SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En el curso del 2014, 200 personas han muerto a manos de la Policía Nacional, bajo los llamado “intercambios de disparos”, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de República Dominicana, que este miércoles 10, rindió su informe anual “Situación de los Derechos Humanos. Resumen Ejecutivo”, en conmemoración al Día Internacional de los Derechos Humanos.
La entidad aseguró poseer evidencia de más del 70 por ciento de los casos, los cuales calificó como “ejecuciones extrajudiciales” cumplidas cuando la persona estaba detenida, esposada y varios casos hasta pidiendo clemencia.
Informó que se calcula que las muertes ocasionadas por la Policía Nacional, según datos de la Procuraduría General de la Republica, representan un 15 por ciento de todos los homicidios que ocurren en el país.
Recalcó que las desapariciones forzadas sigue siendo un tema preocupante para las organizaciones defensoras de los derechos humanos y la opinión pública en general, como en el caso de Randy Vizcaíno, desaparecido en diciembre del año pasado, sin que la familia tenga respuesta por parte de las autoridades. “Sobre este caso hay fuertes evidencias de que se trate de desaparición forzada”, expuso.
Aseguró que la fuerza de seguridad pública, lejos de ser vista y percibida como un aliado de la ciudadanía en la lucha contra la criminalidad, “muchas veces se convierte en su peor enemigo”, mientras que la corrupción, sobre todo a nivel de la política y de la administración del Estado, se hace fuerte por la impunidad que reina soberana en las aulas de los tribunales.
“La corrupción es de hecho percibida por la gran mayoría de la población como un verdadero flagelo que afecta la democracia y el Estado de Derecho, sin embargo, propio por el hecho de que se ha infiltrado prácticamente a todos los niveles del aparato de Estado y del partido oficialista prácticamente se hace imposible debelarla”, afirmó la CNDH.
En lo referente a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional del 23 septiembre del 2013, con la que Juliana Deguis y más de 200 mil dominicanos de ascendencia haitiana fueron despojados de su nacionalidad y de sus derechos civiles y políticos, violando los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Destacó que el Plan Nacional de Regularización para Extranjeros y la Ley 169-14 y su Reglamento, de mayo de este año sobre “régimen especial y sobre naturalización”, ha representado un tentativo para poner orden en una situación que se estaba escapando de las manos al gobierno y a la clase dirigente del país. Sin embargo, indicó que el proceso de naturalización por los ciudadanos nacidos en la República Dominicana antes del 2010 y no regularmente inscritos en el Registro Civil, está violentando los derechos civiles y políticos de dicha población.
Criticó asimismo, la actuación del gobierno dominicano de rechazar en fecha 23 de octubre de 2014, la sentencia de la Corte IDH, que condena al país por haber cometido 12 graves violaciones de los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos “en el caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas Vs. República Dominicana”, produciéndose posteriormente el fallo 256-14 del 04 de noviembre de este año, declarando inconstitucional el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Se ha tratado de una una sentencia torpe, burda y lo más grave, política”, aseveró la organización.
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