SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Consejo del Poder Judicial conformó junto con la Procuraduría General de la República una comisión para investigar la denuncia de que un juez liberó cuatro acusados de narcotráfico en san Pedro de Macorís.
La comisión de ambas dependencias determinará la responsabilidad del juez Alberto Almonte Barry, del Juzgado de la Instrucción Permanente de San Pedro de Macorís quien ordenó la libertad “pura y simple” cuatro acusados.
En el caso también se involucra el accionar del fiscal adjunto Ángel Bienvenido Medina quien solicitó al juez la libertad de los acusados, según las informaciones que han circulado en los medios de comunicación.
Los implicados en los hechos denunciados son: Roberto Octavio Peña, Miguel de la Rosa, Julio César Madrigal García y Rudy de Jesús Galvez, quienes fueron apresados el pasado martes 03 de julio, en las costas de San Pedro de Macorís por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la DEA, con relación al alijo de 767.38 kilos de cocaína.
Tanto el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía como al Procurador General de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, les preocupa la posibilidad de que miembros de ambas instituciones pudieran estar ligados en actos que pudieren ser calificados como incorrectos y contrarios a los intereses de la sociedad.
En las Comisiones trabajarán por el Poder Judicial: el Inspector General, Mártires Familia; y por la Procuraduría General de la República, el Director Nacional de Persecución del Ministerio Público, Juan Amado Cedano Santana y el Inspector General, Bolívar Sánchez.
La medida fue acordada por ambos funcionarios judiciales luego de reunirse este miércoles 11 de julio a las 11:30 de la mañana.