SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El historiador y periodista puertorriqueño Pedro Reina Pérez criticó que en República Dominicana se les niegue su condición de ciudadanos dominicanos a los descendientes de inmigrantes haitianos, lo que a su juicio semeja una mediocre parodia fascista, de no ser por lo trágio y real del tema.
En un artículo publicado en el diario español El País, bajo el título La ‘desdominicanización’ de La Española, Reina Pérez afirma que República Dominicana quiere quitar la nacionalidad a una parte de su población por la incapacidad de probar su identidad.
Sostiene que las autoridades dominicanas invocan la soberanía para verificar un acto que pone en entredicho la condición de República Dominicana como nación moderna y democrática.
Resalta que el tema polariza como pocos y, si no fuera por su dimensión trágica y real, podría pensarse que se trataba de una mediocre parodia fascista.
“Muy por el contrario, las autoridades dominicanas invocan la soberanía para verificar un acto que pone en entredicho su talante de nación moderna y democrática. La vergüenza ajena se escurre entre los dedos”, subraya.
Subraya que la controversia tiene su origen en la opresión sistemática que el gobierno dominicano en todas sus instancias ha puesto en marcha contra aquellas personas sospechosas de tener alguna herencia haitiana, sin importar el grado o las circunstancias.
“Esta perversión de los más fundamentales derechos humanos se apoya en la explotación histórica que Santo Domingo ha puesto en marcha contra la población haitiana que por décadas se desplazó de manera irregular hacia su jurisdicción para instalarse en busca de techo y de trabajo”, expresa.
“Desde entonces, el rechazo y el oportunismo se tomaron de la mano: el nacionalismo se enardeció mientras una nueva forma de trata humana asomaba su feo rostro”
El historiador y periodista puertorriqueño Pedro Reina Pérez señala que la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo llevó el asuntó de las relaciones con Haití al extremo en 1937 con su exterminio criminal de haitianos en la frontera entre los dos países, que dejó un saldo aproximado de 35.000 víctimas.
Advierte que pese a ello la situación de desigualdad se perpetuó hasta el presente.
“Desde entonces, el rechazo y el oportunismo se tomaron de la mano: el nacionalismo se enardeció mientras una nueva forma de trata humana asomaba su feo rostro”, indica.
Detalla que transcurridas varias décadas, los hijos e hijas de esos inmigrantes nacidos en la República Dominicana aspiraron a la nacionalidad de su país de nacimiento al menos en teoría, conforme el principio de Ius soli, o derecho al suelo.
Agrega que la negación institucional a este derecho derivó en un pleito judicial resuelto por el Tribunal Supremo el 23 de septiembre de 2013, en el que no solo se negó el derecho a la ciudadanía a aquellos nacidos, sino que se hizo retroactivo a 1929 por tratarse de hijos cuyos padres estaban "en tránsito" en el país.
“Esta sentencia mereció la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2014, con lo que se multiplicó el rechazo de esta joya de oscurantismo judicial que destituyó de un plumazo los derechos de más de 200.000 personas, sin importar el retroceso social —y la deshonra internacional— que tal decisión comportaba para su país”, precisa.
A juicio del intelectual puertorriqueño, el hecho de que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana careciera de mayores luces es una cosa, pero que la clase política, y en particular los legisladores, se muestren ciegos y sordos a esta controversia y sus implicaciones es otra muy diferente.
“Con su crecimiento económico, el país aspira no solo a un lugar de liderato en la región sino al respeto que ello supone, y que bien pudiera corresponderle si se enmienda esta atrocidad. Pero la contradicción que esta situación expone echa por tierra que tal estatura y dignidad sean obtenibles, al menos a corto plazo”, sostiene.