SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Las bancadas de la defensa del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y del ex presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista, afirman que sin pruebas y con prisa excesiva no se puede sostener un proceso jurídico con garantía de derecho para las partes.
Los abogados argumentan que “a gritos y de mala manera” el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), magistrado Francisco Ortega Polanco, tuvo que emitir un fallo justo para las partes en cuanto al reclamo de la documentación que sustenta la acusación contra los imputados.
“La decisión final del juez “a gritos”, es de morigerar, atemperar y disminuir la carga de esta velocidad que quiere llevar el tribunal”, añade Carlos Salcedo.
De su lado, Miguel Valerio afirma que debido a lo expuesto en las primeras audiencias del juicio premilinar del caso Odebrecht, en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado logró entender que sin pruebas, la defensa de los imputados no se puede continuar. “No se puede acusar de asociación de malhechores, sin conocer qué hizo el otro, que también se me está atribuyendo”, expresó Valerio.
Explicaron que en inicio, el fallo del magistrado Ortega Polanco se sustentaba en fijar para el día 14, las entrega de más de 300 mil evidencias que acompañan el proceso y que se encuentran en manos del Ministerio Público, y reanudar para el 15 la audiencia que se sigue contra 7 imputados, ya que 8 fueron excluidos del caso.
Sin embargo, la decisión fue objetada por los abogados, alegando que no era un tiempo prudente para estudiar, analizar y preparar un argumento de defensa certero a favor de sus clientes, por lo que el juez, tuvo que posponer el reinicio para el próximo 21 de agosto.
Detallan que aunque ahora cuentan con un margen de tiempo favorable, en los próximos juicios solicitarán la reposición de plazos que les otorgan normas legales para contestar esas pruebas recabadas por el Ministerio Público y que señalan como culpables a sus defendidos.
Supuestamente por recibir y distribuir sobornos de US$ 92 millones a cambio de contratos para obras del Estado a favor de la empresa constructora Noberto Odebrecht comparecen ante la justicia Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez Hernández y Jesús Antonio Vásquez Martínez.