SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La jueza del cuarto Tribunal Colegiado del Distrito, Pilar Rufino, manifestó que “no merecía que su nombre rodara por los medios de comunicación”, esto luego de ser cuestionada por la variación de medida de coerción emitida a favor del señalado narcotraficante Pascual Cordero Martínez, alias El Chino.
“La verdad es que yo no merecía que en este momento por el cual está pasando la justicia dominicana, en donde jueces han ido a la cárcel”, manifestó la jueza.
“Esto me ha afectado mucho”, insistió la magistrada durante una rueda de prensa que sostuvo con el presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana, Miguel Surún Hernández, quien la visitó para manifestar su apoyo y solidaridad.
Rufino resaltó que la justicia dominicana está transitando un momento donde hay fiscales cuestionados, jueces que están siendo investigados de manera administrativa por la Suprema Corte de Justicia y donde se ha hablado de una red de malhechores.
Destacó que actuó apegada a la ley con respecto a la variación de medida de prisión preventiva a prisión domiciliaria, y que en sus 13 años que lleva como jueza, nunca ha sido cuestionada por sus decisiones.
En tanto, el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surun Hernández, externó preocupación por las repercusiones que dicho evento pueda tener sobre la independencia de los jueces en la República Dominicana.
Indicó que el Colegio de Abogados apoya la existencia de un régimen de consecuencias eficaz, contra aquellos que cometan faltas, pero se opone a que jueces sean perseguidos injustamente por ejercer su labor de administrar justicia, evacuando sentencias sobre la base de las circunstancias y elementos probatorios que libérrimamente las partes sometan a su consideración.
Agregó que la emisión de sentencias no puede generar una persecución, pues estaríamos en presencia de un atentado a garantías de independencia de la justicia y a la protección, que según nuestra constitución gozan los jueces de la República como debe ser en todo Estado Derecho.
“No estamos en contra de la existencia de un régimen de consecuencias eficaz contra aquellos que cometan faltas, pero esto podría crear un sistema tal que luego tengan el temor que por sus decisiones o por emitir sentencias en base a pruebas y circunstancias puedan ser perseguidos”, analizó Surun Hernández.
El presidente del CARD dijo que de continuar actuando de esta forma estaríamos creando las bases para que los jueces de nuestro país tengan temor de emitir un fallo en base a la prueba, y lo emitan en función de no ser cuestionados y preservar su cargo, lo cual evidentemente no es justicia.