Santo Domingo, 25 abr (EFE).- Los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), la principal organización opositora de la República Dominicana, solicitaron este jueves la destitución del procurador general, Jean Alain Rodríguez, tras insistir en que intervino los teléfonos de algunos de sus dirigentes.
Según el PRM, el Ministerio Público intervino los teléfonos de dirigentes de ese partido en el marco de las pesquisas por el caso de los sobornos de Odebrecht en el país a pesar de que éstos no figuraban como investigados en este asunto.
Entre los afectados figuran Eduardo Sanz Lovatón, secretario de finanzas del partido opositor, y el diputado Emmanuel Bautista, hijo del expresidente del Senado Andrés Bautista, uno de los siete imputados en la República Dominicana por el caso Odebrecht.
A través de un comunicado leído en rueda de prensa, el bloque de diputados del PRM, que ha solicitado varias veces la interpelación de Rodríguez, pidió su destitución y posterior sometimiento a la Justicia "por transgredir la Constitución y las leyes".
Asimismo, acusaron al procurador de "espiar e inmiscuirse en los demás poderes del Estado", de "violar la intimidad de los ciudadanos" y de "actuar de espalda a sus obligaciones constitucionales de garantizar los derechos fundamentales de todos".
"Espiar a dirigentes del principal partido de oposición evidencia la naturaleza intolerante del Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana para acceder a informaciones de la oposición como si viviéramos en un estado policial y totalitario", agregaron los legisladores en el comunicado leído por la diputada Faride Rafúl.
La Procuraduría General aseguró el miércoles que todas las interceptaciones telefónicas que realiza "están sujetas al estricto apego a la ley", autorizadas por los jueces competentes, y recordó que representan un valioso medio de prueba habitual en su misión de persecución del delito.
Asimismo, manifestó en un comunicado que durante la investigación del caso Odebrecht se realizaron decenas de solicitudes de órdenes judiciales de interceptación de números telefónicos de diversas personas vinculadas a los imputados, y que en este proceso fueron investigadas decenas de personas. EFE