SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Los connotados juristas Félix Damián Olivares y John Garrido, coincidieron en que la presunción de inocencia de un acusado en un proceso penal,  le permite a un procesado esperar en libertad su posible condena.

Según los abogados esta facultad es una situación que se contempla como un principio en el Código Procesal Penal (CPP) y en la reforma constitucional del 26 de enero del año pasado.

De su lado, Damián Olivares descartó cualquier posibilidad de que a un acusado se le niegue el beneficio de esta presunción, porque de aprobarse esta modificación al CPP en el Congreso, la eliminación de este derecho correría la suerte de ser declarado no conforme al nuevo orden constitucional.

El destacado abogado penalista dijo que de aprobarse esta modificación al CPP, sería una violación la nueva constitución que definió como  la "Constitución Fernández".

Mientras que Garrido propuso que si se le hace una modificación al CPP sería en cuanto a los delitos flagrantes como forma de que, en dichos casos, se haga un juicio rápido como forma de economía procesal.

“Los Tratados internaciones, la Constitución y el Código Procesal Penal llaman a garantizar la seguridad de los sujetos del proceso penal y en ese orden necesitamos una ley que proteja a los testigos y las victimas, mediante la cual el Estado garantice su integridad física, mudarlos, cambiarles su identidad, etc”

“Desacuerdo en imponer una pieza legislativa con mayor represión sino lograr más eficiencia en la aplicación del Código Procesal Penal, porque la facultad de quien ingresa o sale de prisión es exclusiva de los jueces…”, explicó Garrido.

Seguridad a los testigos

Asimismo, John Garrido se refirió a su propuesta para la creación de una ley de protección a las víctimas y testigos como forma de garantizar el proceso penal en el país.

“Los Tratados internaciones, la Constitución y el Código Procesal Penal llaman a garantizar la seguridad de los sujetos del proceso penal y en ese orden necesitamos una ley que proteja a los testigos y las victimas, mediante la cual el Estado garantice su integridad física, mudarlos, cambiarles su identidad, etc”, indicó.

En ese mismo orden, Damián Olivares se mostró de acuerdo tras agregar que se pueden hacer acuerdos internacionales que permitan el intercambio de víctimas y testigos entre Estados Unidos, Costa Rica, entre otros países.

Los fondos para garantizar el derecho de las víctimas podría ofrecerlos el Ministerio Público, que a juicio del abogado, maneja millones de pesos de los decomisos que están disponibles para pesquisas y operación del sistema penal.

Según Olivares, un ejemplo de millones decomisados por el Estado fue el caso de los Benítez se confiscaron más de mil millones de pesos y que anualmente se están decomisando entre dos y tres mil millones de pesos que son manejados por la Procuraduría General de la República.

En una entrevista conducida por el periodista Rafael Franco Guzmán en el programa Pantalla Abierta que se transmite por Bajo Techo Tv,  los dos notables juristas, de la nueva generación de abogados penalistas, ofrecieron estas informaciones.