Sao Paulo, Brasil (EFE).- La situación judicial del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se complicó este martes después de que el magistrado responsable de las investigaciones del caso Petrobras abriera un proceso en su contra al aceptar la denuncia por corrupción y lavado de dinero.
Se trata de la primera denuncia acogida por el juez Sergio Moro, de Curitiba (sur), contra Lula, quien ya es reo en un proceso paralelo de "obstrucción a la Justicia" en un tribunal de Brasilia por supuestamente haber ofrecido dinero por el silencio de uno de los testigos que colaboran con las investigaciones de la corrupción de Petrobras.
La acusación por corrupción y lavado de dinero, presentada la semana pasada por la Fiscalía y aceptada hoy por el juez, señala que Lula recibió favores de la constructora OAS, ya condenada por los desvíos en la estatal, a cambio de ser favorecida con contratos en obras de la petrolera estatal.
Según la Fiscalía, OAS aceptó reformar y amueblar un apartamento en la playa por el que Lula sólo consignó una cuota inicial, así como pagar por cinco años el depósito alquilado por el expresidente para guardar los regalos personales que recibió durante su Gobierno.
El objetivo de esa "cacería", según el propio Lula, es apartarlo del escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2018, una cita cuya presencia ha sido dejada en abierto por el exmandatario.
Además de Lula, el juez Moro también abrió procesos contra la esposa del exmandatario, Marisa Leticia Lula da Silva; el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto; el expresidente de la constructora OAS Leo Pinheiro y otros cuatro ejecutivos de esa empresa.
Moro, a quien Lula acusa de ser "parcial" en el caso, aseguró hoy en su auto que existen "indicios suficientes" para aceptar la denuncia de la Fiscalía, quien consideró al expresidente como el "comandante máximo" de la trama de corrupción en Petrobras.
"Los elementos probatorios aún son cuestionables, pero, en esta fase preliminar, no se exige que la demostración de la responsabilidad criminal sea concluyente sino que se demuestre justa causa (para abrir el proceso)", agregó el juez en su decisión.
El caso se refiere a un apartamento de tres pisos en Guarujá, un balneario en el litoral del estado de Sao Paulo, por el que Lula pagó una cuota inicial, pero del que niega ser propietario como cree la Fiscalía.
La defensa del expresidente salió al paso de la denuncia y afirmó hoy que la decisión de Moro "no les sorprendió" debido al historial del juez, atribuido por ellos, de "persecución y violación de las garantías fundamentales".
Insistió, asimismo, en que la denuncia carece de pruebas y acusó a Moro de "imponer" a Lula un crimen que "jamás" cometió.
El instituto que dirige el ex jefe de Estado, por su parte, calificó de "insostenible" e "inverosímil" la acusación contra Lula, quien también es investigado en otras dos causas por supuestamente haber recibido beneficios de empresas que desviaron recursos de la petrolera.
"Después de dos años de investigación que han envuelto a 300 agentes de la Fiscalía, de la Policía y del ente recaudador de impuestos no se ha encontrado nada para relacionar a Lula con los desvíos de Petrobras. Ninguna cuenta secreta en Brasil o en el exterior, ninguna empresa fantasma, ningún pago ilegal, directo o indirecto", señala el instituto.
Considerado a sí mismo como víctima de una "cacería judicial", Lula ha llevado su defensa al exterior y el pasado julio denunció ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU una "persecución jurídica" y un "abuso de poder" por parte de Moro.
El objetivo de esa "cacería", según el propio Lula, es apartarlo del escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2018, una cita cuya presencia ha sido dejada en abierto por el exmandatario.
En caso de que Lula fuera condenado por Moro en primera instancia y por el Tribunal Regional Federal en segunda, Lula quedaría inhabilitado para presentarse a cargos públicos por un periodo de ocho años, según establece la ley brasileña. EFE