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"Lo más correcto es que el TC deje sin efecto la sentencia" (Guadalupe Valdez)

Por Carolina Batista/Acento.com.do


SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La diputada nacional, Guadalupe Valdez,  reiteró ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que la sentencia del Tribunal Constitucional es violatoria de la Constitución y de los tratados internacionales que ha subscrito la República Dominicana, y que además atenta contra los Derechos Humanos de las personas que se ven afectadas por esa decisión.

La legisladora se pronunció en el marco de una reunión entre los miembros de la CIDH  y los legisladores.

Intervención íntegra de Guadalupe Valdez en reunión de la CIDH con la Cámara de Diputados

Quisiera hacer un recuento de lo que ha sido en el Congreso de la República la preocupación que hemos tenido legisladores por la situación que están viviendo miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana.

El año pasado, el día 12 de Octubre, día que se celebra el día de los excluidos, recibimos en el Congreso a organizaciones, entre ellas  Reconocido el Centro Bonó, que nos señalaron la difícil situación por la que estaban atravesando. En ese momento, varias comisiones que se encuentran aquí, la de Derechos Humanos, la de Desarrollo Humano, los recibimos y expresamos nuestra preocupación y nuestro interés por buscar una salida a la situación que denunciaban.

Posteriormente nos solicitaron una reunión para presentarnos el resultado de un estudio que se llama “Vidas Suspendidas” y que recoge cual es la situación por la que atraviesan los dominicanos y dominicanas descendientes de haitianos por la negación o el retiro de sus documentos, lo que les impide estudiar, trabajar, acceso a crédito, es decir, incorporarse de manera regular y útil a la sociedad dominicana.

En esa reunión participamos cerca de 40 legisladores y tratamos de ver cuál sería la salida para encontrar una solución a la situación que estaban atravesando.

En marzo del presente año, un conjunto de unos 30 legisladores, introdujeron una resolución para solicitar a la Junta Central Electoral que dejara sin efecto la Resolución 12-07 que era la causa de todos estos problemas. Más adelante, la comisión de Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados invitó al presidente y a los jueces de la JCE para que explicaran el porqué estaban aplicando esta Resolución que negaba los documentos a los dominicanos de ascendencia haitiana.

En esas reuniones con los miembros de la JCE se abordó la necesidad de encontrar una salida legal a la situación y en aquel momento vimos que era un problema el tema del plazo que llevaba todo el tema de la investigación, por lo que se vio como una posibilidad que la JCE entregara los documentos como lo establece la Ley y que después se hiciera la investigación.

Posteriormente realizamos un desayuno con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde participamos alrededor de 20 legisladores preocupados por este tema. Y ya después ocurrió lo de la sentencia del Tribunal Constitucional, y quiero señalar cuál es mi posición con respecto a la misma.

Hemos dicho en varias ocasiones que la sentencia del Tribunal Constitucional es violatoria de la Constitución y de los tratados internacionales que ha subscrito la República Dominicana, y que además atenta contra los Derechos Humanos de las personas que se ven afectadas por la sentencia.

Defendemos la institucionalidad y, en ese sentido, la calidad del Tribunal Constitucional, pero entendemos que la causa sobre la que debía de fallar fue derivada hacia aspectos que sobrepasaron el caso en cuestión y que rozan temas de migración que son competencia del Congreso Nacional, tal y como lo establece la Constitución. Creemos que esto es lo ha creado una gran confusión en el país entre nacionalidad y migración, que son dos conceptos que tienen que ser abordados de manera distinta.

Apreciamos la postura del gobierno en invitar a organismos internacionales en procura de encontrar una solución lo más justa posible, desde la perspectiva de que es un tema humano y requiere un enfoque de derechos, pero no estamos de acuerdo en que la misma se base en desconocer derechos adquiridos que afectan a decenas de miles de personas.

La medida más correcta es que el Tribunal Constitucional deje sin efecto la sentencia. Esto pudiera realizarse con base a un acuerdo entre las diferentes instituciones y sectores del país.

Respaldamos los planes de regularización de extranjeros ilegales que se sustenten en el respeto a los derechos humanos y convenios internacionales de los que somos signatarios. Es una potestad del Estado que nadie puede poner en duda, pero diferenciamos la regularización, con la situación de los dominicanos de ascendencia haitiana afectados por la sentencia.

Otro de los aspectos que nos preocupa es el clima social que ha generado la sentencia. Estamos ante una familia dominicana dividida, con posiciones distintas y esta división conlleva rasgos muy peligrosos, por cuanto se mezclan conceptos nacionalistas con posiciones de racismo y xenofobia, dividiendo el país entre patriotas y antipatriotas, amenazando al que no piensa igual, amenazando a la libertad de opinión y de pensamiento.

En mi caso debo señalar que por haber estado acompañando a las organizaciones sociales que luchan por sus derechos se me ha acusado de traidora a la patria tal y como pueden ver en este documento y considero que eso no se corresponde con generar un clima en que prime el debate de las ideas.

Igualmente se me acusó de una acción que no realicé, como fue una protesta al Presidente de la República  y que derivó a que el Comité de Disciplina de la Cámara de Diputados me llamará pidiendo explicaciones, donde volví a negar cualquier participación en la protesta, mas sin embargo, siguen acusándome de la acción, como se ve en este documento. Ante esta acusación, he hecho público a través de una nota  enviada a los medios de comunicación, al Comité de Disciplina y que también leí en el pleno de la Cámara de Diputados que ni organicé, ni participe en la protesta, pero que mantengo una posición decidida y firme con respecto a la sentencia, así como a la necesidad de encontrar una solución que garantice los derechos de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana.

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