SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Este 25 de mayo se cumplirá un año y un mes de que la Procuraduría General de la República solicitara a la Cámara de Cuentas una auditoría forense de las obras construidas por la empresa Odebrecht en la República Dominicana, incluyendo la planta Punta Catalina, para determinar si hubo sobrevaluación.
La solicitud tiene el número 01433 de la Procuraduría General de la República, y pide que la Cámara de Cuentas realice auditorías “forenses técnico-financieras a todas las obras públicas construidas y en proceso de construcción en el país por dicha empresa durante el período comprendido entre el 7 de marzo del 2002 y el 14 de abril del 2014”.
La solicitud indica que correspondiente al Instituto Nacional de Alcantarillado y Agua Potable (INAPA), hay tres obras: Acueducto de la Línea Noroeste, Ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste y Acueducto de Samaná.
También incluye la Hidroeléctrica de Pinalito, la Termoeléctrica de Punta Catalina, la Hidroeléctrica de Palomino y las obras siguientes, ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas: Carretera de Casabito, Corredor Duarte, Autopista del Coral, Circunvalación de La Romana, Carretera del Río, de Jarabacoa, Carretera Cibao-Sur, por Rancho Arriba, Carretera de Bávaro, Miches, Sabana de la Mar, Corredor Duarte II, Ecovías de Santiago, Bulevar Turístico del Este y Circunvalación de San Pedro de Macorís-La Romana.
Expresa el Procurador en su solicitud que las auditorías deberán incluir el mecanismo de selección y adjudicación de las obras, los niveles de ejecución y los pagos efectuados por la entidad en cada una de ellas, así como los avances y cubicaciones presentadas por los contratistas. También las auditorías deberán indicar su las obras fueron ejecutadas de acuerdo al diseño y en el tiempo planificado y con el rigor y la calidad exigidas.
“Como aspecto principal de las auditorías soliciutadas, se deberá incluir un informe técnico-forense que indique si las obras enumeradas en esta misiva fueron sobrevaluadas, bajo qué condiciones y las diferentes partes que participaron en la sobrevaluación”, dice la carta del Procurador Jean Alain Rodríguez.
Le solicita a la Cámara de Cuentas que detalle cada partida sobrevaluada y la compañe con comparativos, con precios y ofertas de mercado reales y específicas que evidencien la sobrevaluación, por parte de suplidores en iguales condiciones para el mismo producto y servicio.
La Cámara de Cuentas audita y compara los presupuestos con las ejecuciones, y determina incumplimientos de los normas contables, pero no realiza investigaciones como las que solicita el Procurador General de la República, que tienen que ver con asuntos técnicos especializados que escapan a las labores de contadores-auditores.
Sin embargo, Hugo Francisco Alvarez Pérez, presidente de la Cámara de Cuentas, indicó que para el 9 de junio del 2018 estarán listas las auditorías realizadas a las obras construidas por Odebrecht. En caso de que sea cierto, si las auditorías se entregan el 9 de junio, la Procuraduría no podrá utilizarlas en las acusaciones formales que presente ese día, sobre el caso Odebrecht, debido a que esa fecha es límite a la otorgada por el juez Francisco Ortega Polanco, de la Suprema Corte de Justicia.
¿Conocen los fiscales los resultados de las auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas a las obras construidas por Odebrecht? No las conocen y por tanto no han podido utilizarlas en la formulación de cargos contra las 14 personas que se conocen como imputadas.
Lo dicho esta semana por el presidente de la Cámara de Cuentas es lo siguiente:
“Esperamos que estén listas antes del 9 de junio; pero todo va a depender de muchas circunstancias: como las lluvias. Estos son trabajos de campo que incluyen medición de las carreteras, medición de las rasantes. Las auditorías no solo son papeles”.
En caso de que la Cámara de Cuentas concluya las auditorías y cumpla con la solicitud del Procurador General de la República, el caso estaría completamente resuelto, porque los auditores serían los que demostrarían que hubo dolo, sobrevaluaciones, alteraciones, como para condenar a los imputados. ¿Y si los auditores no encuentran nada más allá de la observación del cumplimiento de las normas contables? Se habrá caído la acusación del Ministerio Público a los imputados. Esos son algunos de los riesgos que corre el caso Odebrecht, si el Ministerio Público no ha podido hacer sus propias indagatorias para probar los sobornos y las sobrevaluaciones.
La duda es más que razonable en este caso: ¿Si los fiscales no conocen las conclusiones de las auditorías de la Cámara de Cuentas cómo podrán acusar a los imputados en lo que entreguen a la Suprema Corte de Justicia el 9 de junio de este año?