México, 8 sep (EFE).- Hacer una investigación a fondo sobre la trama de corrupción Odebrecht en México implicaría "necesariamente llegar hasta el presidente", afirma el periodista Raúl Olmos, autor de un libro que desgrana los negocios de la constructora brasileña en el país.
Es más, los casos de presuntos sobornos "involucran por lo menos dos gestiones de gobierno: el de Felipe Calderón y el de (el actual mandatario) Enrique Peña Nieto", señaló en una entrevista con Efe.
En su libro "Gigante de lodo. Odebrecht y su historia de corrupción en México", el periodista de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) aglutina varios de sus reportes sobre las operaciones ilícitas de la firma brasileña en el país.
Y resalta, asimismo, la falta de respuesta de la justicia mexicana, que ha hecho que ningún funcionario del país haya sido sancionado hasta la fecha.
Entre los servidores públicos presuntamente envueltos en la trama destaca el nombre de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, a quien la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) investiga por recibir 10 millones de dólares en sobornos.
No obstante, "me parece muy preocupante que cuando se habla de Odebrecht la gente lo liga inmediatamente a Lozoya, cuando no es necesariamente el único personaje involucrado", resalta el autor.
Otros rostros de "la alta política en México", como Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio, exsecretario de Gobernación, "estuvieron ligados con esta trama de corrupción de Odebrecht", comenta.
La investigación exhaustiva de Olmos, en la que ha tenido acceso a documentos de la Fiscalía brasileña, le ha llevado a establecer que una de las "claves" de la impunidad en México fue la existencia de personajes que "maniobraron" para que las pesquisas no avanzaran, gracias a un sistema de complicidades.
El periodista señala el caso de Raúl Cervantes, quien fue el abogado defensor ante las impugnaciones de la elección presidencial de Peña Nieto en 2012 y quien más adelante fue nombrado titular de la Fiscalía.
"Se sabe que las transferencias de recursos fluyeron cuando se desarrolló la campaña presidencial", por lo que Cervantes quedó en mitad de un "conflicto de intereses": "¿Cómo iba a investigar las transferencias de Odebrecht si él mismo formó parte de la campaña?", se pregunta el autor.
Si el tema de los sobornos se hubiera investigado de forma pertinente, "se hubiera puesto en duda la legalidad de la elección", apunta Olmos, quien recuerda que financiar campañas políticas para luego obtener contratos ventajosos fue el "modus operandi" de la constructora en Latinoamérica.
Antes de este sexenio, con Felipe Calderón (2006-2012) como jefe del Ejecutivo, "los beneficios que se asignaron directamente a Odebrecht fueron multimillonarios, y poco se ha observado ese punto".
Por ejemplo, relata, Calderón aparece mencionado en los expedientes que se siguen en Brasil como un presidente interesado en que Odebrecht concretara un proyecto de inversión muy ventajoso para ellos, y en el que también intervino de forma directa el exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
Este proyecto, llamado Etileno XXI y llevado a cabo en Veracruz, dio a la empresa "concesiones ventajosas", con beneficios que se negociaron a un largo plazo de 20 años, y que representa para la brasileña "ingresos anuales por 2.500 millones de dólares".
De acuerdo con Olmos, México todavía está a tiempo de realizar una indagatoria "profunda" que pueda seguir el rastro del dinero y a manos de quién llegó.
Señala que hay un dato que da "esperanza" de cara a la próxima Administración del izquierdista Andrés Manuel López Obrador(que asume la Presidencia el 1 de diciembre) y es que el extitular de la fiscalía electoral Santiago Nieto se perfila como el futuro encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Nieto fue destituido en octubre del año pasado de su cargo después de que denunciara presiones por parte de Lozoya para que declarara públicamente su inocencia.
En diciembre de 2017, la Secretaría de la Función Pública mexicana impuso una sanción a Odebrecht que le impidió obtener contratos públicos en el país en un periodo de cuatro años, por el cobro indebido de 6,2 millones de dólares en el proyecto de una refinería en Hidalgo.
"Le han pegado donde más les duele, en el aspecto económico", porque lo que les interesa ahora, tanto en México como en otros países, es "reactivarse y volver a tener contratos", valora el periodista. EFE