SAN FRANCISCO DE MACORIS, República Dominicana.- El Presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, juez Claudio Anibal Medrano, abogó por la asignación presupuestaria que dispone la ley para Poder Judicial, exponiendo que sin ese presupuesto éste se constituye en un poder desposeído de poder.
El magistrado Claudio Anibal Medrano sostuvo que la ley garantiza un 2.66% del presupuesto general de ingresos y gastos públicos, incluyendo los ingresos extraordinarios, pero en el año 2012 y 2016, apenas se le asignó un 1.31% y nunca ha llegado al 2%.
“El grave problema del poder judicial dominicano es que es un poder desposeído de poder, pues la supresión del presupuesto que por ley le corresponde, le reduce al estatus de un poder mudo y neutro, como lo describiera Montesquieu al final de la primera mitad del siglo XVII”, indicó.
Agregó que se al poder judicial se le ha atribuido una autonomía inorgánica, en la medida en que se lo asfixia impunemente a través del presupuesto.
Medrano citó declaraciones recientes del jurista doctor Francisco Álvarez Valdés, en el sentido de que el Poder Judicial necesita fortalecer su músculo político, no para politizar partidariamente a los jueces, sino hacer que asuman conscientemente el poder que deriva del orden jurídico el Estado.
Explicó que esta idea está relacionada con la libertad de asociación de los jueces y de las potencialidades que resultan de ser un sector de profesionales inamovibles, con formación suficiente para comprender el problema que surge de la conculcación anual del presupuesto de un poder público, reduciéndolo por debajo del mínimo legal establecido, con evidente subversión del orden constitucional.
Sin embargo, el Juez Presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís refirió que el 2016 fue el año del arranque del Poder Judicial en la búsqueda de su autonomía.
Recordó que los jueces organizados en sus tres asociaciones y una comisión coordinadora de la lucha por su autonomía administrativa y presupuestaria, dieron inicio a un proceso de campaña que tuvo como punto de ignición, la lectura simultánea de un manifiesto, a la misma hora, en todos los distritos y departamentos judiciales de la República, el día primero de agosto de 2016.
“Como recordarán, se diseñaron botones alusivos a la demanda del 2.66% del presupuesto general del Estado, para el Poder Judicial, consignado en la Ley número 194-04, que desde entonces lleva la generalidad de jueces en su toga. Se realizaron otras actividades, como encuentros sectoriales, programas de televisión y momentos de silencio en las salas de audiencia”, significó.
El magistrado Claudio Anibal Medrano citó además que el Consejo del Poder Judicial, convocó a un proceso de consultas a la sociedad civil organizada y a los diferentes actores del sistema de justicia, para levantar un diagnóstico, en el que se identificaran los principales problemas del poder judicial en orden de prioridad, se identificaron los remedios propuestos y, las entidades responsables de su realización, siendo el primero de los seis ejes temáticos de la cumbre, la Autonomía e independencia del poder judicial y el último la gestión administrativa y presupuesto, pasando por los temas de acceso a la justicia, eficiencia en el procesamiento de los casos, coordinación interinstitucional e integridad en la labor judicial.
Dijo que la cumbre concluyó con la firma de un compromiso, que incluye, el reto de impulsar las acciones necesarias para lograr la asignación presupuestaria que le corresponde por ley al poder judicial.
Entiende que la consecución del presupuesto legal, constituye el reto más grande que en lo porvenir debe alcanzar el poder judicial, porque de este depende que el diseño institucional y el equilibrio de los poderes públicos pueda realizarse como está previsto en el programa constitucional.
Señaló que el desafío de la justicia dominicana es grande, porque la brecha entre el programa constitucional y la realidad de la justicia sigue siendo insondable.
“Más aun, porque el mundo ha cambiado. Estamos en el tiempo de la cultura-mundo, de la civilización del espectáculo (Vargas Llosa), o sociedad del espectáculo (Debord), en la sociedad de la información o, como es preferible, en la sociedad del conocimiento.
“Muy a pesar de las limitaciones materiales, el poder judicial avanza. En ocasiones parece retroceder o detenerse, pero avanza”
El Presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, resaltó los logros alcanzado por la judicatura.
“Muy a pesar de las limitaciones materiales, el poder judicial avanza. En ocasiones parece retroceder o detenerse, pero avanza”, expuso.
Citó el caso de San Francisco de Macorís, cuando el pasado día 12 de diciembre, inauguraron junto al escenario de la secretaria común, para todos los órganos de la jurisdicción penal, un Centro de Información y Orientación Ciudadana; Mientras que el mismo día, en horas de la mañana, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, doctor Mariano Germán Mejía, también ha dejó inaugurados un Centro de Entrevistas para Personas Vulnerables y una Sala de Video Conferencias en Samaná.
Explicó que en el Centro de entrevista se obtienen declaraciones informativas o testimoniales, a modo de anticipo de prueba, que es grabada en un video para su utilización en juicio, lo cual realizado en la forma debida, supone el respeto y garantía del interés superior de niños, niñas y adolescentes, sustraídos para su protección del escenario del juicio penal ordinario, mediante el método de la cámara de Gessel y procura prevenir los efectos indeseados de la re-victimización de las personas vulnerables.
El Magistrado Claudio Anibal Medrano entiende que el mecanismo de la videoconferencia ha sido definida en el ámbito Convenio Fundacional como un sistema interactivo de comunicación que transmita, de forma simultánea y en tiempo real, imagen, sonido y datos a distancia de una o más personas que presten declaración, ubicadas en un lugar distinto de la autoridad competente, para un proceso, con el fin de permitir la toma de declaraciones en los términos del derecho aplicable de los Estados involucrados.
Conforme con los propósitos de la recién pasada cumbre el poder judicial, la inauguración de ese Centro de entrevistas en Samaná, otro que está en proyecto para San Francisco de Macorís y la citada Sala de Video Conferencia, se inscriben en los planes de innovación tecnológica y de acercamiento al ciudadano del poder judicial.
“En este sentido, hemos venido reclamando especial atención a los juicios orales en la jurisdicción penal, con la fortuna de que hemos hallado voluntad y apertura en la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo el Poder Judicial y de sus integrantes, al grado de que, a pesar de las precariedades económicas del Poder Judicial, desposeído por los otros poderes del Estado de más del cincuenta por ciento del presupuesto que por ley le corresponde, hemos inaugurado la primera etapa del Modelo de Gestión en la Jurisdicción Penal de San Francisco, lo que incluye el Centro de Información y Orientación Ciudadana y el área de jueces penales, mientras está en proceso de remodelación el espacio de los tribunales de tránsito y de la Corte Penal, a la que hemos incorporado provisionalmente dos jueces, con la autorización del Consejo del Poder Judicial, para facilitar la agilización de los procesos y garantizar una adecuada y más oportuna respuesta a la ciudadanía.
Anunció que en este momento ya están instalados los equipos de sonido y de grabación en el juzgado de la instrucción, y están en proceso de instalación hoy en los tribunales colegiados.
“Pretendemos que la Corte sea un escenario modelo de la incorporación de nuevas tecnologías al servicio de la justicia. Si logramos la incorporación de las tecnologías que pensamos para todos los tribunales penales, los ciudadanos no solo tendrán mejores servicios, en términos de calidad y oportunidad de respuesta, sino, mayor grado de acceso y participación en la administración de justicia, porque podrán ver y oír con claridad todo lo que ocurra en las audiencias y saber qué lleva a los jueces a formarse el juicio decisorio”, apuntó.
El funcionario judicial de la región Nordeste, detalló que pretenden que los tribunales tengan pantallas, retroproyectores y sonidos que permitan a los ciudadanos, seguir el drama del juicio, dominar el rol de cada uno de sus actores y conocer mejor los materiales, los datos e informaciones con los que los jueces construyen sus decisiones, existiendo mecanismos, incluso, para transcripción electrónica de lo que un testigo va diciendo o un abogado alegando, a tal grado que puede ser visualizado simultáneamente en una pantalla.
Resaltó que la inauguración del despacho penal, supone un cambio de paradigma, pues con él se instala una nueva visión sobre el modo de enfrentar la carga de trabajo, para gestionar la solución de los conflictos, asociando la estructura del despacho y el hacer de sus actores a las necesidades de eficiencia del sistema de justicia como servicio público, ahora caracterizado por la homogenización de los procedimientos de gestión administrativa.
“El modelo de Secretaria Común del Despacho Penal, no es un experimento que nace con nuestro Código Procesal Penal en la República Dominicana. Es una experiencia coherente con los sistemas de gestión administrativa de la justicia que a nivel macro ha primado en Europa y mayormente en los Estados Unidos, en donde la Conferencia Judicial ejerce todas las tareas de administración y de gobierno del Poder Judicial y el proceso se gestiona bajo la dirección de jueces administradores”, puntualizó el Magistrado Medrano.