SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La jueza interina Natalie Molla Estrella, dictó este viernes medida económica para los 29 implicados en el caso de supuesto robo agravado, asociación de malhechores y secuestro de la terminal de pasajeros del transporte, perteneciente a la Asociación de Propietario de Autobuses de la Provincia Altagracia (APTRA).

La jueza impuso las medidas cautelares uno, dos y tres que incluye el pago de una garantía económica de 100 mil y un millón de pesos a 27 de los implicados, así como la presentación periódica y el impedimento de salida del territorio nacional.

El abogado de la parte civil Guillermo Nolasco indicó además que la jueza otorgó la libertad simple a dos de los imputados, debido a que el ministerio público no presento el acta de flagrancia que debe levantarse en contra de esas dos personas.

El representante de la parte acusadora confirmó la decisión de la jueza y alegó no estar conforme con la misma.

Nolasco aseveró que el ministerio público tiene sobre sus hombros la continuidad de la investigación.

Señaló que estaban solicitando prisión preventiva de tres meses a once de los involucrados en el supuesto robo de 700 mil 915 pesos y el pago de una garantía económica de 100 mil pesos al resto de los implicados.

Entre los requeridos para prisión preventiva, se encuentran: Leonte Torres Jiménez (Pocholo), quien fue destacado como el cabeza de la agresión; Luis Ventura García; Miguel Vásquez; Víctor Manuel Castillo Pimentel; Gillermo Pilier; Nelson Rafael Reyes; Ciro Cedeño Brito; Santo Nival Guillen; Jonathan Ramírez; Rafael Emilio Franjul y Domingo Arturo Rijo.

El conflicto.

El abogado Guillermo Nolasco denunció que el conflicto entre el Sindicato de Choferes Propietarios de Autobuses de la Provincia La Altagracia (SICHOPROLA)y la Asociación de Propietario de Autobuses de la Provincia Altagracia (APTRA) se ha presentado desde hace algún tiempo y acusó a las autoridades del este de no actuar con la responsabilidad que amerita el caso.

Culpó a Leonte Torres Jiménez de irrespetar los poderes del Estado, asumiendo el sindicato de choferes de SICHOPROLA, el cual no está operando, según informó.

Nolasco aseveró que en documentos, la estación pertenece a los dueños de los autobuses de APTRA aunque Torres alega que tanto la parada de Villa Francisca como la de Higüey pertenecen a SICHOPROLA.

Mientras que la abogada de Jonathan Ramírez, Ingrid Apolinar, indicó que se ha querido manejar a los imputados como “delincuentes”, y alegó que los choferes son propietarios de ese local, con los medios para demostrarlos.

Reveló que sus defendidos se encerraron en el local y no salieron hasta estar en presencia de la policía.

Apolinar expresó que el acusado de robo, Leonte Torres nunca penetró al local, dado que fue recibido por la policía, quien le impidió ingresar al local.

Informó que tiene un video que prueba la inocencia de los imputados y descartó que la parte acusadora tenga pruebas de las agresiones de las cuales son acusados.

La defensora de Jonathan Ramírez admitió que se apoderaron la terminal de autobuses, aunque reiteró que el lugar le pertenece a SICHOPROLA.

Finalmente, expuso que causa suspicacia que se quiera levantar querella especialmente a once de los choferes, los cuales componen la directiva de SICHOPROLA.

Los querellados se encontraban detenidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hasta que fueron conocidas las medidas cautelares.

{Gallery dir=’Caso-choferes-del-Este-en-Palacio-de-Justicia-25-10-2013′}