SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Tú me dice y yo te digo, fue el lugar común protagonizado este martes por los representantes del Ministerio Público y las barras de las defensas de los siete implicados acusados de recibir US$92 millones pagados como sobornos por la empresa constructora Norberto Odebrecht.
Durante la audiencia preliminar que tenía previsto presentar la conclusión de la acusación formal y solicitud de acreditación de pruebas contra los acusados, el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia de Justicia (SCJ) Francisco Ortega Polanco, en varias ocasiones declaró “bueno y válido” los recursos expuestos por los defensores, aunque también declaró inadmisible los pedimentos.
La agenda a cargo del Ministerio Público no pudo ser concluida, debido a que cada prueba presentada por los fiscales era interrumpida con acotaciones expuestas por las barras de defensa y los mismos imputados.
Luego de presidir por cinco días consecutivos la audiencia preliminar que se conoce por el caso Odebrecht, el magistrado Ortega Polanco dispuso recesar la continuidad del juicio para el próximo jueves, debido a que la sala de audiencias en donde se ventila el proceso será utilizada por otro equipo jurídico.
“Los abogados de los imputados no pueden intervenir para hacer señalamientos por cada prueba presentada, esto es contrario a lo que se debe hacer en una audiencia preliminar”
Como si restara importancia a los recursos de oposición oral expuestos por las barra de las defensas de los imputados el fiscal por la jurisdicción de Santo Domingo Este y litigante en el proceso manifestó que los “pronunciamientos de un imputado no les generarán mayor incomodidad”.
“El imputado es el único actor del proceso que está autorizado a mentir y tergiversar todo lo que está en su contra”, así se expresó Milcíades Guzmán respecto a las constantes acusaciones planteadas por los abogados de los siete implicados.
Guzmán insistió que, pese a las argumentaciones de los defensores, las traducciones adquiridas mediante delación premiadas, además de documentos aportados por Brasil a los fines de desentramar la supuesta red integrada por los exfuncionarios, un abogado y un empresario que se dedicaban a favorecer a la empresa constructora Odebrecht con importantes obras estatales a cambio de sobornos, están certificados y presentados acorde a ley.
Los abogados que representan a los imputados acusan al Ministerio Público de alterar las declaraciones aportadas al proceso y que los documentos entregados por Marcos Vasconcelos Cruz, exgerente de Odebrecht en Brasil, están "alterados".
Por su lado, el fiscal Guzmán entiende que la audiencia preliminar de un proceso es para discutir la legalidad de las pruebas, no la culpabilidad o inocencia de los acusados, como lo han querido debatir en esta fase los abogados defensores.
“Los abogados de los imputados no pueden intervenir para hacer señalamientos por cada prueba presentada, esto es contrario a lo que se debe hacer en una audiencia preliminar”, sostuvo.
También precisó que la petición de los abogados de integrar al proceso tres peritos con experiencia en traducción del idioma portugués al castellano para certificar la legitimidad de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, es un planteamiento que podría ser utilizado en su momento, aunque entiende que ellos “lo que tienen que hacer es defenderse de los que dicen las pruebas”.
Entré las pruebas expuestas por el Ministerio Publico, figuran acto de admisión de culpabilidad, acuerdo de nulidad con Brasil, declaraciones colaboradores del expresidente de Odebrecht Marcos Vasconcelos Cruz, comunicación de Odebrecht dirigida al Procurador, entre otras.
Uno de los abogados de Ángel Rondón, en forma vehemente, reclamó al tribunal: "¿Dónde están, dónde están esos peritos? ¡El principio contradictorio de defensa no puede ser crucificado en los altares de los tribunales del país!"
El magistrado Ortega Polanco dispuso que los intérpretes judiciales Janet Tineo Céspedes, Estephen Curry Quezada y Gregorio Fernández García, quienes lo auxiliarán en la fase preliminar estén presentes en la audiencia.
Los imputados en el proceso son el empresario Ángel Rondón, el exsenador Jesús Vásquez (Chu), el expresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista; el senador Tommy Galán; el abogado Conrado Pittaluga, el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Víctor Díaz Rúa; y Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).