SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Como una "aberración jurídica y una distorsión de la ley" calificó el juez del Tribunal Superior Electoral (TSE) Ramón Arístides Madera Arias la decisión de sus cuatro colegas de adjudicar la quinta diputación nacional al Partido Cívico Renovador (PCR) en perjuicio del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
"Se ha adjudicado una diputación nacional a un partido político que apenas obtuvo como votos propios el 0.15% del total de los votos válidos emitidos en el nivel congresional", argumentó el único juez del TSE que recurrió al voto disidente.
Los otros cuatro jueces adoptaron una decisión “absurda", un "adefesio jurídico” con esta sentencia "injusta y al margen de la ley" en perjuicio de la señora Celia Licelot Encarnación Minyety, candidata del PRM, cuyo escaño pasa a Miguel Ángel De los Santos Figueroa, postulado por el PCR.
Tras definirse como "juez electoral independiente y libre pensador", remarcó que su único compromiso "es con el pueblo y con el adecentamiento del país" y que su obligación "es la defensa y protección de la democracia" para lo cual debe actuar "con transparencia, imparcialidad y objetividad" y por ello se opone a la sentencia de la mayoría de jueces del TSE.
“No tengo que rendirle culto ni cuenta a nadie, ni ser genuflexo ante ninguno de los sectores políticos, poderes fácticos, económicos, sociales o religiosos con los cuales no tengo compromiso, pues antes de asumir el cargo presté juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República”, señaló.
Dijo que por su voto disidente perdió la amistad con el presidente del PCR, general Jorge Radhamés Zorrila Ozuna, de quien dijo ser admirador hace un cuarto de siglo.
El general Zorrila Ozuna decidió retirarle su amistad, pero "como juez no puede prestarme a emitir un voto a favor de una decisión de la JCE que ha sido producto de artimañas, subterfugios y mecanismos incorrectos usados en varias juntas electorales del país”, remarcó.
“Aunque me cueste perder a un amigo, porque los intereses del pueblo están por encima de los intereses individuales, debí emitir el voto disidente", se justificó.
“No se puede adjudicar una diputación nacional a un partido político que ni siquiera de manera imaginaria obtuvo la cantidad de votos necesaria” para ello repitió y lamentó que sus cuatro colegas del TSE “no asumieran con gallardía el rol que les corresponde, ya que en el presente caso no pensaron ni razonaron como jueces, sino más bien como si fueran empleados o funcionarios de la Junta Central Electoral".
"Mis colegas del Tribunal no desempeñaron su rol con independencia, ni atendiendo a la lógica jurídica, ni a los hechos o fundamento fáctico del caso", por lo que son "miles de personas que depositaron su voto por sus candidatos favoritos" y ahora ven "violados sus derechos fundamentales".
Los otros cuatro jueces “me pasaron a mí la aplanadora de manera ilógica, irracional y mecánica” convirtiendo al Tribunal Superior Electoral "en el escuadrón de la muerte de los derechos fundamentales, políticos electorales de los candidatos y de los electores", remarcó.
“Seremos los sepultureros de la democracia, porque les estamos dando una estocada mortal a los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución a favor de las personas, a pesar de que en nuestra calidad de tribunal guardián y custodio de la democracia estamos obligados a garantizarlos en virtud de los mecanismos que la ley pone a nuestro alcance”, subrayó.
“Lamentablemente estoy en la obligación de firmar el presente adefesio jurídico, denominado Sentencia TSE-782-2020, de fecha 28 de julio del año 2020, pero aunque me da vergüenza hacerlo, con dolor del alma, por disposición de la ley estoy obligado a firmar esa aberración jurídica”, remató.