SANTO DOMINGO, República Dominicana.- “Esta última rendición de cuentas de esta gestión llega en un momento de muchas especulaciones mediáticas sobre qué hizo o dejó de hacer durante estos cuatro años, y en especial sobre lo que yo, como procurador, hice o dejé de hacer, por lo que creo que es justo que antes de irme de esta noble institución y continuar con otros importantes proyectos, recordar qué fue lo que se hizo y qué fue lo que no se hizo en estos 4 años”.

Así se expresó el procurador general de la República Jean Alain Rodríguez al presentar las memorias de su gestión ante los colaboradores de la institución, pasando a seguidas a realizar un recuento de esas acciones.

Rodríguez, al hacer un recuento de su gestión, afirmó que “nunca fue sometida ninguna persona sin que los fiscales ofrecieran a los juzgadores las pruebas suficientes, sin importar la presión pública ni los intereses que pudieran moverse tras bastidores. Siempre respeté los derechos de cada ciudadano y persona”.

En ese mismo orden, dijo que tampoco se quedó “de brazos cruzados” ante la corrupción y las denuncias, fuesen en la prensa o mediante acciones legales, llegando hasta someter a personas del mismo partido en el cual militó antes de ser procurador.

“Esa es una prueba irrefutable de mi independencia que nadie puede negar ni borrar. La corrupción es un tema de tanta importancia para todos que requiere recordar aún más detalles, porque al comenzar esta gestión había muchos asuntos en materia de corrupción pendientes de decisiones o de acciones, que hoy se encuentran finalmente ante la Justicia, gracias al gran trabajo de todos ustedes que me han acompañado estos cuatro años”, expuso ante los colaboradores de la institución que participaron en el acto.

Explicó que cuando llegó a la Procuraduría, el expediente conocido como Los Tucanos “apenas estaba en pañales” y que no existía ni una acusación formal ni un expediente completo.

“Al concluir esta gestión el caso lo tenemos en etapa de juicio, contra nueve personas y empresas imputadas”, expresó el jefe del Ministerio Público sobre el caso que lleva en los tribunales desde el año 2013.

De igual manera, dijo que al inicio de su gestión el fraude del terreno de Los Tres Brazos, impune desde el año 2010, tiene ahora una acusación depositada contra 17 personas y empresas imputadas, con un expediente de más de 200 pruebas ante los tribunales.

“Cuando llegamos, el caso de Bahía de las Águilas, un fraude de más de 20 años, no estaba resuelto y en esta gestión logramos sentencias favorables y cerramos por fin el expediente y hoy esos terrenos han sido devueltos al Estado dominicano. Bahía de las Águilas cuando llegamos le pertenecía a un grupo de empresarios, hoy les pertenece a todos los dominicanos”, indicó.

El procurador general también se refirió al escándalo internacional de Odebrecht, destacando que junto con un equipo de los mejores ministerios públicos del país, selección que nadie la ha puesto en duda, iniciaron una investigación como antes nunca se había hecho en la República Dominicana, bajo una presión social, política y mediática más grande que cualquier otro caso de corrupción a cargo de fiscales en las décadas recientes.

“El expediente Odebrecht está hoy en etapa de juicio, con seis imputados acusados, incluyendo un ex ministro y varios ex congresistas. Un expediente, señores, de más de 1,700 pruebas que superó más de 100 incidentes interpuestos por muchos de los mejores abogados penalistas de este país. Y este Ministerio Público los ganó. Tenemos un caso y grandes expectativas de que haya Justicia”, precisó.

En ese orden, manifestó “Quiera Dios que las nuevas autoridades dispongan el empeño para que este caso pueda llegar hasta las últimas consecuencias y que un nuevo procurador no tenga compromiso con cualquiera de los imputados para liberarlo del proceso”.

Rodríguez tildó de narrativa política los señalamientos de que en el caso Odebrecht “faltan más personas”, y las acusaciones de que ha cerrado líneas de investigación, lo cual refirió que “es una tremenda falacia, una mentira con intención dañosa”.

Dijo que trabajaron sobre la base de los indicios que recibieron, sin dejar fuera ni una sola persona mencionada en los documentos entregados por Brasil y que fueron investigados más de 200 personas que podrían haber tenido algún tipo de participación.

“La persona que me sustituya como procurador, podrá revisar toda la documentación, explorar cuantas líneas de investigación adicionales desee y, si encuentra nuevas pruebas contra los inculpados u otras personas, iniciar los procesos que considere pertinentes ante los tribunales”, expuso.

Dijo que en el caso Odebrecht, lo que no hicieron fue rehuir la responsabilidad de dirigir exitosamente una investigación compleja y complicada, más que cualquiera otra de su tipo en la historia del Ministerio Público dominicano, para llevar el caso a la jurisdicción de juicio donde debe hacerse Justicia y no cerrar la investigación nunca.

Declaró que ahora le tocará al nuevo procurador, continuar el caso, fortalecerlo, lograr condena para los ya imputados e incluir a todo aquel que pudo quedar fuera y encuentre pruebas.

“Al Ministerio Público, al pueblo dominicano, sociedad civil, amigos de la prensa, continúen exigiendo la no impunidad con igual o mayor vehemencia, porque yo también quiero justicia, recordando que cuando la sangre ni huele ni hiede, la justicia no oye”, manifestó durante el emotivo acto realizado en la sede de la institución.

Sin embargo, Rodríguez no se refirió a los llamados “codinomes”, nombres en claves de personas o empresas no conocidas que fueron beneficiadas por un monto de 39.5 millones de dólares que se pagó en secreto por la construcción de la termoeléctrica Punta Catalina, según reveló un reportaje hecho por la periodista Alicia Ortega, en el programa El Informe, en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

La revelación conllevó la renuncia del presidente del Consejo de Directores de la Bolsa de Valores de República Dominicana (BVRD), Gregory Salcedo Llibre, así como del subadministrador de Negocios Gubernamentales del Banco del Banco de Reservas, José Manuel Guzmán Ibarra.

La investigación también vinculó al economista Andrés – Andy – Dauhajre, quien según los documentos divulgados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación se evidencian cinco pagos a la empresa Baker Street Financial Inc., por más de US$ 3,3 millones.

Dauhahre fue asesor de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) durante el proceso de licitación de la planta Punta Catalina, trabajo por el que cobró 500 mil dólares.

Dos meses después pasó a asesorar a la que resultó ganadora de la obra, Odebrecht, con el objetivo de presentar una serie de opciones y alternativas que permitiesen reestructurar la propuesta original de financiamiento que el Consorcio OTE había presentado durante la licitación, según explicó Dauhahre en un espacio pagado en diversos medios de comunicación.

Para ello fue contratada a finales de enero del 2014 su compañía Baker Street Financial Inc., una sociedad incorporada en el 2003.

La participación del economista fue llevada ante la justicia por Gómez Mazara, entonces miembro del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y por Domingo Rojas Pereyra, quienes en noviembre del 2019 solicitaron a la magistrada procuradora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, investigar el rol, las operaciones, los actos de parcialidad, cumplimiento del pago de impuestos y recepción de fondos provenientes de la empresa constructora Odebrecht a favor del economista.

El día 26 de diciembre la Procuraduría General de la República notificó el archivo definitivo del proceso de investigación, decisión que fue impugnada por el político y académico.

Casos “sensibles”

En su rendición de cuentas, Rodríguez afirmó que no ignoró casos que laceran las fibras más sensibles de los dominicanos, destacando que junto al equipo de trabajo de la Procuraduría realizaron todo lo necesario, con diligencia y prudencia, para que esos casos pudieran avanzar.

Expresó ”los asesinos de la niña Carla Massiel, de Emely Peguero y de Mateo Aquino Febrillet, por mencionar algunos casos muy sonados, están todos guardando prisión, algunos condenados de forma definitiva e irrevocable. Igual ocurre con otros crímenes que no lograron relieve en la prensa, pero cuyas víctimas y sus familiares por igual merecen toda la protección judicial para castigar culpables y remediar sus daños y pérdidas”.

El jefe del MP dijo que tampoco cerró los ojos ante el narcotráfico, poniendo su vida y la de su familia en riesgo constante. En esta gestión, sostuvo logró desmantelar una de las principales estructuras criminales de este país y hasta duplicar la cantidad de droga incautada, generándole pérdidas de millones de dólares a los narcotraficantes.

Jean Alain Rodríguez, quien ha sido acusado en diversas ocasiones por fiscales que pertenecen a la carrera del Ministerio Público, de haber hecho retroceder por lo menos 18 años al Ministerio Público, desde que inició su gestión en el 2016, aseguró que nunca utilizó su posición para perseguir o hacer daño.

“Nunca utilicé el poder de este cargo para hacer daño o perseguir a ningún inocente ni persona ajena al interés de la Justicia. Todo lo contrario. La autoridad de este cargo, temporal y fugaz como casi todas las cosas en la vida, fue para proteger a los más vulnerables, siempre, siempre, actuando conforme a la Ley y al imperativo moral de la Justicia”.

Rodríguez también fue protagonista de un áspero enfrentamiento con la exjueza Miriam Germán Brito, en la sesión de evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura, que además de durísimas críticas, le valió innumerables cuestionamientos y acusaciones sobre el uso de los recursos por parte del funcionario para tener acceso a información privada.

Específicamente, durante las evaluaciones que hacía el Consejo al desempeño de doce jueces del alto tribunal que debían someterse a ese rigor, entre las que se encontraba Germán Brito, el procurador puso en duda ante el Consejo la honorabilidad de la magistrada al presentar cartas anónimas, que supuestamente se objetaban la continuación de la exjueza en la Suprema Corte de Justicia.

Posteriormente, la Procuraduría General de la República confirmó que el teléfono de Germán Brito había sido intervenido debido a una investigación que realizaba contra el supuesto narcotraficante Richard Miguel Gloss Ovalles o Richard Molina Ovalles, a quien la jueza identificó como la persona que le construyó una casa en Ocoa.

En marzo del 2019, Bolívar Sánchez, inspector general del Ministerio Público, confirmó que el 24 de noviembre del 2018 orden de interceptación telefónica a la jueza Odania Lapaix Mejía de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, a un número telefónico que tenía diversas llamadas, salientes y entrantes, al móvil de Richard Miguel Gloss Ovalle o Richard Molina Ovalle. El contenido de la intercepción, aseguró, no fue utilizado.

La solicitud de interceptación del número de Miriam Germán, se hizo nueve días después de que Molina Ovalle se suicidó en el Mirador Sur.

En las declaraciones carta anónima que leyó el procurador general durante la sesión de evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura, el funcionario afirmó que en la misiva se acusaba a la magistrada Germán Brito de poseer bienes que no puede justificar con el sueldo de jueza que percibe, además de utilizar a un hijo suyo como testaferro, “colocándose su nombre en bienes que él no puede justificar, pues se trata de un joven que nunca ha trabajado y que es interdicto declarado legal, del cual la magistrada Germán es la tutora legal y como tal firma las compras de este joven”.

Posteriormente, la exjueza informó que los bienes que están a nombre de sus hijos son herencia del padre del joven.

Luego del encuentro y debido a las críticas generadas, el procurador pidió disculpas a la exmagistrada y anunció que se inhibiría de participar en el proceso de evaluación de Germán Brito.