SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El síndico de Bayaguana Nelson Osvaldo Sosa Marte (Opi), procesado y bajo prisión preventiva por disposición de una corte de justicia, por ser el autor intelectual del homicidio del regidor Renato Castillo, podría ser favorecido para salir de prisión y retornar al gobierno local de Bayaguana.
Este miércoles ser conocerá en la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo un recurso de revisión de la prisión preventiva del ex alcalde, quien también fue suspendido del Partido de la Liberación Dominicana como miembro de esa entidad. El regidor asesinado era también del PLD.
El diputado de la Provincia de Monte Plata Juan Hubieres, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, denunció que existe una maniobra encaminada a exculpar al alcalde y a sacarlo de la cárcel, y que para ello desde el gobierno se le han facilitado favores Opi Sosa así como a los sicarios pagados por él para asesinar al regidor Renato Castillo.
Juan Hubieres dio a conocer que tanto el síndico como los sicarios tienen a su disposición teléfonos móviles en la cárcel de San Pedro de Macorís, donde está el síndico, y en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, donde se encuentran los sicarios.
Hubieres dijo que los teléfonos que tienen en amibos casos se están utilizando para presionar a personas, chantajearlas y evitar que sigan dando testimonios o entregando información sobre las actividades delictivas del alcalde y los sicarios.
Denunció Juan Hubieres que hay por lo menos dos personas que han sido duramente golpeadas por haber ofrecido informaciones que supuestamente perjudican a Opi Sosa y a un sicario conocido como Freddy Ortiz.
Para el diputado las personas en prisión debían estar en Monte Plata y no en San Pedro y La Victoria, porque en las cárceles donde están tienen todos los privilegios, facilidades, comodidades y tecnologías para la comunicación y para seguir metiendo miedo a las personas e incluso a los familiares del difunto regidor Renato Castillo.
Las petición de las revisiones de las medidas de coerción se conocerán este miércoles en la Provincia de Santo Domingo, a instancia de los abogados de cada una de las partes, pero que quien encabeza el proceso es el abogado Tomás Castro Monegro.
Juan Hubieres denunció que hasta el momento la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo, responsable de la investigación penal y de recaudar las pruebas, no ha hecho nada para encaminar el proceso y que los criminales sean condenados.
“No han hecho nada en la investigación. No han solicitado al Departamento Tecnológico de la Policía Nacional, el DICAT, los vídeos, no han solicitado la necropsia del cadáver, las pruebas de las llamadas telefónicas o el mapeo satelital, que es la forma que tienen para que estas personas puedan ser condenadas”, dijo Hubieres a Acento.com.do
Explicó que los fiscales a cargo de la investigación sobre Robert Rodríguez y Jesús Mejía, quienes no han movido ningún mecanismo, ni han entrevistado o interrogado a personas, y han permitido que los responsables del crimen ejecuten una política de terror.
No entiende el diputado las razones por la que el procurador de Monte Plata, Virgilio Peralta, fue ascendido y llevado como Procurador General Adjunto, a la capital, luego de los acontecimientos que enlutecieron a la provincia.
“Hay una trama para desmantelar el expediente, y parte de esta trama es la comunicación permanente que existe de los apresados con los demás personas, para chantajearlas, con amenazas, y hasta han dado muchísimos golpes a quienes han brindado apoyo a la familia de Renato castillo”.