Río de Janeiro, mar (EFE).- La lentitud de la Corte Suprema para juzgar a políticos con fuero privilegiado puede frustrar a los brasileños que esperan rápidas condenas en el escándalo de corrupción en Petrobras, una investigación iniciada hoy hace tres años y que avanzó velozmente mientras estuvo en primera instancia.
El juez Sergio Moro, titular del decimotercer juzgado federal de la ciudad de Curitiba y que abrió la investigación en primera instancia el 17 de marzo de 2014, ha dictado 130 condenas contra 89 acusados de los desvíos en la petrolera estatal y mandado a la cárcel a conocidas figuras.
El proceso, sin embargo, está centrado hoy en el Supremo Tribunal Federal (STF), máxima corte del país, tras la petición de la Fiscalía para que se abran 83 procesos contra políticos aforados acusados de beneficiarse de los desvíos y entre los que figuran al menos seis ministros, diez senadores, seis diputados y los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.
Las peticiones de investigación están basadas en las delaciones de 77 exdirectivos de la constructora Odebrecht que aceptaron colaborar con la investigación a cambio de reducciones en sus penas y que, según la prensa, revelaron una lista de cerca de 170 políticos de todos los partidos a quienes hicieron donaciones electorales ilegales o les pagaron coimas.
Pero mientras que un juez de primera instancia puede concluir un proceso y dictar sentencia en pocos meses, un estudio de la Fundación Getulio Vargas mostró que la Corte Suprema demora en promedio 662 días para decidir si acepta o no una denuncia penal contra un aforado y otros 945 para juzgarlo.
En caso de mantener este promedio, que fue el de los últimos diez años, la Corte dictará su primera condena contra un acusado con foro privilegiado a finales de 2021.
"Es natural que en este momento haya una fuerte presión sobre el Supremo. El Lava Jato (nombre de la investigación por los desvíos en Petrobras) movilizó mucho a la población y se espera que la Corte procese rápidamente a los acusados", dijo a Efe la especialista en derecho público y constitucional Silvana Batini, de la Fundación Getulio Vargas.
De acuerdo con la analista, la Corte no puede ceder a esa presión y atropellar los ritos del proceso o violar el derecho de los acusados a una amplia defensa, pero sí tiene que darle al proceso un "ritmo razonable que no frustre las expectativas de la población".
"Es inevitable que se produzca un grado de frustración popular por la lentitud del proceso en la Corte Suprema porque aún no se percibió con claridad que el tiempo del tribunal es indiferente a la ansiedad o a la pauta política del país", dijo por su parte Rubens Glezer, también profesor de derecho constitucional de la Fundación Getulio Vargas.
El Supremo ya demostró que, incluso en casos de gran repercusión, sus tiempos siguen desvinculados de la expectativa nacional. Fue hace un lustro, cuando juzgó un escándalo de corrupción que tambaleó al gobierno del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Pese a que el máximo tribunal terminó condenando a conocidas figuras políticas, entre ellas el exdiputado y exministro José Dirceu, por muchos años la mano derecha de Lula, demoró casi nueve años desde que recibió la denuncia hasta que dictó las condenas.
En marzo de 2015, cuando el Lava Jato llegó por primera vez al Supremo, la Fiscalía presentó 20 denuncias contra 59 acusados con fuero privilegiado pero, transcurridos dos años, solo aceptó seis, por las que no ha condenado ni procesado a nadie, y archivó otras seis.
Para el profesor de derecho público Ivar Hartmann, autor de un estudio de la FGV sobre los tiempos del Supremo, el problema radica en que es una corte constitucional que tiene poca estructura cuando le toca asumir procesos penales.
Según Hartmann, no se puede comparar la celeridad de Moro con la lentitud del Supremo, acusado por sus críticos de favorecer la impunidad de políticos con fuero privilegiado.
"Esa comparación es incorrecta porque la situación del juez Moro es excepcional. Por la importancia del caso, Moro solo está dedicado al caso Lava Jato, mientras que otros jueces tienen que repartir su tiempo en centenas de procesos", afirmó Hartmann a Efe.
La lentitud del Supremo para juzgar a los políticos ha generado un debate sobre el fuero privilegiado en Brasil y llevado a varios de los magistrados del tribunal a defender su eliminación.
Para Edson Fachin, instructor del Lava Jato en la Corte Suprema, el fuero privilegiado, una figura que beneficia a unas 22.000 autoridades en todo Brasil, "es incompatible con el principio republicano".
"Como la expectativa por resultados del Lava Jato es muy grande, el Supremo va a tener que demostrar que puede lidiar de forma republicana con esa figura y avanzar en el proceso a plazos razonables o promover una discusión sobre la irracionalidad de un beneficio que no contribuye con la Justicia y que tiene que ser eliminado", asegura Batini. EFE