PUERTO PRÍNCIPE, Haití.- La oficina de Naciones Unidas en Haití dijo estar "profundamente preocupada por el recrudecimiento de la violencia" de las bandas armadas contra los civiles en el país, tres días después de que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aludió a ello, pero también a la potencialidad haitiana para solucionar sus problemas.
En lo económico, se trata de un país que posee "un potencial real para la diversificación económica y una mayor creación de empleo, lo que conduciría a un repunte de la economía si mejoran las condiciones sociopolíticas y de seguridad" y siempre que el Gobierno "se comprometa a realizar reformas económicas profundas", dijo Guterres en su último informe cuatrimensual, el viernes último.
Pero comenzando la semana, la oficina de Naciones Unidas en Puerto Príncipe no habló de las potencialidades sino de la actual arremetida delictiva y pidió en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter que todos en Haití empiecen por comprometerse contra la violencia.
"Instamos a todas las partes interesadas a detener la violencia y a permitir el acceso a la ayuda humanitaria a las poblaciones necesitadas", dijo.
En este ambiente de inseguridad, un despacho de la agencia EFE fechado en la capital haitiana dio cuenta de que este lunes, por ejemplo, una situación de tensión reinó durante varias horas en el bulevar Toussaint Louverture, que conduce al Aeropuerto de Puerto Príncipe, después de que una banda armada atacara un concesionario de automóviles.
En los últimos meses, Haití se enfrenta a un dramático aumento de la violencia de las bandas, caracterizado por un importante incremento de los ataques armados contra civiles, guerras entre pandillas, asesinatos, robos, violaciones y secuestros en todo el país.
Al menos tres subestaciones de Policía de la zona metropolitana de Puerto Príncipe han sido asaltadas en las últimas horas por bandas armadas que forman parte de la coalición de pandillas conocida como G-9 an fanmi e Alye.
Cité-Soleil, la mayor barriada del país, lleva varios meses sumida en una sangrienta guerra entre dos grupos armados que se disputan el territorio.
Durante la primera semana de junio, la entrada sur de la capital estuvo completamente inaccesible a causa de la batalla entre la banda Ti Bwa y la de Grand Ravine en la comuna de Carrefour, donde se disputan los territorios desde hace más de una década.
Como resultado de esta guerra, al menos un mil 120 personas se han tenido que refugiar en un gimnasio, según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, y otros cientos están viviendo en las calles o en casa de familiares.
La ONG Médicos del Mundo denunció también ayer lunes que la violencia en Puerto Príncipe dificulta el tránsito de las ambulancias, del personal sanitario, del suministro de combustible y materiales médicos y también está llevando a muchos pacientes a renunciar a acudir al médico por miedo a la criminalidad.
En este contexto, la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), una de las principales organizaciones no gubernamentales del país, que denuncia la violencia de las bandas armadas, está sufriendo amenazas por parte de las pandillas.
El director ejecutivo de la RNDDH, Pierre Espérance, fue amenazado de muerte, según informó el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (FIDH-OMCT) de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
El Observatorio expresó su "profunda preocupación" por los "actos de intimidación" que ha sufrido Espérance y pidió a las autoridades haitianas que pongan en marcha "las medidas necesarias para garantizar su seguridad".
El defensor de los derechos humanos ha sufrido amenazas directas, a través de las redes sociales, por parte de Jimmy Chérizier alias "Barbacue", líder del G-9 an fanmi e Alye.
BINDUH Y GUTERRES
Este clima de renovada violencia es asimismo denunciado en un nuevo informe publicado la semana pasada por la Oficina Integrada de la ONU en Haití (BINUH), que asocia esta lacerante realidad delictiva a la situación política electoral y los derechos humanos y cómo interactúan estos ingredientes y otros para agravar el panorama nacional.
La Binuh advirtió, por ejemplo, que la "detención preventiva prolongada" aumentó 9 puntos porcentuales desde mediados de 2020 a abril de 2021, pasando de 76 al 85%, "lo cual amenaza los cimientos del mismo estado de derecho". De paso, advirtió sobre el hacinamiento carcelario que esto acarrea.
La Binuh pidió a las autoridades resolver esta situación "que constituye un trato inhumano y degradante para la persona", al igual que tantos otros que tienen sumido a los haitianos en una crisis de todo tipo.
El nuevo informe del secretario general de la ONU, en base a lo que le informa la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití al Consejo de Seguridad (S/2021/559.10 junio de 20211), recuerda que esta última instancia prorrogó hasta el 15 de octubre de 2021 el mandato de la BINUH.
COVID-19
Junto a esta prórroga de mandato, el Consejo de Seguridad demandó que el secretario general de la ONU informe cada cuatro meses (120 días) de los acontecimientos importantes y en ese sentido recordó que en mayo el Gobierno declaró un estado de emergencia sanitaria tras un aumento de los casos de la COVID-19 y la presencia confirmada de dos variantes del SRAS-CoV-2 que están asociadas con un aumento de la transmisión.
Haití es elegible para recibir vacunas gratuitas a través del mecanismo COVAX que, desde mediados de marzo le ha asignado dosis de vacuna solo para alrededor del 3% de su población.
REFERENDO CONSTITUCIONAL
Como consecuencia de la prolongación del estado de emergencia sanitaria, el Consejo Electoral Provisional aplazó el 7 de junio la celebración del referéndum constitucional.
"En ausencia de un avance significativo en los esfuerzos en curso para forjar un consenso político mínimo, las condiciones seguirán siendo desafiantes para la celebración del referéndum, así como las elecciones legislativas, locales y presidenciales, de una manera técnicamente sólida e inclusiva. Si bien numerosas partes interesadas han subrayado el imperativo de llegar a un acuerdo político para realizar elecciones que sean libres, justas y transparentes en 2021, los intentos de mediación, incluido uno por una plataforma interreligiosa, hasta la fecha no han logrado avances", advirtió el informe.
Y en una nueva señal de la naturaleza volátil de la dinámica política actual de Haití, el primer ministro Joseph Jouthe dimitió el 14 de abril y fue reemplazado de forma interina por el ministro de Relaciones Exteriores, Claude Joseph, a quien se le encomendó la formación de un gobierno en 30 días. Luego, su nombramiento se prorrogó por un segundo período de 30 días el 14 de mayo.
SECUESTROS
Existe un aumento significativo de los niveles de secuestros, con 171 denunciados en los primeros cuatro meses de 2021, cuyas víctimas pertenecen "a todas las esferas de la sociedad haitiana y crearon una situación generalizada,sensación de ansiedad en todo el país", sostiene el texto de Guterres.
Recuerda que "los exhortos y las manifestaciones de la oposición para exigir que el presidente Jovenel Moïse dejara el cargo llegaron a un punto crítico el 7 de febrero, cuando la oposición afirmó haber declarado que su mandato había expirado".
Ese día, la policía arrestó y detuvo a un grupo de 20 presuntos "golpistas", incluido un juez del Tribunal de Casación. Las tensiones aumentaron aún más al día siguiente, cuando otro juez del Tribunal de Casación anunció su nombramiento como "Presidente de transición".
En marzo los homicidios de agentes de policía haitianos aumentaron, principalmente cuando se emboscó una operación policial en la barriada Village-de-Dieu. El entonces primer ministro Jouthe atribuyó el trágico fracaso de la operación a errores estratégicos en la recopilación de inteligencia y al retraso en el despliegue de refuerzos tácticos.
Entre el 28 y el 30 de marzo tuvo lugar una serie de manifestaciones para conmemorar el 34º aniversario de la Constitución de Haití de 1987. Estas protestas, que denunciaron la intención del gobierno de reemplazar la Constitución por referéndum, continuaron exigiendo la salida del presidente y el establecimiento de un gobierno de transición para promulgar reformas económicas y de gobernanza, así como para organizar elecciones.
En este contexto, los esfuerzos de los partidos políticos, los grupos religiosos, las organizaciones de la sociedad civil, los grupos de la diáspora y el sector privado para involucrar a las partes interesadas clave no produjeron el consenso político que se necesitaba con urgencia sobre el camino a seguir.
A fines de marzo, una plataforma interreligiosa (Religions pour la paix) propuso mediar en las conversaciones e invitó a BINUH a actuar como uno de los cinco observadores internacionales. Si bien un puñado de representantes de la oposición y otros actores expresaron su disposición a participar, otras facciones de la oposición rechazaron abiertamente el llamado, cuestionando la imparcialidad de la plataforma y reiterando la necesidad de un gobierno de transición y la salida del presidente Moïse. Teniendo en cuenta la falta tangible de apoyo, Religions pour la paix canceló la iniciativa el 12 de abril.
No obstante, varias partes interesadas, con la intención de forjar un acuerdo político capaz de hacer avanzar el calendario electoral, continuaron presentando puntos de vista sobre los elementos clave que se incluirían en un posible acuerdo. Sus sugerencias incluyen una reconfiguración del Consejo Electoral Provisional y del Comité Constitucional Consultivo Independiente, el retiro de varios decretos presidenciales controvertidos recientemente emitidos, una evaluación de los procesos de producción y distribución de cédulas de identidad gestionados por la Oficina Nacional de Identificación y, por último, el nombramiento de un gobierno de unidad nacional.
ELECCIONES VARIAS
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) indicó su disposición a asumir un papel de buenos oficios para facilitar un diálogo que conduzca a elecciones libres y justas, ante lo cual, el 28 de abril, el primer ministro interino Joseph acogió con satisfacción la iniciativa para facilitar el “diálogo entre los actores nacionales a fin de alcanzar un acuerdo político que permita la organización de el referéndum constitucional y las elecciones nacionales de 2021”.
Así, una misión de buenos oficios de la OEA fue enviada a Haití el 8 de junio para facilitar el diálogo que conduzca a elecciones libres y justas.
"Sigue siendo imperativo que las autoridades nacionales y las partes interesadas pertinentes no escatimen esfuerzos para llegar a un consenso que contribuya a la celebración de estas distintas elecciones, cuyo éxito es crucial para promover una renovación democrática tan esperada en Haití, y es clave para colocar al país en un camino de estabilidad política y crear las condiciones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible", apuntó el informe de la ONU.
"Cualquier tipo de violencia, incitación a la violencia y discurso de odio es inaceptable. Mi Representante Especial sigue disponible, dentro del alcance de su mandato, para ayudar a crear las condiciones para forjar ese consenso", añadió Guterres.
Entre los escasos aplausos del informe, felicita "el reciente establecimiento de la Junta del Consejo de Asistencia Jurídica porque representa un avance positivo que allanará el camino para un acceso más equitativo a la justicia en todo el país, siempre que las autoridades nacionales y los jueces trabajen juntos.
Asimismo, aplaude la Iniciativa Spotlight que "conlleva el potencial de cambiar la mentalidad al abordar la violencia contra las mujeres y las niñas en Haití y acabar con la impunidad preocupante de la que los perpetradores de tales actos parecen beneficiarse en el país".
FIN AUSPICIOSO
"Haití tiene numerosos puntos fuertes, incluida la proximidad y el acceso a los principales mercados, una mano de obra joven, una diáspora comprometida con importantes remesas y activos históricos y culturales únicos", se lee en la parte final del informe.