Una recusación contra la jueza del Tercer Juzgado de la Instrucción, Ingrid Liberato, forzó el aplazamiento del proceso preliminar contra los involucrados en el caso del presunto robo de US$ 136, 557.00, confiscados por Aduanas del Aeropuerto Internacional del Cibao, a una pasajera, en junio del 2015.
Por este caso fueron enviados a prisión preventiva por un año, ocho empleados de Aduanas y la persona que se presume trajo el dinero.
La medida fue dictada por el juez Luis Nobel, el 16 de julio del 2015, pero todos gozan de libertad condicional. La mayoría de los involucrados están ligados a dirigentes importantes del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en Santiago, tal como pasó con el Aduanazo I, del 2010.
En la audiencia de este martes 12 de abril del 2016, la jueza Ingrid Liberato, quien conoce el proceso preliminar llamó “chicanera”, a la abogada técnica Vilma Méndez, a quien además le ordenó salir de la audiencia por no portar carnet.
La decisión de la jueza vino luego de que la abogada que representa a la Dirección General de Aduanas, Vilma Méndez, recusara a la magistrada Liberato, a lo cual la jueza reaccionó de forma airada.
Liberato, quien rechazó el pedimento de la abogada, dijo que la profesional del derecho se había comportado como una “chicanera”, porque a la hora de hacer un pedimento, quiso desconocer algo que había afirmado con anterioridad, algo que además denotaba su “falta de experiencia”.
“¿Usted no me conoce, o es que usted no es de aquí de Santiago?”, dijo la jueza. “No, yo soy de la Capital”, dijo la abogada, en un intercambio de palabras, que según la abogada, pasó a lo personal.
“Yo aplico justicia, porque de derecho yo sé”, enfatizó la jueza Liberato.
“Yo no conozco a ninguno de los imputados, ni me importan. Tampoco conozco a ninguno de los abogados, porque yo no tengo vínculos con ningún abogado”, dijo la magistrada, quien reaccionó al pedimento de recusación presentado por la abogada de Aduanas.
La jueza exigió a los abogados mostrar sus carnets de colegiados para poder ejercer, con excepción de los representantes del Ministerio Público, pero la representante del Aduanas no tenía el documento y debió abandonar la sala de audiencia, por pedimento de la jueza.
La abogada alegó que no tenía carnet porque en el Colegio de Abogados hay problemas con la expedición de este documento. Agregó que podían hacer las averiguaciones sobre su capacidad para actuar y que la actuación de la magistrada salió de lo profesional a lo personal.
La jueza también hizo constar en acta que la representante de Aduanas era una “bachiller”, al igual que un compañero suyo y no una abogada, por no tener carnet.
Liberato rechazó la recusación, pero de todas maneras, el proceso preliminar fue aplazado hasta tanto se conozca el recurso en la Corte de Apelación. La jueza dijo que tampoco le importa si la sacan del caso, sobre el cual dijo que sería mejor para ella.
La jueza Liberato ha tenido a su cargo el proceso o juicio preliminar contra los acusados del supuesto robo de US$ 136, 557.00, dinero que había sido confiscado a la pasajera, Osairy Mercedes Quezada, quien no habría declarado las divisas traídas desde Boston, Estados Unidos a Santiago en el vuelo 923 de la línea Jet Blue, la madrugada del el 29 de junio del 2015. Mercedes Quezada, también está siendo procesada.
Otros procesados del Aduanazo 2015 o Aduanazo II, son Domingo Antonio Pilarte Jiménez, capitán del Ejercito de la República Dominicana; Marcos Daniel Felipe González, Mairelin Rodríguez Batista, Leovigildo Ubiera Paulino, Nery del Carmen Correa Correa, Benito Henríquez, Tejada, Luz Carlina Infante Fermín y Ramón Hipólito Rodríguez.
Aduanazo I Santiago 2010
En julio 2010, los jóvenes, Miguel Ángel Lazala Cabrera, hijo de Petra Cabrera, quien fuera en ese momento subdirectora de PROINDUSTRIA; Adalberto Rosa Rosario, hijo del diputado Adalberto Rosa, y Herald Estévez Peña, fueron a prisión por una presunta estafa de más de 100 millones de pesos, en varios almacenes de Aduanas en Santiago, además de imputárseles vínculo con el tráfico de armas.
Un tribunal dictó una medida de prisión preventiva de ochos meses, contra los imputados, luego fueron dejados libres de manera condicional, el proceso aún no se ha cerrado, según establecen los representantes del Ministerio Público.