SAN PEDRO DE MACORÍS, República Dominicana.-El pasado director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) provocó un serio conflicto legal y económico al arrendar los mismos terrenos a tres empresas distintas: Constructora Castelar, Azucarera Porvenir e Inversiones Nacari S.R.L.

La Constructora Catelar es propiedad del consorcio Vicini-Campollo; Azucarera Porvenir es propiedad de inversionistas españoles y la empresa Inversiones Nacari S.R.L es atribuida a la familia Hazim Frappier, de San Pedro de Macorís, pero representada por terceras personas.

Reporteros de Acento.com.do intentaron comunicarse con el ex senador para obtener su punto de vista, pero no fue posible. De igual manera, los abogados representantes del consorcio Vicini-Campollo no respondieron a la solicitud de una entrevista.

La disputa de los distintos grupos económicos supone además un lesivo impacto para varias comunidades y cientos de obreros que trabajan al servicio de los distintos arrendatarios.

Todo empezó el 22 de septiembre de 2010, cuando un grupo de inversionistas españoles adquirió en arrendamiento los terrenos del histórico Ingenio Porvenir, en San Pedro de Macorís, con el compromiso de pagar una renta fija anual de un millón de dólares y otra equivalente al 2% de sus ganancias con cada zafra.

Para entonces los nuevos inversionistas, representados por Joaquín Francisco Martín Montero, no se imaginaban que la Azucarera Porvenir, la empresa a través de la cual solicitaron el arrendamiento, tendría una presencia constante en los medios de comunicación por razones muy distintas a las que ellos hubieran deseado.

El 21 de octubre, el CEA, que entonces era dirigido por Juan Francisco Matos (Frank Matos), cedió unas 300 mil tareas en arrendamiento al grupo Vicini-Campollo en ingenios contiguos, sin dejar claro cuáles son  los linderos que corresponden a cada arrendatario, y sin que ese consorcio dominicano supiera que ya se había arrendado una parte importante de esos terrenos a los inversionistas españoles.

Los inversionistas españoles empezaron a cultivar caña incluso antes de que el CEA midiera el área que les correspondía y asumiendo que los terrenos del desaparecido Ingenio Santa Fe quedaban bajo su administración.

Estos empresarios han citado tres argumentos fundamentales para explicar esta actuación: primero, que en la práctica y la costumbre estas tierras habían pasado al Ingenio Porvenir desde que el Ingenio Santa Fe dejó de moler; segundo, que el terreno del ingenio Porvenir –sin incluir las tierras que pertenecían a Santa Fe- resultaba inferior al que habían adquirido en arrendamiento puesto que el ingenio tiene 165 mil 400 tareas y 80 mil de éstas pertenecen a colonos; y, por último, que tomaron posesión estrictamente de las tierras que el CEA les entregara en los planos.

Aunque Juan Francisco Matos ha afirmado que el terreno arrendado a estos inversionistas pertenece únicamente al ingenio Porvenir, existen documentos que contradicen su posición. Por ejemplo, en una conferencia dictada en agosto de 2010, Faustino Jiménez, entonces director del Instituto Nacional Azucarero (INAZUCAR) y miembro del Consejo de Directores del CEA cuando se produjo el acuerdo, indicó que la Azucarera Porvenir sería arrendataria de terreno tanto en el ingenio del mismo nombre con en el Santa Fe.

En dicho documento también se hace referencia a que luego de que fue firmado el contrato con los inversionistas españoles, el mismo Consejo de Directores del CEA les otorgó 10 mil tareas más con las mismas condiciones que las primeras cien mil, de modo que, en total, serían arrendatarios de 110 mil tareas.

"Este grupo (Vicini-Campollo) obtuvo en arrendamiento unas 300 mil tareas pertenecientes a los ingenios Consuelo y Quisqueya por un período de 30 años y por lo cual le pagarán al Estado anualmente y durante ese período 2.4 millones de dólares para elevarse durante el período de arrendamiento a 72.0 millones de dólares. El segundo grupo, de capital español (..) adquirió 110 mil tareas cultivadas de caña de los ingenios Porvenir y Santa Fe y la primera central para la producción de azúcar", explicaba el técnico en una conferencia en la que felicitaba la decisión del presidente Leonel Fernández de arrendar esos terrenos cañeros, porque, a su juicio, "se habían convertido en una especie de piñata muy codiciada y de la cual todo el mundo quería coger un pedazo".

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Pese a las afirmaciones de Jiménez, el contrato del CEA con el grupo Vicini-Campollo, que tampoco contempló los límites precisos de las tierras concedidas, hizo referencia clara a que, además de los ingenios Quisqueya y Consuelo, otorgaba en arrendamiento el Ingenio Santa Fe.

Desde entonces, el conflicto no ha cesado. Los Vicini-Campollo a través de la empresa arrendataria, la Constructora Castelar, solicitaron en el Juzgado de Primera Instancia de San Pedro de Macorís la emisión de una orden de desalojo contra Azucarera Porvenir; pero el pasado 29 de abril el juez Luis Alberto Adames Mejía emitió una sentencia rechazando la demanda bajo el argumento de que en ninguno de los dos contratos  quedaban establecidos los límites de los territorios arrendados, lo que indica que el entonces director del CEA, Frank Matos, al conceder a diversas partes el arrendamiento sin definir con claridad los límites, había provocado un grave problema legal.

El fallo, literalmente, estableció que "los derechos que alega la demandante (Constructora Castelar) sobre los terrenos demandados están en discusión, ya que tanto ella como la demandada (Azucarera Porvenir) son arrendatarias formales del Estado Dominicano y del Consejo Estatal del Azúcar, sin que estos últimos hayan podido delimitar en esta instancia el alcance de los respectivos contratos de arrendamiento, a pesar de que han intervenido en el proceso (de la demanda)".

El tribunal se declaró incompetente para ordenar el desalojo de las tierras presuntamente ocupadas por Azucarera Porvenir alegando que ninguna de las partes podía probar cuál porción de terreno le correspondía exactamente.

Por su parte el CEA, representado en el proceso, se había limitado a dejar a cargo del tribunal el litigio que su propio director había provocado.

Públicamente esta institución estatal ha responsabilizado a Azucarera Porvenir de estar en terrenos que no les corresponden, dándole la razón al grupo Vicini-Campollo, pero sin haber sido capaz de aclarar qué cantidad de tierra, y dónde está ubicada, les corresponden a las partes enfrentadas.

Pero esto no es todo. Después de haber cedido el mismo territorio a dos empresas, el CEA hizo negociaciones con un tercer arrendatario: Inversiones Nacari, una empresa representada legalmente por Nathalia Ramos Mejía, pero que, según fuentes del propio emporio estatal y de personas allegadas al sector azucarero, es propiedad del dirigente político reformista José Hazim Frappier, de San Pedro de Macorís.

A través de un contrato fechado el 16 de noviembre de 2010 a esta empresa le fueron otorgadas 22 mil tareas ubicadas en las colonias Consuelito, Jalonga, Paraiso II, Basca y Victoria, de los ingenios Porvenir y Santa Fe, de modo que en este caso también se trata de tierras que fueron arrendadas previamente a Azucarera Porvenir, sino en su totalidad, al menos en una parte.

Según ha testificó Joaquín Francisco Martín Montero, el empresario español que está al frente de Azucarera Porvenir,  los Vicini-Campollo tienen en su poder cerca del 50% de los terrenos arrendados a él y, con los que reclama ahora Inversiones Nacari, su contrato quedaría prácticamente erradicado.

"Entre los (terrenos) que Constructora Castelar reclama. Así como Nacari, quedaría sin objeto el contrato de Azucarera Porvenir, pues me lo quitan todo", afirmó durante el proceso judicial conocido en el juzgado de primera instancia de San Pedro.

El abogado José Guzmán, representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en El Seybo y activista por los derechos de los campesinos de la región Este, explica que todas las irregularidades señaladas anteriormente se suma el hecho de que los arrendamientos se produjeron en violación a la Ley 141-97, sobre la Reforma de la Empresa Pública.

"La llamada Ley de Capitalización dice claramente que estos bienes debieron ser arrendados luego de hacer un concurso, pero el proceso se hizo grado a grado", detalla.

El activista sostiene que el desastre ocasionado por el CEA es un "latrocinio" y el resultado de la complicidad de las autoridades de ese organismo con algunos empresarios.

Un gran impacto sobre la población vulnerable

Por desgracia, este conflicto no se limita a un problema legal. En los campos de caña y en los caminos vecinales de los bateyes involucrados se ha gestado una situación de un impacto mucho mayor, pues afecta justamente a los obreros, los más vulnerables del negocio cañero.

En pocos meses el ambiente se ha cargado de sangre, luto y terror en las pequeñas comunidades de las zonas en disputa, sobre todo en bateyes como Margarita y Haití Mejía, que están casi constantemente militarizados desde que comenzó la pugna entre los grupos empresariales.

La medida de llenar estas comunidades de militares armados como quien se dirige a una guerra fue tomada por el CEA para presuntamente "evitar disturbios" luego de que, el pasado 17 de julio, se produjera un enfrentamiento por el control de unos terrenos ubicados en Mata de Palma que dejó el saldo de dos personas muertas y varias heridas.

En el hecho murieron Orlando De los Santos Santana, un sargento de la Policía Nacional de 31 años que laboraba al servicio de Constructora Castelar, y  Alexis Cayetano (conocido Kiko), de 45, al servicio de la Azucarera Porvenir. Los heridos fueron identificados como Orlando Ramírez, un ex sargento de la Policía que habría recibido cuatro balazos, y Felipe Castellanos, conocido como El Gago.

Quienes atestiguaron esta tragedia narraron que el sargento al servicio del grupo Vicini-Campollo se dispuso a acatar las órdenes que tenía de expulsar del lugar a los trabajadores de la Azucarera Porvenir.

Los testimonios que trascendieron dieron cuenta de que De los Santos Santana les disparó a varios obreros que se negaban a abandonar sus labores en el campo cañero, provocándole la muerte una persona y heridas a varias. Los demás obreros fueron en defensa de sus compañeros y atacaron al sargento con armas blancas y lo golpearon con el tanque de un extractor hasta haberlo matado.

Las consecuencias de este enfrentamiento, naturalmente, fueron enormes. Los trabajadores que se enfrentaron entre sí eran personas con una relación cercana y amistosa  antes de que se produjera el evento.

Este drama se puede ilustrar claramente con el caso de Felícita Rosario, de 48 años de edad. Su hijo y su nuero son dos de los cuatro obreros que fueron apresados por el caso, todos trabajadores de Azucarera Porvenir.

Su hijo y su nuero están entre los obreros que fueron apresados por el caso. La indignación que sufre ha alterado incluso las relaciones con algunos de sus vecinos o parientes que trabajan para la Constructora Castelar: No puede entender que prefieran hacer silencio cuando los periodistas los interrogan con relación al conflicto de julio pasado, por ejemplo. Les pide que hablen y los acusa de ser indolentes.

"No hablan porque tienen miedo y porque los que están presos no son hijos de ellos. El hijo mío estaba echando un día de trabajo y, porque estaba ahí, lo metieron preso. Estamos pagando los que no tenemos que ver con eso", dice la mujer con gestos de enojo y dolor.

Como la familia de Felícita, muchas más padecen incontables amarguras ya sea porque sus parientes y amigos fallecieron, quedaron heridos o fueron apresados luego de aquel enfrentamiento.

No solo los que fueron afectados directamente sufren las consecuencias de los negocios oscuros del CEA. En sentido general, el ambiente que se vive en estas comunidades está repleto de tensiones y miedos, sobre todo por la presencia de militares al servicio del CEA que les impiden a los lugareños incluso el derecho a trasladarse libremente por algunos espacios públicos.

Esta fue, precisamente, la razón por la que el señor Carlos Manuel Zorrilla, un empleado privado que vive en Mata de Palma decidiera elevar un acto de advertencia dirigido a las autoridades del CEA y las Fuerzas Armadas con relación a la que consideran una situación irregular y brutal.

La instancia, llevada a cabo a través de la Comisión de Derechos Humanos de El Seybo, refiere que las limitaciones que imponen los militares son deleznables y bochornosas.

Así lo manifiesta también la señora Many Pérez, del batey Margarita, cuando se le pregunta sobre la presencia del cuerpo armado en su comunidad: "Lo que está pasando aquí es que nosotros no podemos caminar. Tenemos que estar trancados en el patio porque tenemos miedo de caminar. El batey todos los días está lleno de guardias. Nosotros no sabemos de qué forma está esa guardia aquí. Los muchachos no pueden andar. Tenemos que guardarlos dentro de las casas porque estamos presos. No sabemos por qué. Estamos presos", narra la mujer.

Cuenta además que meses antes la gente vivía en calma y hasta tenía oportunidades de trabajo; pero estas ventajas se perdieron cuando fueron incendiados los campos de caña que la Azucarera Porvenir había cultivado en esa zona.

"Cuando los españoles estaban aquí, nosotros comíamos a diario. Pero desde que los sacaron de aquí… los muchachos pasando hambre… Uno come así, así, porque Dios quiere. Porque los españoles sembraron caña aquí y vinieron los Campollo a arrancar la caña y desbarataron todo el trabajo que ellos hicieron", agrega.

También el batey Haití Mejía pasa por una situación muy similar. Un día cualquiera aparecen los militares por todos los caminos los moradores pierden sus libertades sin que se les de una explicación coherente al respecto.

Razones económicas

Los jornaleros que viven en los bateyes en disputa hacen referencia a algunas razones económicas que atizan el problema, entre los que se destaca el hecho de que los españoles ofrecen a los trabajadores mejores salarios y condiciones laborales, situación que ha obligado a los demás arrendatarios a aumentar el monto de la nómina de empleados.

Según los testimonios recorridos por este medio, Azucarera Porvenir da prioridad a los jornaleros de los bateyes en los que tiene sus cultivos, ofrece mejores salarios y fija una jornada laboral conforme con lo que estipulan las leyes dominicanas.

Abel Francois, un jornalero al servicio de Porvenir, se refirió a este punto: "Lo que pasa es que los Vicini pagaban el día entero por 200 pesos y Kalil Haché (un colono de la zona) pagaba 112 pesos por medio día y 224 por el día entero. Ahora los españoles pagan 300 pesos por día de trabajo desde las siete de la mañana hasta las tres de la tarde, y a veces sueltan hasta a las 2:30″.

Sostienen que el consorcio Vicini-Campollo y la Constructora Cautelar se vieron obligados a elevar a 300 pesos por día el pago del trabajo en los campos cañeros.

El responsable del conflicto es premiado por el Gobierno

El hombre señalado como el responsable de este conflicto, Juan Francisco Matos, fue destituido del CEA en agosto pasado, pero el presidente Leonel Fernández, lejos de promover que este funcionario sea investigado por la Justicia, lo premió designándolo director del Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR).

Se trata de una persona con antecedentes muy cuestionados en la administración pública. Mientras estuvo al frente del CEA se caracterizó por manejar de forma oscura los bienes públicos. Fue cuestionado públicamente por incumplir la Ley de Acceso a la Información Pública y por negarse a explicar la extraña desaparición de miles de cabeza de ganado del CEA durante su administración.

No es la primera vez que este funcionario da tan malas cuentas de las instituciones a su cargo. Una auditoría de la Cámara de Cuentas reveló que durante su gestión en la Oficina de Custodia de Bienes Incautados hubo serias irregularidades en la administración de esa entidad y hasta recomendó que los principales funcionarios fueran investigados porque había "evidencia de la existencia de indicios de responsabilidad penal".

El documento señala que es evidente que bajo la administración de Matos esa entidad tenía una seria "debilidad en los controles internos", que violaba las disposiciones de las leyes de Función Pública y  sobre Contratación Pública de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones del Estado.