendo el principal problema que aqueja al sistema judicial.
Apuntó que entre junio de 2019 y diciembre de 2020 ingresaron 8,304 recursos y que en ese periodo la Suprema Corte de Justicia falló 11,637 casos, de acuerdo con datos de la Secretaría General del Poder Judicial. Agregó que en lo que va de año se resolvieron 1,369 casos de manera definitiva.
En su discurso, el presidente del Consejo del Poder Judicial manifestó que a raíz de la pandemia se aceleró la virtualidad y se integró el trabajo remoto a las gestiones internas, lo que ha permitido obtener mayor eficiencia operativa y ahorro de recursos.
Reconoció el trabajo de los jueces del país, de quienes dijo asumieron con responsabilidad la transformación y adaptación del sistema judicial.
Indicó que para este año se tiene previsto trabajar con el Reglamento jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia, la Política de privacidad sobre el tratamiento de datos personales en la publicación de resoluciones judiciales adoptadas por órganos jurisdiccionales, la actualización del Reglamento general sobre los mecanismos alternos de solución de conflictos, entre otros.
Respecto al sistema de registro inmobiliario, el presidente de la Suprema Corte de Justicia reveló que se han dado pasos en la profesionalización del personal y el lanzamiento de nuevos servicios, como el pago electrónico en línea de las radas, para facilitar la debida diligencia del trámite inmobiliario y la simplificación de requisitos.
El acto empezó con las palabras de William Malamud, vicepresidente ejecutivo de AMCHAMDR. La sesión de preguntas y respuestas estuvo moderada por las presidentas de los Comités Legal y TIC, María Esther Fernández de Pou, y María Waleska Álvarez, respectivamente.