SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La igualdad entre mujeres y hombres no es sólo una condición a la que aspiran las sociedades democráticas, es una lucha por la justicia que ha logrado transformaciones en los aspectos económicos, políticos y sociales muy relevantes, según la doctora Rosalía Sosa Pérez, directora ejecutiva de Participación Ciudadana.
En el Día Internacional de la Mujer, Sosa Pérez emitió una declaración escrita bajo el título “La Igualdad de las Desiguales”.
La directora ejecutiva de Participación Ciudadana explica que en aquellos países donde existen niveles de igualdad de género, se conjugan la prosperidad y la equidad económica.
A su vez, dice que los objetivos de desarrollo del milenio fijan una intensa agenda para superar la pobreza con una visión compartida de un mundo mejor. “No alcanzaremos estos objetivos sin el progreso por la igualdad de género”.
A continuación escrito de la doctora Rosalía Sosa Pérez:
La igualdad de las desigualdades
La igualdad entre mujeres y hombres no es sólo una condición a la que aspiran las sociedades democráticas, es una lucha por la justicia que ha logrado transformaciones en los aspectos económicos, políticos y sociales muy relevantes. En aquellos países donde existen niveles de igualdad de género, se conjugan la prosperidad y la equidad económica. Los objetivos de desarrollo del milenio fijan una intensa agenda para superar la pobreza con una visión compartida de un mundo mejor. No alcanzaremos estos objetivos sin el progreso por la igualdad de género.
América Latina y el Caribe constituyen uno de los continentes más desiguales del mundo, donde las condiciones de pobreza tiene un marcado rostro de mujer. Es una tradición del Estado dominicano no incluir el enfoque de género en las políticas públicas y no se cuenta con una ley de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres; además, no se reconocen en los procesos de reforma temáticas de género, ni en los planes, proyectos y programas gubernamentales, ni en los procesos de planificación y programación estatales.
No podemos obviar una aparente intencionalidad con las iniciativas gubernamentales, tales como el Despacho de la Primera Dama, Vice-Presidencia de la República, el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer para impulsar políticas sectoriales y programas focalizadas a impulsar la participación de las mujeres y la equidad de género. Lo lamentable que todos estas iniciativas constituyen esfuerzos aislados y no corresponden a un sistema integral de protección a la mujer, o en otras palabras a políticas públicas por la equidad de género. Estas iniciativas dependen del titular de la posición, ya que el tema de género se ha abordado muy poco en las entidades que trabajan en políticas públicas permeados además con prejuicios en torno a lo masculino y a lo femenino, donde los responsables de la toma de decisiones fundamentan “de que es innecesario la diferenciación en el impacto que las políticas tienen en hombres y mujeres, argumentando la neutralidad de las mismas”.
La Igualdad Genérica. En la República Dominicana existe una incomprensión de la dimensión del término género lo que dificulta el debate público y el desarrollo de políticas claras. La interpretación del término “género” es entendido como sinónimo de “mujer”, interpretación errónea, ya que este concepto incluye al ser humano: hombre y mujer. A partir de estas dos diferencias sexuales, se ha fomentado una construcción práctica de desigualdad social donde las mujeres están ubicadas en una situación desventajosa.
La igualdad, dentro de una democracia con fundamentos de género, es uno de los valores fundamentales en que descansa todo Estado social y democrático de derecho. El principio de igualdad se construye a partir de la convicción de que los individuos y grupos sociales no se encuentran en un plano de igualdad, por lo que ésta deja de ser el punto inicial de partida del ordenamiento jurídico para transformarse en el punto de llegada de aquel, y es uno de los compromisos a los que debe ser coherente una política de género por parte del Estado.
La situación de inferioridad en que se ha colocado a la mujer se concretiza en la dificultad o imposiblidad de que sea considerada en la misma igualdad de oportunidades que el hombre para acceder a un cargo público importante. La exclusión es el resultado objetivo de esa situación de inferioridad que día a día se confirma, se reproduce y se consolida. La exclusión de las mujeres a los cargos públicos importantes es un ejemplo flagrante de discriminación. Sin embargo, no existen normas que limiten el derecho de ningún varón a ningún puesto, lo que significa que se mantiene incólume el derecho de los varones a elegir y a ser elegidos. Otro ejemplo importante de la realidad en la cual nos desenvolvemos, es la prostitución, la violencia doméstica o el acoso, las muertes violentas de mujeres, los cuales sólo afectan a las mujeres; que sea exclusivo de las tareas del hogar o el cuidado de los hijos o ancianos, o que sean ellas que desempeñen el trabajo doméstico, tal realidad no cabe dentro del concepto de discriminación porque resultan realidades “inimputables”.
A la mujer se le exige demostrar su idoneidad para ocupar y mantenerse en determinadas posiciones, en tanto, si se trata de un hombre, su idoneidad se da por asegurada y no se cuestiona, lo que representa un trato diferenciado y discriminatorio. Para contrarrestar dicha situación, el ordenamiento jurídico ha generado un tratamiento especial para obligar al Estado a nombrar un número razonable de mujeres en los puestos públicos, pues de otra manera su acceso a dichos cargos sería mucho más difícil, por no decir imposible.
La violación del principio de igualdad no es un asunto de mera legalidad, ya que una actuación discriminatoria de tal naturaleza por acción u omisión presenta un asunto de constitucionalidad y de violación de los tratados internacionales como es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer.
La igualdad de acceso a los cargos públicos implica que la administración debe promover el nombramiento de mujeres en equilibrio con el de los hombres. Las oportunidades entre hombres y mujeres deben ser iguales y la tendencia es que las mujeres participen en plano de igualdad en los cargos de decisión política. Tal situación es una reincidencia consentida, pues se trata de violación de derechos constante, violaciones que no han cesado a través de los añosy no han sido corregidas.
El Dia Internacinal de la Mujer se recibe con la participación de la muer en el Estado, bajo condiciones particulares, se cuenta con 4 Ministras de Estado con cartera, concentradas a asuntos de la mujer, trabajo, educación superior y a la educación. En el Poder Judicial, se identifica 5 magistradas en la Suprema Corte de Justicia, en el Tribunal Superior Electoral con sólo una sola mujer y en el Tribunal Constitucional se identifican sólo tres mujeres, esto es, de un total de 35 miembros de las altas cortes, sólo 9 mujeres ocupan posiciones en el Poder Jurisdiccional. Igual suerte ocurre en la Junta Central Electoral donde sólo se regista 1 mujer y en la Cámara de Cuentas también con la salvedad que en dicha Cámara es la mujer que la preside. De 190 diputaciones, 150 son hombres y de 32 senadurías son 4 están ocupadas por mujeres, las restantes 28 por hombres. En las Alcaldías el 5% de la posiciones son ocupadas por mujeres, pero en las regidurías si se cumple la ley alcanzando la cuota del 33%. En todas estas institucionaes estatales ha estado ausente al momento de la selección de sus integrantes la equidad de género.
Las mujeres dominicanos representamos un 50% de la población pero recibimos un 27 % de salarios menos que los hombres, pero asumimos con responsabilidad de la administración del hogar y la educación de los hijos e hijas.
Ante esta constante desigualdad genérica, se ha hecho necesario leyes de cuotas de participación de las mujeres a posiciones, además de la intervención judicial de los tribunales y las salas constitucionales, a través de acciones positivas, que han obligado a los órganos del Estado a cumplir con un mínimo de representatividad de la mujer en cargos públicos importantes. Tambien los partidos políticos, manifiestan la ausencia de políticas de género, no obstante su real vocación democrática; el acceso de las mujeres a la dirección de los mismos, son ejemplos natos de discriminación y desigualdad en perjuicio de las mujeres dentro del seno de sus órganos. Debe de lograrse un equilibrio en la participación de los partidos políticos, agrupaciones y movimientos políticos, disponiendo un trato favorable y garantizado para la mujer en razón de la discriminación real que en su trato se produce.
En cumplimiento de los principios democráticos y de igualdad que establece trato igual para los iguales y desigual para los desiguales, se justifica una protección particularmente acentuada a favor de la mujer. De igual manera, no tomar en cuenta a las mujeres en la toma de decisiones de poder, es olvidar que se ha dejado a un lado a un actor importante con un punto de vista claro sobre la realidad. Reconocer esa diferencia de trato en la apreciación de la realidad es fundamental, ya que fortalece la democracia y construye una sociedad más justa. En este sentido, algunas autores hablan que tanto mujeres como hombres pueden ser “igualmente diferentes”, los cuales deben ser considerados igualmente importantes desarrollándose plenos y plenas dentro de la igualdad de trato tomando en cuenta sus semejanzas y sus diferencias.
En este Día Internacional de la Mujer, nuestro reconocimiento a cada mujer, a aquellas que lucharon y a las que luchan por una sociedad más justa, gracias a ellas podemos disfrutar las igualdades dentro de la desigualdad.