SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional rechazó la solicitud de medida de coerción contra los ingenieros Miguel Pimentel Kareh y José Florencio, exdirector y exdirector técnico de la Oficina de Ingenieros Supervisores Obras del Estado (OISOE), tras alegar que el querellante no tiene derecho a participar por si solo en la investigación.
El juez José Alejandro Vargas señaló que la viuda del occiso David Rodríguez García, arquitecto que supuestamente se suicidó en un baño de la OISOE, no tiene derecho a intervenir sola en el proceso, información que rechaza el abogado de la víctima, Miguel Surun Hernández.
Asimismo, Surun Hernández reprochó la supuesta exclusión como parte del proceso realizada por el magistrado Vargas a su representada e hijos, resaltando su participación en el conocimiento de coerción de los demás implicados en los actos de corrupción en dicha oficina.
Destacó que la viuda del arquitecto por el cual se destapó una serie de actos de corrupción y asociación de malhechores dentro de la oficina, que involucra a empleados y al Programa de Edificaciones Escolares del Ministerio de Educación (MINERD), hizo parte de los querellantes en la investigación que se lleva contra Alejandro de los Santos, Yoel Soriano y Rafael Pérez Alejo.
“El juez cuestiona la calidad de querellante de la víctima, cuando fue el Ministerio Público que depositó nuestra querella en el proceso, y nosotros participamos en la coerción en esa calidad”, agregó el abogado al cuestionar la decisión del juez.
Recalcó que textualmente el artículo 226 del Código Procesal Penal señala que a solicitud del Ministerio Público o del querellante y de la forma bajo condiciones que especifica este código, el juez podrá imponer al imputado, después de escuchar sus razones, las medidas correspondientes.
En dicha medida aseguró que además el juez Vargas se rehusó a escuchar los alegatos de los querellantes como lo indica la ley.
Surun Hernández concluyó con que recurrirá dicha decisión ante otras instancias.
El pasado 6 de octubre, la misma Oficina de Atención Permanente dictó ocho meses de coerción contra Alejandro de los Santos, Yoel Soriano y Rafael Pérez Alejo, acusados de pertenecer a una red de extorsión a ingenieros y arquitectos ganadores de obras escolares en el sorteo del Programa de Edificaciones del MINERD.