"Hubo evidencia significativa de prejuicio racial o discriminación en contra de personas con tez oscura, pero el gobierno negó la existencia de dichos prejuicios o discriminación y, consecuentemente, hizo poco para abordad el problema".
Así inicia el informe sobre derechos humanos publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el apartado sobre actos discriminatorios por motivos de nacionalidad, raza o contra minorías étnicas, como las personas LGBTI, dado a conocer el pasado miércoles 15.
En el documento, la entidad norteamericana resalta que hubo un marcado prejuicio en contra de haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, negándoles en algunos casos el acceso a servicios de salud y documentación.
El homicidio del destacado comunicador Claudio Nasco fue registrado en el informe. Por este crimen, Óscar Pérez, Luis Manuel Estévez Ponciano y José Rafael Miliano Rodríguez fueron condenados a 30 años.
Las condiciones de los bateyes fue considerado en el informe, en el cual se destaca la falta de electricidad o acceso limitado a este servicio, falta de agua potable, de un sistema de salud rudimentario (o no disponible en algunos casos), y falta de una educación adecuada.
"Muchos de los residentes en bateyes que no tienen documentos, sintieron que no tenían opción más que quedarse en sus comunidades, donde se sentían relativamente seguros de enfrentar el riesgo de deportación y persecución existente en el país".
El Departamento de Estado también hizo hincapié en hechos de violencia en contra de personas haitianas o de ascendencia haitiana.
Entre otros casos, citó los hechos violentos cometidos por un grupo de personas en abril de 2015, cuando armados con bates, piedras y machetes, expulsaron entre 30 y 50 haitianos en Moca, como respuesta al homicidio de un joven dominicano, por el cual fueron condenados dos ciudadanos haitianos.
Señala, sin embargo, que si bien el Gobierno condenó las agresiones y la actuación de la comunidad, algunas instituciones expresaron su preocupación dado que las autoridades locales no actuaron, lo llevó a que "criminales o ultranacionalistas creyeran que podían cometer actos violentos en contra de haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana con impunidad".
Violencia y discriminación contra la comunidad LGTBI
El trato hacia personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales, (LGBTI) pasa de la ambivalencia hacia la homofobia en República Dominicana, según el reporte del Departamento de Estado, en donde no existen leyes específicas que protegen a los individuos en contra de ser discriminados en base a su orientación sexual o identidad de género.
Enfatiza que la constitución establece que el Estado debe promover el matrimonio como la unión ente un hombre y una mujer, sin embargo, no define que el matrimonio debe ser exclusivamente entre un hombre y una mujer. Una interpretación que ya, la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, había manifestado en marzo de este año.
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Empero, la ley no extiende los mismos derechos de cohabitar a las parejas del mismo sexo que las parejas heterosexuales.
Organizaciones sin fines de lucro y que trabajan por los derechos de las personas en riesgo de exclusión reportaron actos discriminatorios en contra de personas LGBTI, particularmente de personas trans y lesbianas, en áreas como la salud, educación, justicia y empleo.
"Sujetos LGBTI de manera frecuente enfrentaron discriminación y acoso”, sostuvo.
De igual forma, aunque la sociedad civil condujo numerosos talleres para elevar el conocimiento y cambiar la percepción pública negativa, estudios del Latinobarómetro de las Américas concluyeron que la visión social hacia la comunidad LGBTI se mantuvo muy conservadora, recalca el informe.
Grupos religiosos realizaron manifestaciones en contra de la comunidad. Cuando se le preguntó a las personas si debían tomarse medidas legales para proteger a las personas LGBTI de ser discriminadas, el 54 por ciento de los consultados estuvo en desacuerdo. En 2014, la encuestadora Gallup publicó que el 73 por ciento de las personas consultadas, reconoció que existe discriminación social en contra de la comunidad LGBTI.
También destaca las críticas en contra de activistas internacionales y organizaciones por parte de las iglesias católica y protestante por la promoción de los derechos humanos de este grupo de personas, "usando en ocasiones términos degradantes e insultos en contra de prominentes individuos LGBTI o activistas".
En cuanto a la violencia, matiza que entre diciembre de 2014 y agosto de 2015, el Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados recibió 21 reportes de abuso policial, incluyendo arrestos de manera arbitraria, agresiones y extorción en contra de miembros de la comunidad LGBTI. Dichas personas se abstuvieron de presentar cargos o quejas debido al temor de represalias o humillaciones en su contra.
Un caso es la detención en agosto de una pareja gay en la Zona Colonial, la cual, según las informaciones, fue practicada por la Policía Turística por besarse en la calle y caminar agarrados de manos, lo cual no está prohibido en la ley.
El homicidio del destacado comunicador Claudio Nasco fue registrado en el informe. Por este crimen, Óscar Pérez, Luis Manuel Estévez Ponciano y José Rafael Miliano Rodríguez fueron condenados a 30 años.
También el asesinato de la joven transgénero, Adelly González Montilla, conocida como Alexa, cometido por un menor de edad en septiembre de 2014. El autor del acto fue condenado a cinco años de prisión.
En el aspecto Estatal, afirma que a pesar de que las autoridades otorgan permisos a la comunidad LGBTI para la realización de actividades en espacios públicos, frecuentemente, los permisos incluyen condiciones especiales que evitan que las organizaciones LGBTI lleven a cabo eventos. Las organizaciones formales requieren generalmente la aprobación de las Juntas de Vecinos, las cuales muchas veces se ven influenciadas por la Iglesia Católica y su posición conservadora ante temas LGBTI.
Como avance, sin embargo, subraya la celebración por quinto año consecutivo de la caravana LGBTI y de un concierto solidario, así como la celebración del Santo Domingo Out Fest, el cual es un festival de cine internacional para promover los derechos humanos y la coexistencia social.
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