SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Procuraduría General de la República tiene investigaciones abiertas contra cinco funcionarios y exfuncionarios, que ya fueron citados en la institución para arrojar luz sobre su declaración jurada de bienes, y deben volver para ampliar sus justificaciones, con papeles en la mano.
El regreso de los requeridos forma parte de la dinámica de trabajo que tiene abierta la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), informó el fiscal Wilson Camacho Peralta.
Los requeridos que, hasta el momento, tienen investigación abierta y han de ser citados son el asistente del expresidente Danilo Media, Robert de la Cruz, el diputado Radhamés Camacho, la exdiputada Lucía Medina, el senador Félix Bautista (citado para este jueves) y Wilson Paniagua, alcalde de Pedro Brand, quien ya ha ido dos veces, la segunda el pasado viernes. Desde la Procuraduría no se ha informado el requerimiento, otra vez, de Kimberly Taveras, ministra de la Juventud.
Esta es la primera vez, desde la creación de la Ley 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, aprobada en el 2014, que el Ministerio Público se detiene a investigar qué hay en estos documentos.
Aunque no había ocurrido antes, la Procuraduría tiene la potestad de iniciar “investigaciones preliminares con la información o identificación de incrementos patrimoniales por parte de cualquier funcionario público”, según establece esta Ley 311-14, en su artículo 13.
Se estima en más de 3,000 los funcionarios que deben presentar declaraciones juradas, entre presidente y vicepresidente, ministros, directores, embajadores, cónsules, cargos electivos, administradores, gobernadores y otros tantos funcionarios que manejan fondos del Estado.
De todo lo que se podría analizar, el Pleno de la Cámara de Cuentas aprobó este mes verificar, inspeccionar y analizar (apenas) 50 declaraciones juradas de bienes, de funcionarios salientes y entrantes, que serían elegidos de forma aleatoria, para identificar movimientos no justificado en estos documentos.
Esta legislación tiene antecedentes en la Ley No. 82 del año 1979, la cual obligaba a los funcionarios a hacer un inventario detallado sobre su patrimonio. La vigente fue fortalecida y aprobada en el primer mandato de Danilo Medina. Ya con seis años de vigencia, no tiene todavía precedentes del tipo penal, nunca antes se ha dado inicio a un proceso judicial en contra de un funcionario por indicios de origen ilícito en sus bienes, que fueran detectados dentro del documento.
La Cámara de Cuentas es el órgano que recibe estos documentos y tiene la obligación de notificar, como en efecto lo confirman las comunicaciones, a la Procuraduría la lista de funcionarios que no hayan cumplido con la obligación de depositar su inventario de bienes, en el tiempo establecido. Fuera de esto, nada más había ocurrido.