SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El clientelismo político, el tráfico de influencias y la falta de institucionalidad siguen presentes en las contrataciones y compras del Estado dominicano, denunció este martes el movimiento cívico Participación Ciudadana.
La ONG hizo la denuncia en su Primer Monitoreo de Aplicación de la Ley de Función Pública (41-08), en el cual también señaló los avances o puntos luminosos de la presente administración estatal.
Sobre la realización de concursos para contratar servidores públicos, el monitoreo identifica un bajo cumplimiento de esta ordenanza de la ley, porque prevalece el clientelismo político como modalidad de ingreso al aparato estatal de trabajo.
El informe señala que “el inadecuado apoyo político, la merma en el ejercicio de su autoridad junto con las imitaciones presupuestarias en el órgano rector de la política de recursos humanos del Gobierno, impide un efectivo cumplimiento de la Ley 41-08 y prolonga la existencia de una administración pública irracional, ineficiente y de poco impacto en el bienestar de la gente”.
Entre los avances, se cuenta la confirmación de 39 asociaciones de servidores públicos; normalización del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública; ejecución de 87,513 servicios de atención a reclamaciones de ciudadanos e instituciones
Nelson Suárez, consultor de Participación Ciudadana, detalló el informe en el cual se determinó que en los cinco años de vigencia de la normativa han sido incorporadas a la Carrera Administrativa 24 mil 283 personas, lo que sumado a las incorporaciones hechas antes de la promulgación de la ley, representa apenas el 10% de la nómina pública, la cual asciende a 582mil 625 servidores públicos, por lo cual se requerirían otros 52 años para integrar el resto de la empleomanía gubernamental al régimen institucional dispuesto en la ley, la cual ordena terminar este proceso en el 2016.
El estudio revela que desde 1995 hasta 2012 el promedio de integración anual a la Carrera Administrativa ha sido de 3240 personas.
En este se resalta que, de acuerdo a los datos sobre incorporación a la Carrera Administrativa de servidores públicos, el 44.4% de los incorporados pertenecen a Carreras Especiales y principalmente a la Carrera Docente que representa el 93.2% del total de incorporados en este tipo de carrera.
El restante 6.8% se distribuye en un 2.9% para la Carrera del Ministerio Público, 3.4% para la Carrera Tributaria y 0.4 de la Carrera Diplomática y Consular.
Ligeros avances en la administración pública.
Participación Ciudadana, admitió que reconocen los avances y esfuerzos realizados por el Ministerio de Administración Pública, a pesar de que la mayoría de entidades gubernamentales no cumplen los mandatos de la Ley de Función Pública (41-08).
Entre los avances, se cuenta la confirmación de 39 asociaciones de servidores públicos; normalización del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública; ejecución de 87,513 servicios de atención a reclamaciones de ciudadanos e instituciones; 11,012 operaciones de cálculos de Bonos Vacacionales y por resultados de desempeño a servidores públicos activos; y se contabilizaron 16,170 casos conocidos en comisión de personal, de los cuales el 68% fueron conciliados.
En defensa de la ley 41-08.
El coordinador general, Roberto Álvarez manifestó defendió la ley e indicó que “desde Participación Ciudadana estamos convencidos que la efectiva aplicación de la “Ley 41-08 es una garantía para la transparencia y la institucionalidad, que contribuye a eliminar la discrecionalidad en las remuneraciones en el sector publico e implanta la equidad salarial, un paso fundamental para lograr un mejor clima organizacional en el sector publico de República Dominicana”.
En ese sentido, Carlos Brito, oficial del Programa Oxfam/República Dominicana dijo que “aplicar la ley sentaría las bases para exterminar las prácticas clientelares y la corrupción en la administración pública”.
La Ley 41-08 fue promulgada el 16 de enero del 2008, y en la actualidad es el principal marco legal de la Administración Pública de República Dominicana. La misma tiene por objeto regular las relaciones de trabajo de las personas designadas por las autoridades competentes para desempeñar los cargos para la realización de las funciones públicas del Estado, los municipios y las entidades autónomas.