SANTO DOMINGO, República Dominicana.- “Este proceso va a marcar un antes y un después en la justicia dominicana”, afirma sobre la realización de audiencias virtuales durante el periodo de emergencia nacional que decretó la Presidencia de la República por el coronavirus (COVID-19), el magistrado Julián Vargas Luna, juez de Paz de la Tercera Sala del Juzgado Especial de Tránsito del municipio de Bonao, del distrito judicial de Monseñor Nouel.
Vargas entiende que el reto de la justicia dominicana ante la nueva modalidad que ofrece el Poder Judicial es el convencimiento de la población de que asuman el tipo de tecnología.
“Creo que con la tecnología es más transparente porque queda todo registrado en audio y video. Nada queda fuera de esa grabación. Lo que pasa es que muchas personas le tienen miedo a lo desconocido y los cambios se resisten”, fue la respuesta del magistrado al ser cuestionado sobre las medidas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para garantizar la transparencia de los procesos vía virtual.
El magistrado es de opinión de que el sistema judicial se dirige a la modalidad virtual porque “la evolución social nos dirige al uso de este tipo de herramientas”.
Abogados que no se deben desplazar a los tribunales para hacer notificaciones, el depósito de documentos desde sus casas y las reuniones en vivo por audio y video, son algunos de los aspectos que enmarcan el funcionamiento del sistema de justicia virtual que Vargas explica en detalle en una entrevista para Acento.
Según cuenta, la SCJ ya había establecido el uso de las vías remotas para conocer solicitudes en casos urgentes. Sin embargo, Monseñor Nouel y el Departamento Judicial de La Vega fueron los pioneros en la realización de audiencias virtuales ante la cuarentena nacional por motivos de prevención del coronavirus.
En la actualidad, en estas audiencias se tratan todos los procesos urgentes descritos en el acta extraordinaria. En específico, medidas de coerción, habeas corpus, recursos de amparo y lo relativo a solicitudes urgentes que manejan el poder de ejecución de la pena.
Al llevarlas a cabo a través de la aplicación Microsoft Team, entienden que se garantiza el derecho de las partes sin lesionar las reglas del debido proceso.
Garantía de derechos
El magistrado Vargas detalla que el Ministerio Público ejecuta los protocolos de sanidad establecidos por las autoridades y que desde el Poder Judicial se aseguran de que las partes tengan buen acceso a la comunicación para los fines.
Para esto, en cada Oficina de Atención Permanente se habilitó un espacio con cámaras, audio y video para los usuarios que no cuentan con dispositivos tecnológicos para garantizar el acceso a la justicia en las condiciones extraordinarias.
En suma, el Poder Judicial dispuso celulares en los destacamentos para que los imputados se puedan comunicar con sus defensores de manera privada en respeto al derecho de defensa.
Además del acceso a equipos y tecnologías que permitan la realización de las audiencias, la SCJ creó las bases del protocolo que deben cumplir.
Como beneficios, Vargas plantea la rapidez del proceso, la reducción de recursos requeridos y la posibilidad de proteger la integridad de víctimas en casos que lo requieran, como los de violencia de género.