Juicio disciplinario contra jueces, un recibo y el secreto de Participación Ciudadana (Crónica)

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Pasada las 10 de la mañana el reperpero en la sexta planta de la Suprema Corte de Justicia lo lideraba el abogado del juez Rosó Vallejo Espinosa, quien reprendía el hecho de que no se le dejara entrar a la sala de audiencias donde se le conocería juicio disciplinario a su defendido.

Advirtiendo que dicha audiencia no se llevaría a cabo si no podía subir a estrado, se retiró minutos después supuestamente porque no aparecía en el listado dispuesto por las autoridades competentes.

“Ellos han dicho que solamente pueden accesar los que están en el listado y el nombre mío no está ahí, porque yo me constituyo en la audiencia”, argumentó Frank Reynaldo Fermín.

Reynaldo Fermín insistió en que no se encontraba en el listado porque como todo representante legal de los acusados, se constituiría en el estrado de la Segunda Sala en Materia Penal de la Suprema Corte de Justicia.

“Yo me voy, es decir que esto no se va a dar”, aseguró el jurista.

El movimiento cívico Participación Ciudadana calentó de nuevo la pista al revelar que la jueza Awilda Reyes Beltré había suministrado datos graves sobre su vinculación a un pago a cambio de la libertad del regidor de Pedro Brand, Ericson de los Santos Solís, quien fue acusado de encabezar una red de sicarios. Sin embargo, advirtió que dichas informaciones no serían reveladas para no afectar la investigación que efectúa el Ministerio Público

Y como si tuviera “boca de chivo”, en buen dominicano, casi dos horas después la audiencia fue aplazada para el día 18 de diciembre.

El presidente del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán, acogió las conclusiones presentadas por las partes y alegando la inasistencia del abogado Frank Reynaldo Fermín, suspendió la audiencia de conocimiento de juicio disciplinario.

“El reenvío se hace para que las diferentes partes del proceso se hagan eco del expediente y ofrecer algo contra las pruebas del Ministerio Público, si lo desean, a los fines de garantizar el equilibrio”, comunicó el también presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Tras el golpe del mallete, las partes ya de pie se dispusieron a retirarse del lugar, siendo abordados por los medios de comunicación a la salida del tribunal.

Allí los jueces Víctor Mejía Lebrón, Rosó Vallejo Espinosa y José Dionisio Duvergé Mejía, se negaron a dar declaraciones. Sin embargo, uno de los abogados aseguró que dicha audiencia no procede.

Asimismo, el legista Frank Reynaldo Fermín manifestó que la acusación iniciada por el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, no es una acción disciplinaria porque la prevaricación es una figura penal de la cual tiene el monopolio el Ministerio Público, al tiempo que calificó la de ligera e irresponsable.

“Lo que pasa es que Domínguez Brito es un artista del manejo de las medias verdades y de las mentiras. En eso es un artista indiscutiblemente”, rectificó.

El abogado de Rosó agregó que sí Domínguez Brito considera el delito de la prevaricación debe proceder a una investigación y posterior sometimiento a la justicia de estos jueces.

Un recibo y Participación Ciudadana

La noche anterior, la periodista Nuria Piera presentó una copia de un recibo en el cual la magistrada Awilda Reyes Beltré, devuelve la suma de 350 mil pesos que había recibido del exmiembro del Consejo del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, para liberar al regidor de Pedro Brand, Ericsson de los Santos Solís acusado de dirigir una red de sicarios.

A menos de 24 horas después de la suspención de la audiencia, el movimiento cívico Participación Ciudadana calentó de nuevo la pista al revelar que la jueza Reyes Beltré había suministrado datos graves sobre su vinculación a al supuesto pago. Sin embargo, advirtió que dichas informaciones no serían reveladas para no afectar la investigación que efectúa el Ministerio Público.

Esta revelación no pasó desapercibida y este lunes, el procurador general adjunto Bolívar Sánchez pidió al movimiento suministrar al Ministerio Público la información que ha entregado la magistrada.