SANTO DOMINGO-. La plataforma de recaudación de fondos Jompéame, que ha sido en la semana el centro de un debate sobre la legalidad de la publicación de fotos de niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, ha fijado posición ante la exigencia del Ministerio Público, de que elimine todas las fotos de menores, por violentar la Ley 136-03 del Código para el Sistema de Protección y los derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
"Nosotros como Jompéame entendemos que no hemos vulnerado las disposiciones de la Ley 136-03 ni ninguna otra normativa. Esperamos un trato igualitario ante la ley, el respeto de nuestros derechos fundamentales. Y sobre todo, un NO A LA CENSURA", publicó en sus plataformas de redes sociales, en un mensaje que lleva de título "Estamos luchando juntos", y que bien refleja el respaldo que ha tenido esta organización en las redes sociales luego de que el Ministerio Público informara que otorgó un plazo de siete días a Jompéame para que removiera de sus plataformas "todas las publicaciones que vulneren derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, incluyendo una reciente que aborda de forma inadecuada el embarazo de una menor de edad".
El Ministerio Público también ordena que desde Jompéame "no pueden hacer ninguna publicación relacionada, ni que exponga datos, informaciones e imágenes que afecten la intimidad, imagen e integridad de niños, niñas y adolescentes”.
En la versión de Jompéame dada a conocer en una publicación de Instagram, se explica que Katherine Motyka, fundadora de la plataforma, tuvo un encuentro con Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del Ministerio Público, el pasado martes 23 de febrero.
"Se nos comunicó (en ese encuentro) que las publicaciones en nuestra plataforma, representaban una violación a la Ley 136-03 del Código para la Protección de los niños, niñas y adolescentes. Una ley sancionable con cárcel. Más tarde ese mismo día, esto fue afirmado y difundido en todos los medios, negando nuestro derecho a la presunción de inocencia", se queja la comunicación de Jompéame.
"Se nos exigió eliminar todas las publicaciones donde se reflejara el rostro o la identidad de un menor de edad en un plazo de 7 días, sin importar que contáramos con el consentimiento de sus tutores. Además, se nos ordenó no volver a realizar ninguna publicación relacionada con niños, niñas o adolescentes. Nos duele".
La comunicación termina expresando que se encuentran "atados" al emplazamiento del Ministerio Público, obligados a eliminar los casos trabajados en los últimos cinco años. El plazo para borrar todas las imágenes vence el martes 30 de marzo.
A continuación, el comunicado de forma íntegra de Jompéame:
El 23 de marzo del 2021 tuvimos una reunión ante el despacho de la magistrada Olga Diná, fiscal titular de la Dirección Nacional de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del Ministerio Público.
Se nos comunicó que las publicaciones en nuestra plataforma, representaban una violación a la Ley 136-03 del Código para la Protección de los niños, niñas y adolescentes. Una ley sancionable con cárcel. Más tarde ese mismo día, esto fue afirmado y difundido en todos los medios, negando nuestro derecho a la presunción de inocencia.
Se nos exigió eliminar todas las publicaciones donde se reflejara el rostro o la identidad de un menor de edad en un plazo de 7 días, sin importar que contáramos con el consentimiento de sus tutores. Además, se nos ordenó no volver a realizar ninguna publicación relacionada con niños, niñas o adolescentes.
Nos duele. Nos duele no poder mostrar la sonrisa de Ashley que ya puede caminar con su prótesis nueva. Nos duele que no puedan ver los ojitos de Jeziel luego de su trasplante de hígado o a Melissa, quien ya está en recuperación luego de extirpado el tumor en su pierna.
Nosotros como Jompéame entendemos que no hemos vulnerado las disposiciones de la Ley 136-03 ni ninguna otra normativa. Esperamos un trato igualitario ante la ley, el respeto de nuestros derechos fundamentales. Y sobre todo, un NO A LA CENSURA.
Siempre hacemos nuestro mayor esfuerzo por proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, aún estamos atados al emplazamiento impuesto por el Ministerio Público, obligados a eliminar los casos que hemos trabajado en los últimos 5 años. Solo nos quedan 5 días.