SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Representantes de las miles de familias de Los Guandules y La Ciénaga, del empobrecido sector de Domingo Savio que da hacia el río Ozama, anunciaron que este martes 13 efectuarán un paro con la esperanza de que los responsables del proyecto Nuevo Domingo Savio esta vez sí los tomen en cuenta para salir en busca de una solución integral al traslado de las familias de esa extensión vulnerable.
“Estamos a favor del proyecto Nuevo Domingo Savio, pero no en la forma como se está ejecutando; la instancia del gobierno que lo ejecuta (la Unidad Ejecutora para la Readecuación de la Barquita y Entornos, URBE) debe llegar a un acuerdo con las organizaciones barriales y todos juntos encontrar la solución integral y no una parcial ni injusta”, declararon los dirigentes Susana Consuegra y Reynaldo Brioso, que visitaron www.acento.com para anunciar el paro.
Este consistirá en la paralización de todas las actividades de la zona, pero para que los vecinos acudan a la plaza donde URBE tiene unas oficinas y para que los funcioonarios "nos escuchen y se sienten a conversar con nosotros”, subrayaron Consuegra y Brioso.
La Ciénaga y Los Guandules ocupan una extensión de poco más de 100 mil hectáreas entre los puentes Francisco del Rosario Sánchez y Juan Bosch que se levantan sobre el río Ozama, asentamientos que en medio siglo han crecido sin planificación y, por lo mismo sin alcantarillado ni red de agua potable, donde la muerte acecha siempre y más en épocas de lluvias y huracanes.
Ambos jóvenes dirigentes comunitarios denunciaron que en dos ocasiones han estado a punto de un acercamiento con los responsables de la URBE para dialogar, pero que sin explicaciones estos funcionarios abortaron el inicio del diálogo antes de que comenzaran, según aseguraron.
"Hay que dialogar sobre los desalojos de viviendas que luego han sido destruidas, y de todos los otros asuntos que nos afectan; se debe garantizar que se dignifique la vida de quienes han salido y de quiénes deben salir”, manifestaron al reiterar que los funcionarios de la URBE deben escucharlos.
Los acusan de mantener una «estrategia para desmovilizar la comunidad y mermar la lucha por la garantía constitucional del derecho a la vivienda».
Los de URBE han optado por tratar directamente con cada dueño u ocupante en condición de alquiler, aunque también "en otras ocasiones han procedido a los desalojos y ya, incluso con violencia", aseguraron.
Muchos de estas personas contactadas por los funcionarios de la URBE ceden “a sus chantajes” y, en definitiva, terminan siendo “expulsadas, familias enteras condenados a seguir o a sumirse en mayores condiciones de pobreza”, subrayó Susana Consuegra, del Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA), que dijo no entender por qué se huye de buscar un acuerdo de consenso.
“Este martes 13 esperamos noticias de URBE para que la reubicación de las familias, su salida de una zona de riesgo a otra, no signifique ir a residir en lugares con las mismas condiciones o peores, condenando a las familias desalojadas a la misma o a más miseria”, reiteró.
Brioso remarcó a su vez que espera que todos quienes mañana estén en los barrios se unan al paro y a los debates, "al diálogo coon la URBE", incluidos “los motoconchistas y los comerciantes”.
Los desalojos de la zona comenzaron en septiembre del año pasado y desde entonces han salido unas 800 familias cuyas viviendas fueron luego derrumbadas, a cambio de recibir montos variables de dinero que, a la postre, subrayó Brioso, “mueven la miseria de un lado a otro sin combatirla de verdad”.