REDACCIÓN (EFE y otros servicios de Acento.com.do).- El incremento de la exclusión de los sectores sociales más empobrecidos, injusticias, del asesinato, de la violencia en general y de la violación a los derechos humanos, han sido los resultados de la llamada “guerra contra las drogas” que el gobierno de Estados Unidos impuso en el continente de las Américas desde la administración de Ronald Reagan, que gobernó desde el 20 de enero de 1981 al 20 de enero de 1989.

Esta semana, el martes y el miércoles, se celebró en San José, Costa Rica, la V Conferencia Latinoamericana sobre Drogas, con los más importantes expertos sobre el tema.

"En muchos casos, las actuales políticas de control de drogas no han hecho sino profundizar la exclusión (…) Políticas de drogas que incrementan la violencia", explicó en la inauguración del evento la representante del consorcio Confedrogas, organizadores de la actividad, Graciela Touzé.

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Para los organizadores de la conferencia, la participación social es un paso clave para alcanzar las formas más democráticas de hacer política y el debate se torna esencial para orientar las políticas en la dirección de reducir la desigualdad y fortalecer el respeto por los derechos humanos.

"La aplicación de las políticas actuales han fracasado y no solamente han fracasado sino que en muchos sentidos la situación es peor. Las penas desproporcionadas y las violaciones físicas son solamente un ejemplo"

“La región necesita discutir sobre las consecuencias de las políticas de control como el aislamiento social, encarcelamiento por uso de drogas, violencia, daño ambiental y violación de los derechos humanos”, indicaron los organizadores.

"La región necesita ideas nuevas porque tenemos que replantear la estrategia y la lucha contra las drogas, observándolo como un tema de salud pública, pero también como un factor de carácter económico porque son empresas (narcotraficantes) que están lucrando con nuestros países y están maltratando las economías", indicó en el acto inaugural el ministro costarricense de Seguridad, Celso Gamboa.

Violación a los derechos humanos

El respeto por los derechos humanos es un tema pendiente en Latinoamérica cuando se trata del combate de las drogas, por lo que la región debe pensar en replantear sus estrategias, opinaron los expertos en la V Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas.

Las actuales políticas de control de drogas que han implementado algunos países de la región han resultado en una serie de violaciones que involucran la discriminación y los abusos que afectan a las personas que consumen drogas, según analistas.

"La aplicación de las políticas actuales han fracasado y no solamente han fracasado sino que en muchos sentidos la situación es peor. Las penas desproporcionadas y las violaciones físicas son solamente un ejemplo", explicó a Efe la representante de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos de Derechos Humanos (WOLA), la estadounidense Coletta Youngers.

Según la experta, los países deben buscar mejores soluciones empezando por el sistema judicial, para evitar que una persona sea encarcelada por consumir droga y tenga penas más altas que aquellos que cometieron crímenes violentos.

Datos de WOLA indican que en México algunos estados cuentan con hasta un 60 % de presos por consumo de cannabis, lo que ha llegado a abarrotar las cárceles, creando una crisis humanitaria, ya que no se cuentan con otras medidas alternativas para sancionar.

"Tenemos que repensar las estrategias implementadas hasta el momento, para tratar el tema de consumo y las personas que tienen problemas de la dependencia desde una perspectiva de salud pública y de ayuda para ellos", indicó Youngers.

La promoción de políticas de desarrollo económico, un mejoramiento de la educación y de la seguridad forman parte de esas acciones que deberían cumplir los países latinoamericanos para, al mismo tiempo, garantizar los derechos humanos de las personas.

Para la experta, uno de los principales problemas de la distribución de drogas es que se utilizan a aquellas personas que son las más vulnerables, que tienen necesidades económicas y que los traficantes aprovechan para su beneficio.

Por lo tanto, la Confedrogas, consorcio creado para organizar estas conferencias, también busca abrir una discusión para replantear las políticas y evitar que se sigan violentando a los sectores sociales que históricamente han sido excluidos por sus condiciones.

Arturo del Tiempo, Leonel Fernández y Arturo del Tiempo Manzarbeitia. La foto fue tomada en el Palacio Nacional de la Presidencia Dominicana, cuando Fernández era presidente. La impunidad que gozan los grandes narcotraficantes contrasta con la represión que sufren los consumidores de drogas y los pequeños vendedores de los barrios pobres.
Arturo del Tiempo, Leonel Fernández y Arturo del Tiempo Manzarbeitia. La foto fue tomada en el Palacio Nacional de la Presidencia Dominicana, cuando Fernández era presidente. Arturo del Tiempo gozó del privilegio de un préstamo 13 millones de dólares del estatal Banco de Reservas, contó con el apoyo del Gobierno y fue nombrado coronel de la Policía Nacional dominicana. Aunque fue apresado en España, en donde guarda condena, en República Dominicana el caso se "esfumó",  y el único apresado, un ciudadano colombiano, fue dejado en libertad y dejado escapar del país.  La impunidad que gozan los grandes narcotraficantes contrasta con la represión que sufren los consumidores de drogas y los pequeños vendedores de los barrios pobres.

"Latinoamérica es la región del mundo con mayor desigualdad social, eso hace que personas que no tengan otras alternativas, por ejemplo laborales, puedan verse tentadas a ingresar en un mundo donde la ilegalidad les da la posibilidad de acceder a ciertos beneficios económicos pero con muchos riesgos", aseveró a Efe el coordinador de la Confedrogas, el argentino Pablo Cymerman.

Esta es la primera vez que la Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas se realiza en Centroamérica.

La actividad estuvo enfocada a incentivar el trabajo multisectorial entre los políticos, la sociedad y los afectados por las políticas llevadas a cabo para responder a los problemas asociados a las drogas.

La Conferencia es auspiciada por la Fundación Open Society y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre otras entidades.

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