SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Las Asociaciones de Jueces de la República Dominicana solicitaron a la Comisión Bicameral la revisión del presupuesto del 2014 y demandaron el cumplimiento de la Ley 194-04, sobre Autonomía Funcional, Administrativa y Presupuestaria de los Poderes Legislativos y Judicial.

Los magistrados requirieron a través de una carta dirigida al senador Dionis Alfonso Sánchez Carrasco, presidente de la Comisión Bicameral, cumplir las disposiciones de la Ley 194-04, la cual dispone que de los Ingresos Internos del Estado por lo menos el 4.10% corresponden al Poder Judicial, destinando el 65 por ciento  a la Suprema Corte de Justicia y el  35 por ciento a la Procuraduría General de la República.

En la misiva remitida el miércoles 16, los jueces manifestaron que conforme al Proyecto de Presupuesto elaborado para el año 2014, este porcentaje representa una asignación para la Suprema Corte de Justicia de más de 11 mil 200 millones de pesos.

Expusieron además las necesidades de la población para el óptimo funcionamiento del órgano judicial, como la necesidad de habilitar Servicios Judiciales, el acondicionamiento de locales donde funcionan numerosos Tribunales  y mejorar las condiciones laborales de los Servidores Judiciales.

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“No podemos dejar de mencionar la urgencia que significa para la ciudadanía dominicana el abastecer al Poder Judicial de los recursos necesarios"

A pesar de que la asociación admite estar “consciente de la realidad económica que en los actuales momentos impera en la República Dominicana que exige del sacrificio de todos”, enfatizó su apoyo al presupuesto sometido por el Consejo del Poder Judicial, el cual asciende a más de ocho mil millones pesos.

“No podemos dejar de mencionar la urgencia que significa para la ciudadanía dominicana el abastecer al Poder Judicial de los recursos necesarios para poder responder a las necesidades judiciales de los dominicanos y las dominicanas, ya que el sistema se ha desempeñado en los últimos años con un presupuesto que  va en reducción al ser comparado con la creciente población de la República Dominicana”, expresaron en la comunicación.

Asimismo, en la carta firmada por Catalina Ferrera Cuevas de la Red Nacional de Jueces (RNDJ), Rosalba Garib Holguín, perteneciente a Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO) y Yudelka Villanueva, de la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana (ASOJURD), exteriorizaron la obligatoriedad de los recursos para garantizar los derechos de los ciudadanos en forma “democrática y civilizada”.