SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Hace casi un siglo que en República Dominicana no existe la pena de muerte. Incluso, en caso de que existiera la pena capital, el ciudadano o ciudadano que la reciba tendría que pasar antes por todo el proceso de investigación, acusación, formalización de cargos, juicio, apelación y hasta la condena definitiva.

Y si todo eso fuera poco, los sectores más conservadores de la sociedad dominicana, contradictoriamente los mismos que apoyan y pregonan la consigna de la "mano dura contra los delincuentes", ganaron una importante batalla durante el proceso de conocimiento y aprobación de la reforma constitucional más reciente, al incluir una idea filosófico religiosa en la Carta Magna: “El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”, refiere en su artículo 37.

Sin embargo, el contenido de este canon fundamental no evita que en el país continúe creciendo aceleradamente la lista de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes de la Policía “en el cumplimiento de su deber”.

Mientras el general Rafael Guillermo Guzmán Fermín estuvo al frente a la Policía Nacional (2007-2010) encabezó una sangrienta gestión en la que unas mil 420 ciudadanos perdieron la vida en “enfrentamientos” con agentes de la Policía, cita el Informe de ONG sobre la situación de República Dominicana en torno al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Después de la destitución de ese polémico jefe policial, caracterizado por tener “mano dura” y emplear prácticas violatorias de los derechos humanos para “combatir la delincuencia”, fue designado al frente de esa institución el mayor general José Armando Polanco Gómez, antiguo director de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional.

“Creíamos que bajo la actual jefatura de la Policía esa práctica se iba a reducir a su mínima expresión. Contrario a la opinión que tenía la Comisión, la realidad nos dice que estamos ante la gravedad de que se podría superar la cantidad de ejecuciones ilegales con relación al año pasado”

Pese a que en su discurso de entrada Polanco Gómez prometió que actuaría conforme con las disposiciones de la Constitución y las leyes dominicanas, la práctica de las ejecuciones extrajudiciales todavía persiste. En los últimos diez meses (lo que lleva su gestión) rondan los 300 los civiles que han perdido la vida en los llamados intercambios de disparos con agentes policiales.

Las organizaciones que dan seguimiento al tema, al cruzar sus cifras con las del Ministerio Público, hasta el 1 del presente mes de julio habían sumado 240 muertes a mano de la Policía Nacional. Pero desde esa fecha hasta la actualidad se han sumado más de 50 muertes más, según ha podido registrar Acento.com.do, basado en las propias informaciones policiales y las ofrecidas por organizaciones no gubernamentales.

Casos conmovedores

Un caso ocurrido el domingo 10 de julio llama especialmente la atención. El joven agente policial Sucre Montero de Óleo, de 21 años, adscrito al cuartel de la Policía Nacional en Cristo Rey, y su amigo Alexander Jiménez Montero, de 20 años, que vivian en el barrio Los Unidos, en La Caleta, municipio de Boca chica, fueron muertos fríamente por el sargento Carlos Alberto Pineda, que comandaba una patrulla que ni siquiera prestaba servicio en esa zona. Sólo porque los dos jóvenes "lucían sospechosos". El policía y el civil muertos simplemente regresaban de comprar algo para cenar.

Los propios integrantes de la patrulla policial declararon que ordenaron a los dos hombres detenerse, pues transitaban en  una motocicleta, y que éstos les dijeron que se estacionarían en un lugar iluminado, y no en la oscuridad. Una vez detenidos, no los dejaron identificarse y los acribillaron de inmediato. Este doble asesinato ha indignado a la comunidad Los Unidos, cuyos moradores resaltan que se trataba de dos ciudadanos ejemplares, honestos y colaboradores.

Otro caso que ha indignado a la ciudadanía ocurridó en Santiago. Los policías Tomas de la Rosa García (El Chino), Miguel Camilo Polanco y Erick Toribio Polanco, persiguieron y delante de su familia balearon en las piernas al ciudadano Víctor Peñaló , alegando que en el pasado "había tenido problemas con la Ley". No conforme con esta acción lo dejaron sangrar para que muriera, impidiendo que sus familiares ni ninguna otra persona lo trasladara al médico. El caso fue grabado, y hay testimonios de vecinos que indican que se escuchó decir al jefe del grupo policial que ese hombre "duraba mucho para morir", y a seguidas lo remató disparándole a la cabeza. Los agentes están bajo investigación.

Julián Díaz (o Féliz) Plasencia, muerto por la Policía en Bonao, el domingo 10 de julio a las 8 de la noche.Asimismo, el señor Julián Díaz Plasencia, de 42 años, fue asesinado la noche del domingo 10, en Bonao cuando se dirigía a tapar una goma de vehículo, y una patrulla policial lo que consideró "sospechoso". Posteriormente la PN dijo que el ciudadano tenía "antecedentes" por drogas, y mostró una pistola que supuestamente portaba de manera ilegal. Esa acusación fue refutada por la familia de la víctima, la cual recogió testimonios de testigos presenciales, los cuales aseguraron que los policías le colocaron el arma al cadáver para justificar el asesinato.

Otro asesinato conmovedor fue el de Anderson Parra Cruceta, de 33 años, muerto de un disparo por el cabo Santo Tejada Encarnación. Parra Cruceta supuestamente grababa con su teléfono celular imágenes de los incidentes ocurridos en La Carretera de Mendoza, el día del paro general, el lunes 11 de julio, cuando el policía se le acercó y le dijo "toma para que sigas grabando", disparándole en la boca. Versiones dadas por parientes hablan de la existencia de amenazas de muerte previas por parte del agente policial contra el joven, luego de una discusión con su madre.

No siempre el unifiorme te salva

El alférez de Fragata de la  Marina de Guerra, Ángel Luis Homero Lajara Furcal, de 22 años, sobrino del ex jefe de la Marina de Guerra, Homero Luis Lajara Solá, fue muerto la madrugada del martes, 19 de Julio, a manos de agentes policiales en La Romana. El hecho fue justificado por la PN porque supuestamente el joven marino provocó un inciente en el hotel Luna, al reclamar la devolución de un dinero que había pagado por una habitación.

Nada que ver con el discurso inicial

En general, sobre la gestión del general Polanco Gómez, hay quienes piensan que la práctica de matar ciudadanos y ciudadanas de manera injustificada en calles y casas, ha cobrado intensidad basándose en la frecuencia con que tienen lugar las llamadas ejecuciones múltiples, pues en los últimos días se han registrado casos con saldos de hasta cuatro civiles asesinados en una sola acción policial, como los ocurridos el pasado día 21 de junio en Herrera y el miércoles 29 del mismo mes en el sector Nuevo Amanecer, del municipio Santo Domingo Este.

Entre quienes sostienen esta posición está Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dice que en esta administración se ha creado un récord de la cantidad de ciudadanos que muere en un mismo hecho policial.

“Creíamos que bajo la actual jefatura de la Policía esa práctica se iba a reducir a su mínima expresión. Contrario a la opinión que tenía la Comisión, la realidad nos dice que estamos ante la gravedad de que se podría superar la cantidad de ejecuciones ilegales con relación al año pasado”, explica.

Aunque las estadísticas de estos últimos meses están contenidas bajo el título “Homicidios y Acciones Legales de la Policía Nacional” de los informes de la Procuraduría General (con excepción de abril y junio), Mercedes sostiene que estas acciones no tienen nada de legales y que trabaja en la sustentación de muchos de los casos para que éstos sean conocidos en la Comisión Americana de los Derechos Humanos y procesados en la Corte Interamericana.

Anderson Parra Cruceta, muerto de un disparo en la boca, en La Carretera de Mendoza, el lunes 11 de julio.En los últimos meses, y en más de una ocasión, República Dominicana ha sido censurada por los organismos internacionales que monitorean el cumplimiento de los derechos humanos y uno de los temas por los que ha recibido mayor presión es precisamente el de las ejecuciones ilegales que realizan agentes policiales.

Entre los informes más recientes que han puesto el ojo sobre las arbitrariedades en que incurre el llamado “cuerpo del orden” se cita el de Amnistía Internacional, que en mayo de este año denunció que este tipo de crímenes aumentó durante 2010; y el del Departamento de Estado de Estados Unidos, dado a conocer en abril pasado, que también destacó las muertes y torturas perpetradas por las fuerzas policiales.

Pena de muerte establecida a la fuerza

¿A qué se debe que esta práctica persista a pesar de la propia Constitución, de las leyes y de los compromisos internacionales de los que es signataria la República Dominicana? Los expertos en material de derecho o de seguridad ciudadana y violencia armada coinciden en que además de las carencias de los agentes policiales en materia educativa, en el país existe una “pena de muerte encubierta”, como la ha clasificado la jurista Rosalía Sosa Perez, que se impone a pesar de todo lo que supone regirse mediante un “Estado de derecho”.

“Si bien es cierto que nuestra legislación no prevé la pena de muerte, los decesos de ciudadanos en manos de la Policía Nacional configuran un tipo penal que en nuestra norma adjetiva se denomina homicidio y, bajo ciertas circunstancias, asesinato; y que por sus características particulares, podría calificarse como pena de muerte encubierta”, señala Sosa Pérez en un artículo publicado en la Gaceta Judicial.

Explica que se trata de una práctica frecuente en la que los responsables casi nunca son castigados. De hecho, ni siquiera son investigados, con la excepción de los casos en que las pruebas de las ejecuciones o masacres se filtran a los medios de comunicación.

Para el analista de asuntos de seguridad Daniel Pou está claro que “existe una cultura del exterminio”:

“A través del tiempo se ha podido determinar que una gran parte de las muertes que produce la policía se debe a que existe una cultura del exterminio, una cultura de aplicar penas que son ilegales, fuera del contexto jurídico, como es la pena de muerte a determinados grupos, de manera tal que se ejerza una suerte de efecto demostración para amedrentar el influjo que pueda tener el mundo criminal”.

A pesar de lo consolidada que parece estar la aplicación arbitraria de la pena de muerte en el país, entre los expertos en estos temas es generalizada la idea de que se trata de “una fórmula que no sirve para nada”.

“No ha tenido ningún resultado positivo”, señala la abogada Orlidy Inoa, experta en temas de seguridad ciudadana y violencia armada.

Entiende que este es un tema bastante preocupante porque “los intercambios de disparos son un reflejo de la violencia estatal, es decir, que el Estado, en lugar de aplicar políticas de seguridad pública que realmente resuelvan el problema de la inseguridad, ha tomado como bandera el discurso de la mano dura y el de resolver los problemas por medio de la fuerza”.

Posiblemente esta práctica sea la manifestación más fiel de que el cuerpo policial ha fracasado en una de sus misiones fundamentales conforme a lo que establece la Constitución dominicana: la de preservar la seguridad ciudadana y mantener el orden público para que las personas puedan ejercer sus derechos. En este sentido, Pou sostiene que el elevado número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales no es más que un indicador de la alta deficiencia de la institución.

En este punto, Inoa critica que a pesar de los sucesivos anuncios de profilaxis y transformación de la institución policial, en República Dominicana nunca ha habido una política de prevención de la delincuencia efectiva y que es precisamente por ahí por donde se debe empezar si se quiere avanzar en el combate a la delincuencia y la inseguridad.

“Ahí tenemos el ejemplo del plan de seguridad democrática, que fue un programa que en sus inicios ha tenido muy buena intención pero que al final se ha vinculado más a todas esas políticas que tienen que ver con represión… Así no se resuelven los problemas que tienen que ver con seguridad”.

La pobreza incide en la negación del derecho a vivir

“Este tipo de violaciones suceden con frecuencia en redadas policiales en las cuales escasamente son castigados los responsables, o en manifestaciones pacíficas populares donde los muertos y heridos son atribuibles al cuerpo del orden. A manera de ilustración podemos citar a Cristian Sánchez, de 23 años, muerto en el año 1997 durante una manifestación en el Barrio Los Manguitos; Jovanny Marmolejos, de 29 años, muerto en el Sector Palmarito, Barahona, sin portar armas ni poner resistencia al arresto. Estas víctimas tienen un elemento común: la pobreza”, analiza Rosalía Sosa Pérez.

“En la Policía ha existido siempre un sentimiento de autonomía y superioridad frente al Poder Judicial, y esa institución entiende que puede determinar quién puede vivir y quién no”

Y es que en este contexto pareciera que ser pobre también implica, en muchos casos, perder el derecho a la vida.

Sosa Pérez explica que a mayor pobreza, mayor es el nivel de vulnerabilidad y, en consecuencia, el nivel de desprotección de los ciudadanos no solo ante la delincuencia común, sino también ante la violencia estatal.

Inoa también hace referencia al prejuicio de que “el delincuente es el pobre” e indica que esta muy arraigado en la práctica de los llamados “intercambios de disparos”, que con mucha frecuencia resultan ser masacres en todo el sentido de la palabra.

Aunque es una práctica frecuente y hasta aprobada por muchos dominicanos, entiende que “de ninguna forma es aceptable” que un agente policial vaya a los sectores pobres a dispararle a la gente porque se entienda que la pobreza es sinónimo de delincuencia.

“Los que se mueren en intercambios de disparos son los hijos de Machepa”, repara.

En términos jurídicos, el Estado es responsable de las ejecuciones, según explica Sosa Pérez cuando señala que “la privación de la vida por la conducta ilícita de los agentes policiales es atribuible al Estado con todas sus consecuencias jurídicas”.

Sin embargo, en términos prácticos, por estas miles y miles de muertes registradas no responderá ni pagará nadie.

Los conflictos que se ocultan detrás del abuso

El tema es complejo.  Aunque no existen justificaciones, las explicaciones que se esconden detrás de la gravedad que implica violar el derecho a la vida de las personas son muchas.

Los conocedores de la materia citan muchos factores que inciden en la frecuencia y el ritmo con que se producen las ejecuciones extrajudiciales por parte de los agentes policiales. Para Daniel Pou, en algunos casos se trata simplemente de una política institucional para “combatir la delincuencia”, y cita como ejemplo la anterior administración, encabezada por el general Rafael Guillermo Guzmán Fermín.

General José Armando Polanco Gómez, saluda al Nuncio Apostólico, Joseph Wesolowsk, embajador católico en RD, quien pronuncio la misa al celebrarse el 75 aniversario de la Policia Nacional, en la Catedral.Ciudad: Santo Domingo/Carmen Suárez/Acento.com.doEn otras jefaturas las olas de asesinatos por parte de policías tienen lugar como un mecanismo de presión de ciertos grupos dentro de la misma institución que no están de acuerdo con algunas medidas de las autoridades de turno y persiguen su destitución a cualquier precio.

Es decir, que los que siguen una línea de pensamiento (o de intereses) opuesta a la del jefe policial de turno empiezan a matar a presuntos delincuentes para desacreditar la gestión y provocar su salida de la institución. Tanto Pou como Manuel María Mercedes estiman que este puede ser el factor que determina la enorme frecuencia con que esos casos tienen lugar en la actualidad.

Por otro lado Pou sostiene que una buena parte de las ejecuciones que se producen por las vías de intercambios de disparos no son más que procedimientos que se utilizan en el cuerpo policial para romper cadenas de información.

Dicho con sus propias palabras, “cuando la Policía se contamina por los actores del delito y se establece un vínculo entre ellos, llega un momento en el que la situación se sale de control. Si la Policía siente que está perdiendo el control y que los agentes del delito tienen una cuota de autoridad frente a ellos, entonces los extermina”.

A esto se suma que “en la Policía ha existido siempre un sentimiento de autonomía y superioridad frente al Poder Judicial, y esa institución entiende que puede determinar quién puede vivir y quién no”.

A pesar de todos estos factores incidentes, hay una realidad fundamental en el trasfondo de todo este escenario, como dice Pou, “fatal y azaroso”: hay sectores dentro de la Policía Nacional que están verdaderamente convencidos de que matar a la gente, sobre todo a los jóvenes de clase pobre, es la mejor forma de prevenir y castigar la delincuencia.

Estos males crónicos que padece la entidad, a juicio del experto, solo podrían ser subsanados con una reforma absoluta en la que se logre desarticular los grupos de conflicto dentro de la entidad, sustituir el espíritu militar que tiene por el carácter eminentemente civil que le otorga la Constitución y elevar los niveles de profesionalidad y capacidad de sus miembros.

POLICIA MATA