SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La guerra política del Partido de la Liberación Dominicana amenaza con liquidar los últimos vestigios de la primera ola de la reforma judicial que se inició con la elección de la Suprema Corte de Justicia en 1997: La Oficina Nacional de la Defensa Pública, hasta este momento dirigida con integridad, independencia y pulcritud por la licenciada Laura Hernández.
Leonel Fernández, presidente del PLD, puso siempre atención a las posiciones en el sector judicial y alcanzó las más altas posiciones siempre. Algunas las conserva, pero teme que el actual proceso de selección y evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura, le deje sin control de muchas plazas, incluyendo la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y la mayoría de las posiciones en ese organismo.
Radhamés Jiménez al mando
Desde muy temprano el grupo de Leonel Fernández, que en los asuntos de justicia es dirigido por Radhamés Jiménez, procura el control de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, que tiene un consejo que preside Mariano Germán, y que integran entidades de la sociedad civil, incluyendo al Colegio de Abogados, y a FINJUS, así como una representación de la UASD.
¿Qué han visto de interés en la Oficina Nacional de la Defensa Pública? Una entidad profesionalizada y protegida por la ley 277-04, garantizaría por lo menos 600 posiciones laborales en todo el país, y un presupuesto estimado en más de 500 millones de pesos.
Acento recibió documentos y testimonios sobre la trama que se ha urdido para atrapar la Oficina Nacional de la Defensa Pública. La dirección de la trama la tiene Radhamés Jiménez, pero sirve a ella el presidente de la Suprema, Mariano Germán, quien es presidente del Consejo Nacional de Defensa Pública, que es el organismo de decisión, al que rinde cuenta la directora de la Defensa Pública.
Le quitó importancia al vencimiento del plazo de la directora Laura Hernández, y rechazó convocar a concurso como corresponde, en cumplimiento de la ley cuando se cumplieron los seis años. La directora insistió verbalmente y por escrito solicitando la convocatoria del concurso, pero el presidente del Consejo de la Defensa Pública desoyó toda recomendación para cumplir la ley.
Diatriba contra Laura Hernández
Hasta que el presidente del Colegio de Abogados, miembro del Consejo de Defensa Pública, Miguel Surún, inexplicablemente, sometió a la justicia por prevaricación a la directora, y a varias de las personas que llevaban la conducción de la entidad, incluyendo a subdirectoras y consultora jurídica. La acusación era que en la designación de Laura Hernández había ocurrido con irregularidades.
Eduardo Sánchez Ortiz, quien preside la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, aparece en el escenario como la persona que tomaría la decisión sobre quién presidiría la Oficina Nacional de la Defensa Pública, pero a condición de sumisión política al ex presidente Fernández y a Radhamés Jiménez.
La directora Laura Hernández dice que no le interesa quedarse, pero que tampoco acepta que una posición tan seria y con tantos requisitos se ofrezca como si estuviera en venta, y no se tomaran en cuenta los méritos que requiere el cargo.
En la trama comienzan a citarse los nombres de los potenciales directores, entre los que se incluyen abogados reconocidos, como Rodolfo Valentín, amigo de Eduardo Sánchez, o Carmen Natividad Meléndez Céspedes, muy amiga de Eduardo Sánchez, o Maritza Ramirez, quien se inició como abogada de oficio y en la actualidad es subdirectora de la Oficina de la Defensa Pública, o Jacinto Castillo, , subdirector de la Escuela Nacional de la Judicatura.
CNM y la prisa de Mariano Germán
Frank Soto, miembro de la Suprema Corte de Justicia y miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, participa del esquema de control, en aparente coordinación con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. El gobierno, sin embargo, no se entera -o aparenta no enterarse- de cuanto están fraguando las fuerzas de Radhamés Jiménez en el área judicial.
La prisa para designar una nueva dirección de la Dirección Nacional de la Defensa Pública está relacionada con la salida de Mariano Germán de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Mientras más rápido se designe al sustituto o la sustituta de Laura Hernández, más cómodo para Leonel Fernández y Radhamés Jiménez.
El control político del Ministerio Público ya ocurrió, fue claro, público, sin mayores consecuencias y lo que ha ocurrido posteriormente ha dejado en calma a todo el mundo. En apariencia. Para los delincuentes, e incluso para los narcotraficantes que aspiran a tener personal en los ámbitos de la justicia, el Ministerio Público por sí solo carece de relevancia, si no se le combina con la Defensa Pública. La presencia de la Defensa Pública en los casos es la garantía -o eso se infiere- de que no hay dinero, y eso facilitaría las cosas para los carteles internacionales que se han interesado en la República Dominicana.
La Defensa Pública y sus normas
Para ser director o directora de la Oficina Nacional de la Defensa Pública se requiere realizar un concurso público de méritos y un examen de oposición. El artículo 88, numeral 3 de la ley 277-04, indica que el directora o la directora será nombrado o removido por el Consejo Nacional de la Defensa Pública, “por resolución motivada. Este mecanismo será aplicado igualmente a todas las designaciones que, de acuerdo a la presente ley, sean atribución de la Suprema Corte de Justicia”.
El reglamento No. 3, del 2015, sobre la carrera de la Defensa Pública, establece que el Consejo organizará el procedimiento para la elección del Director Nacional y aprobará las bases para el concurso de quienes aspiren a la plaza”. Dice también que para la elección o reelección del director podrán ser parte del Consejo los representantes de los defensores públicos, coordinadores departamentales, sin perjuicio de la inhibición o recusación que pudieran ser objeto. La insistencia de Miguel Surún, miembro del Consejo por ser presidente del Colegio de Abogados, contra Laura Hernández, lo que busca e inhabilitarla.
El 6 de julio de este año, en la reunión número 3 del Consejo Nacional de la Defensa Público, fue designada una comisión para proponer a ese mismo consejo el procedimiento que se seguirá para la convocatoria a concurso del directora de la Defensa Público, de acuerdo con los artículos 20 y 88 de la Ley 277-04. Esa comisión la preside Servio Tulio Castaños Guzmán, en representación de FINJUS, y la integran Freddy Castro, de la UASD, y Elizabeth Paredes, representante de los defensores públicos ante el Consejo. “La propuesta fue sometida por el presidente del CNDP, Mariano Germán Mejía, quien dijo haber recibido carta de la directora Laura Hernández Román, solicitando se convoque a concurso”.
Sin embargo, el ausencia de la directora, Laura Hernández, Mariano Germán ordenó convocar una reunión, sin informar los puntos de agenda y sin que mediara un fin de semana, como regularmente se hace, respetando el tiempo de los demás miembros. Allí llevó por escrito una resolución convocando a un concurso para escoger el director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública.
La representación de FINJUS le recordó a Mariano Germán que ellos eran los coordinadores de una comisión designada previamente, para establecer las bases del concurso. ¿Y qué hacemos ahora? preguntó FINJUS. Mariano Germán dijo, “Ahhh, lo siento, no me acuerdo de eso, será en otro momento que lo tomaremos en cuenta”.
La furia de Mariano Germán
En el acta 4 del Consejo Mariano Germán dejó establecida la convocatoria del concurso para sustituir a la directora de la Oficina Nacional de la Defensa Pública. Y ordenó que al día siguiente se publicara la convocatoria en los diarios impresos del país. Pero le dijeron que no era posible, porque había que solicitar los fondos, abrir un expediente y que publicar el comunicado implicaba un mes, por lo menos.
Mariano Germán explotó. Llamó por teléfono a Laura Hernández, pidió que se hiciera la publicación lo más rápido posible. La Oficina Nacional de la Defensa Pública no administra cuentas, y depende de la Cuenta Única del Tesoro, como organismo descentralizado, y que ella no incumpliría la ley por nada del mundo. La explosión de ira, con insultos incluidos, fue mayor todavía, con las respectivas respuestas de la directora al presidente de la Suprema Corte de Justicia. “Magistrado para yo respetarlo a usted, usted tiene que comenzar por respetarme a mí”, le habría dicho la joven abogada a su antiguo profesor de derecho civil.
Pero Mariano Germán tenía prisa y publicó la convocatoria a concurso, sorpresivamente, el 31 de septiembre en las redes sociales del Poder Judicial. Solo en las redes sociales. No la publicó en la página web oficial de la SCJ ni de la Oficina de la Defensa Pública ni en la página del Poder Judicial. Finalmente, el pasado lunes 8 de octubre, la convocatoria salió publicada en la página de la Defensa Pública, sin bases, negando así el reglamento de la carrera de la Defensa Pública.
FINJUS vs el Colegio de Abogados
La historia no deja de lado las infamias. En la reunión del 6 de julio del 2018 a solicitud de FINJUS, se aprobó en el Consejo Nacional de la Defensa Pública la resolución siguiente:
“Se aprobó emitir una declaración pública en apoyo al gran trabajo realizado durante la gestión de la Directora Nacional de la Defensa Pública, doctora Laura Hernández Román y sobre las alegaciones del presidente del Colegio de Abogados, licenciado Miguel Surún sobre supuesta ilegalidad en la designación de dicha funcionaria. Todo esto de conformidad con las propuestas presentadas ante el CNDP por el licenciado Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de FINJUS y el licenciado Guillermo Camilo, representante de los coordinadores ante el CNDP”.
Sin embargo, transcurrido varios meses sin que se cumpliera esa resolución, Mariano Germán, no la hace pública y la guarda con extremo cuidado en su despacho. Como presidente del Consejo él dijo que la revisaría. No lo ha hecho aún.
Curiosidades en las actas del CNDP
En la reunión del 28 de mayo del 2018, del Consejo Nacional de la Defensa Pública, Miguel Surún como presidente del Colegio de Abogados rechazó la reelección de FINJUS como miembro de esa entidad, lo que no consiguió.
Servio Tulio Castaños, en representación de FINJUS, propuso en esa misma reunión hacer público el apoyo del Consejo a la directora Laura Hernández. Lo cual fue aprobado, pero jamás cumplido.
De acuerdo con el acta 002/2018, la directora Laura Hernández hizo una recusación in voce contra Miguel Surún, presidente del Colegio de Abogados, debido a que no es posible que siguiera formando parte del Consejo una persona “que se ha dedicado a difamar el buen nombre de la institución y sus funcionarios, y por tanto solicitó que toda propuesta que provenga de dicho licenciado no se tomada en cuenta hasta que el Consejo decida sobre la solicitud de recusación”. Miguel Surún no firmó esa acta.
La recusación fue conocida el 14 de septiembre y se acogió para los casos en que específicamente este vinculada la directora nacional de la Defensa Pública, y que el Colegio de Abogados envíe a otro representante para los casos a que se contrae la aceptación de la recusación.
En esa misma reunión se lanzó el concurso para designar una nueva directora o director, y allí se presentó y aprobó un documento de apoyo a Laura Hernández, que jamás ha sido dado a conocer.
Riesgos en el horizonte
El CNM avanza en su proceso de selección de los aspirantes cuatro posiciones en el Tribunal Constitucional y en la evaluación de 12 de los magistrados miembros de la SCJç En ambos organismos el doctor Leonel Fernández sentó sus reales y tomó decisiones que aún le siguen favoreciendo.
La Oficina Nacional de la Defensa Pública ha logrado importantes avances en la instauración de un servicio de Defensa Pública con estándares de calidad, oportuno y eficaz, accesible a quienes lo necesitan, y con criterios éticos, además de un manejo transparente de los recursos económicos. Lo que está en juego es la supervivencia de este organismo, que ha sido ajeno de los asuntos políticos, y que por su aparente poca importancia no estaba en los objetivos políticos de los peledeístas, pero que ahora, cuando se vaticinan cambios por las decisiones que vienen del CNM, cobra relevancia. Y el temor es que la Defensa Pública se vaya a pique, y que nadie la reclame como un organismo importante. Y lo peor, que la Defensa Pública se ponga al servicio del narcotráfico y delincuentes de la misma ralea.