SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Una fuente con informaciones de primera mano de las interioridades del Poder Judicial de la República Dominicana explica qué está pasando alrededor de la Inspectora General del Consejo del Poder Judicial y de la Jurisdicción Inmobiliaria, dos instancias ambicionadas por quienes aspiran al control absoluto de la administración de justicia y de los tribunales.
Acento publica este documento para ilustrar a la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo en estas dos áreas judiciales. No se trata de hechos aislados y sin vínculos con lo que ha estado ocurriendo en las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura y los ataques lanzados por el Procurador Jean Alaín Rodríguez contra la jueza Miriam Germán Brito, presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia.
Sigue plan parar desmantelar la inspectoria (en su lucha anticorrupcion) con el objetivo encubrir jueces y funcionarios del mas alto nivel dentro del poder judicial
Es bien sabido que la Inspectora General del Consejo del Poder Judicial, en los últimos años ha dado golpes certeros a la corrupción administrativa consolidada en las distintas áreas que conforman ese importante Poder del Estado. Estas acciones han constituido un saneamiento tanto en los tribunales ordinarios como en la tan cuestionada Jurisdicción Inmobiliaria, que en su momento el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Mariano German Mejía, expresó arreglaba o quemaría.
Es notoria la transformación que ha sufrido el sistema en la bien llamada lucha anticorrupción, sin embargo, existen estacas o peldaños que por costumbre se han dedicado a la materialización de sobornos y gestiones de expedientes delicados con el objetivo de beneficiarse pecuniariamente y de este modo obtener decisiones judiciales y administrativas improcedentes.
"Con la salida de estos dos altos funcionarios de la inspectoría General del Consejo del Poder Judicial, se busca tomar el control de ese importante órgano de fiscalización"
A fin de evitar este tipo de prácticas, el organismo fiscalizador ha fortalecido la vigilancia y seguimiento de estas malas actuaciones, dando como resultado la involucración de altos funcionarios (jueces y empleados administrativos), sin embargo, con el objetivo de encubrir una serie de hallazgos y proteger el entramado de corrupción formado en la distintas esferas de ese Poder de Estado, auspiciado por jueces supremos, se ha negociado de forma macabra la cabeza de dos importantes funcionarios del estamento fiscalizador, que son el Inspector General y el Contralor de la Jurisdicción Inmobiliaria, este último suspendido conforme la supuesta acta No. 06/2019 de fecha 13 de febrero de 2019 y que a la fecha aún no ha recibido copia de la misma, ni los motivos que generaron su suspensión.
Resaltando, que procedieron a citarlo en fecha 21 de febrero de 2019, a las 3:30pm, de manera verbal, para que se presentara al despacho de la Magistrada de la Suprema Corte de Justicia y Consejera en funciones, Sara Henríquez Marín, a quien dicho funcionario le aportó un escrito de su imposibilidad de defenderse debido a que por la brevedad de la citación su abogada no pudo hacer acto de presencia, lo que le fue reiterado en diversas ocasiones, siendo desconocido por dicha funcionaria, la cual, delante de una comisión ilegitima (el reglamento del empleado administrativo, establece el órgano con calidad para investigar y el procedimiento) formada por el Consejo del Poder Judicial, en compañía del Consejero Fernando Fernández, miembro de la referida comisión, lo inducían a que declarara en contra de su superior inmediato, el Inspector General, no obstante indicar que quería la presencia de su abogado y que necesitaba los soportes o documentos que sustentaban la acusación en su contra, a lo cual se negaron y que a la fecha no han sido proporcionados, vulnerando de forma garrafal el debido proceso de ley, que no escapa al ámbito administrativo.
Todo esto tiene su por qué, si la Dirección de inspectoría, se encuentra fortalecida y firme frente a los actos de corrupción, estos funcionarios se ven impedidos de ejecutar acciones al margen de los lineamientos legales, por los cuales reciben sumas millonarias y que a la fecha, aún permanecen en la institución, siendo protegidos al más alto nivel, lo que ha conllevado que recientemente conforme a reuniones sostenidas la semana pasada, se decidiera la destitución del Contralor de la Jurisdicción Inmobiliaria. Pero sabiendo que con esta decisión se mantendría la lucha anticorrupción de parte del Inspector General, recientemente están consensuando su desvinculación.
Con la salida de estos dos altos funcionarios de la inspectoría General del Consejo del Poder Judicial, se busca tomar el control de ese importante órgano de fiscalización y de este modo, poder dar la connotación que se estime conveniente conforme al caso que se presente, es decir, si no tiene padrino, sancionarlo y si tiene padrino o se encuentra relacionado en el entramado de corrupción que funciona en dicho órgano, desvirtuar la realidad y omitir cualquier tipo de sanción que pudiere recaer sobre el o los implicados.
