San Salvador, 14 sep (EFE).- La penalización del aborto en El Salvador solo se aplica a "mujeres pobres", señaló una organización proabortista, que promoverá el indulto para 18 de 29 de ellas que están presas tras haber sido acusadas de esa práctica.
Las 129 salvadoreñas acusadas de aborto entre 2000 y 2011, de las que 29 están encarceladas, son empleadas domésticas, amas de casa, estudiantes, obreras o vendedoras ambulantes, entre otras, según la organización no gubernamental Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico.
"Este es un problema de mujeres pobres, de injusticia social", resumió la presidenta de la Agrupación Ciudadana, Morena Herrera.
La dirigente agregó que las 129 procesadas, "todas, sin excepción, son mujeres que viven en situación de pobreza, jóvenes y con bajo nivel educativo".
Un informe de la Agrupación presentado en San Salvador señaló que entre esas 129 mujeres acusadas de aborto hay 49 amas de casa, 24 empleadas domésticas, 17 estudiantes, 10 obreras, empleadas de comercio o meseras, siete empleadas institucionales y tres obreras agrícolas; las otras 19 se incluyen en otras actividades.
Herrera sostuvo que los casos "en realidad no son abortos provocados, sino que se trata generalmente de partos sin asistencia médica", en los que las mujeres "tienen complicaciones".
Antes de 1997, el aborto era criminalizado en El Salvador, aunque existían tres excepciones: el ético, el terapéutico y el eugenésico, pero en 1998 se penalizó en todas sus formas, con castigo de dos a ocho años de cárcel, que el informe califica de "draconiano".
Pero Herrera señaló que en muchos casos de mujeres acusadas de aborto "la Fiscalía cambia el tipo de delito y las terminan procesando por homicidio agravado contra su hijo", lo que eleva las penas hasta 30, 40 o 50 años de prisión.
Según el informe, de las 129 mujeres procesadas, 68 lo fueron por "aborto consentido y propio"; 60 por "homicidio simple y agravado", y una por "abandono y desamparo de persona".
Entre los casos más recientes, Herrera dijo en Mejicanos, cerca de San Salvador, "una trabajadora de maquila tiene una de las penas más altas, que es de 40 años" de prisión.
Aparte de esas 129 mujeres, el informe señala que al menos 24 menores fueron procesadas en 13 de los 20 Juzgados de Menores, 17 por aborto y siete por homicidio agravado, aunque ninguna fue condenada.
Herrera señaló que todas las denuncias de aborto proceden de los hospitales públicos, "ninguna es de hospital privado", donde, si a una mujer "le provocan el aborto o (llega con problemas y) le terminan el aborto, no pasa nada".
La Agrupación Ciudadana, según su presidenta, busca vías para cambiar la penalización del aborto en El Salvador, uno de los cinco países de Latinoamérica, junto a Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Chile, que prohíben esa práctica de manera absoluta.
Herrera indicó que la organización apoya una propuesta de diálogo que Naciones Unidas hizo en abril pasado a raíz del caso de "Beatriz", una salvadoreña a la que el tribunal supremo le denegó el aborto y finalmente fue sometida a una cesárea en junio.
La Agrupación Ciudadana y otras organizaciones también han dialogado con diputados de la Asamblea Legislativa sobre una eventual iniciativa para despenalizar el aborto, pero ellos han pedido esperar que pase la campaña rumbo a las elecciones de 2014.
Además, la Agrupación promoverá "una solicitud de un indulto a 18 casos", de las 29 mujeres condenadas, para lo cual buscará el apoyo de la primera dama y secretaria de Inclusión Social de El Salvador, Vanda Pignato, dijo Herrera.
Pero lamentó que "el problema es que (un indulto) lo tienen que aprobar los tres poderes del Estado: primero entra por la Asamblea Legislativa, después lo mandan a una comisión de la Corte Suprema de Justicia y por último a la Presidencia de la República".
La dirigente dijo que también se cifran esperanzas en un eventual fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, por una demanda que la Agrupación presentó en 2012 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, por la muerte en la cárcel de "Manuela", otra salvadoreña condenada por aborto.
Auguró que la Corte podría ordenar al Estado salvadoreño emitir "leyes y medidas de políticas públicas que aseguren los derechos de las mujeres", así como reparar económica y moralmente a la familia de "Manuela", y reconocer que "no fue una asesina". EFE