SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, realizó un recorrido por los terrenos donde se construye el recinto penitenciario para hombres La Nueva Victoria, en el municipio San Antonio de Guerra.
Los fondos que financian la construcción, que ascienden a los seis mil millones de pesos, provienen del dinero que embargó el Ministerio Público por los casos de corrupción Embraer y Odebrecht.
La cárcel forma parte del Plan Nacional de Humanización del Sistema Penitenciario, basado en el “cambio” y no en el “castigo” de los privados de libertad. Este busca mejorar dos puntos clave: el problema de hacinamiento y los protocolos y controles de seguridad.
“Esa persona va a salir en algún momento, y cuando salga, va a estar en la misma sociedad, en la misma calle, en el mismo supermercado, en el mismo colmado que estamos nosotros, nuestros hijos, familiares y amigos”.
Se seleccionó la comunidad de Santo Domingo Este porque es la provincia con mayor cantidad de reclusos.
Detalles sobre el centro penitenciario
La Nueva Victoria tendrá capacidad para más de 8 mil quinientos reclusos. Las instalaciones contemplan los requisitos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se conocen como Reglas de Mandela, como salas de audiencias, edificio de visitas controladas, visitas infantiles, talleres educativos, estación de bomberos, áreas de recreación y ejercicio, celdas de reflexión, celdas conyugales, celdas para reclusos discapacitados, entre otras.
Contará con cuatro bloques que funcionarán de manera individual, cada uno con los requisitos de lugar. En ellos, las celdas tienen 25 metros cuadrados, incluyendo espacio para baño.
El área adyacente se utilizará para instaurar un modelo de autoproducción agrícola, en alianza con el Ministerio de Agricultura.
De igual forma, se planea que el Instituto Nacional de Formación técnico Profesional (INFOTEP) se encargue de la realización de talleres que permitan la formación escolar y universitaria de los reclusos.
Rodríguez añadió que se trata de “una oportunidad de oro para el empresariado”, ya que pretenden ofrecer servicios de mano de obra al sector industrial que tenga el interés de instalar modelos en las instalaciones, en acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR).
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La comunidad
El procurador explicó que hicieron un levantamiento en el que se identificaron 36 familias que vivían en los terrenos que ahora pertenecen al centro penitenciario. A estas personas, el Ministerio Público les construyó una comunidad con 36 casas ubicadas a cinco minutos de la zona en que estaban asentadas.
Según dijo, cada casa tiene 52 metros cuadrados y sustituyen con construcciones de cemento, las casas de zinc que tenían.