El exprocurador Jean Alain Rodríguez solicitó a la Suprema Corte de Justicia la fijación de la audiencia para conocer el recurso de casación que interpuso ante la supuesta violación de sus derechos de la que ha sido víctima.
La defensa del exfuncionario informó que los plazos de respuesta han vencido por lo que según establece la ley, el mismo adquiere carácter de admisibilidad.
Por tanto, aseguraron los abogados de Rodríguez, la SCJ estaba obligada a dar respuesta a la solicitud del recurso de acuerdo a los plazos establecidos por el Código Procesal Penal, los cuales establecían unos 30 días posterior al sometimiento del mismo.
Vencido este plazo, explican, de manera ventajosa se da por asumido de acuerdo al Art. 154 del referido código, que el mismo ha sido admitido.
“Debido a que la Suprema Corte de Justicia no ha planteado una respuesta definitiva sobre el recurso de casación sometido el pasado 12 de octubre, han transcurrido dos meses y ocho días, el doble del período establecido por la ley y de acuerdo a acta levantada por un alguacil de la propia SCJ, el recurso adquirió admisibilidad según el Art. 154 del Código Procesal Penal”, indicó Carlos Balcácer, uno de los juristas que defienden al exprocurador.
Explicaron que, de acuerdo al Art. 154 del Código Procesal Penal, cuando la Suprema Corte de Justicia no resuelve un recurso dentro de los plazos establecidos, se entiende que ha admitido la solución propuesta por el recurrente.
“Al no recibir respuesta por el acto de alguacil para el pronto despacho de la respuesta enviado el viernes y por la reiteración enviada esta mañana, los miembros de la defensa apelan que se fije la fecha de la audiencia en la Alta Corte para conocer la violación y atropello a la que fue sometida Jean Alain Rodríguez”, indicaron.
Rodríguez, principal imputado en el caso Medusa, tiene casi seis meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombre cumpliendo la prisión preventiva de 18 meses, y ayer lunes el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le ratificó la medida.
Sus abogados afirman que el exprocurador guarda prisión "sin que se haya presentado indicios o evidencias probatorias sólidas de que él haya cometido actos irregulares o incrementos en su patrimonio".