SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, favoreció la resolución de peticiones incoada por la defensa de los imputados Porfirio Andrés Bautista García y Ángel Rondón Rijo, ambos señalados por el Ministerio Público de recibir sobornos a cambio de favorecer contratos para la empresa constructora Odebrecht.
A través de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Ortega ordenó este miércoles al Ministerio Público poner a disposición de la defensa de los imputados “sin obstáculos, ni demora” todas las actuaciones procesales que sean interés para los imputados entorno a la investigación que se lleva respecto al caso Odebrecht.
El juez aclaró que todas las pruebas deberán facilitarse, con excepción de las que se encuentren en proceso y por ende su comunicación comprometa la eficiencia del proceso de investigación.
Asimismo, rechazó la imposición astreinte solicitada por la defensa de los imputados en contra del Pepca, y su titular, Laura Guerrero Pelletier.
Este próximo sábado 9 de junio es la fecha límite que tiene el Ministerio Público para hacer formal su querella contra los implicados en el caso, luego de que el pasado 9 de febrero de este 2018, el magistrado Francisco Ortega, de la Suprema Corte de Justicia, otorgara cuatro meses adicionales a los ocho meses que en un principio le había otorgado a la Procuraduría General de la República para presentar las evidencias que poseen en contra de los acusados.
Desde noviembre del 2017, el Ministerio Público ha estado instrumentando formal querella en contra de 14 implicados, entre ellos, empresarios, funcionarios y ex funcionarios acusados de recibir la suma de US$92 millones como pago del soborno por la constructora brasileña Norberto Odebrecht a cambio de contratos para la edificación de obras.
Según reportes, indican que entre el 2001 – 2014, la empresa Odebrecht se ha visto favorecida con cuantiosos contratos de obras estatales a cambio del pago de altas sumas monetarias a empresarios, funcionarios y ex funcionarios para el pago de campañas políticas a aspirantes de cargos congresuales y presidenciales.