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Informe CIDH rechaza desnacionalización de 200 mil dominicanos por TC 168

Por Samuel Tapia /acento.com.do


SANTO DOMINGO, República Dominicano.- La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) advirtió en su informe preliminar que alrededor de 200 mil dominicanos, la mayoría de ascendencia haitiana, fueron despojados de su nacionalidad por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

La adverencia es uno de los contenidos del informe preliminar de la delegación de la CIDH que llevó a cabo una visita in loco a la República Dominicana, desde el lunes hasta este viernes, 6 de diciembre.

En el presidente de la comisión, José de Jesús Orozco representación de la delegación, hizo lectura del informe, en el que se resalta la gran preocupación existente por parte de la delegación ante las constantes denuncias de atropellos a los derechos de personas con ascendencia extranjera con estatus “irregular” nacidos en República Dominicana.

Asimismo, Orozco condenó las amenazas e intentos de intimidación lanzados contra los periodistas y demás personas que están en contra de la TC-168 y a favor de que se respeten los derechos de los dominicanos despojados de su nacionalidad por ser descendientes de extranjeros, sobre todo de haitianos, desde 1929 hasta la fecha.

En el informe, el presidente de la delegación afirmó que fueron recibidos unos 3994 testimonios, peticiones y comunicaciones durante su visita, la cual inició el lunes, con múltiples reuniones con autoridades gubernamentales y la recogida de denuncias por parte de los presuntos afectados.

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"Como consecuencia de la sentencia, un número indeterminado pero muy significativo de dominicanos y dominicanas, que diversas fuentes estiman en más de 200.000 personas, han sido privados arbitrariamente de su nacionalidad como consecuencia de esta Sentencia".

A lo largo de la visita, los delegados se reunieron además con distintas organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, para conocer sus puntos de vistas en lo referente al fallo 168-13 y la situación de las personas que residen en el país.

En ese tenor, Orozco afirmó que la Comisión hizo de dominio público las reuniones de trabajo que se realizarían, por lo que estuvieron en disposición de escuchar a todas las personas u organizaciones que quisieran expresar su sentir sobre la decisión del Constitucional y la inspección de la CIDH.

Igualmente, subrayó que suministraron algunos puntos de los resaltados durante la presentación del informe preliminar al presidente Danilo Medina durante la reunión sostenida el día de ayer y saludó la iniciativa del presidente Medina, así como que se identifique esta problemática para encontrar una solución.

Según el representante de la delegación, la CIDH compartió criterios con la presidencia las características que, de acuerdo a los derechos internacionales y de derechos humanos, se deben tener para encontrar una solución real al impase.

Sobre las denuncias de racismo

Sobre las denuncias de racismo en el país, la delegada Rose Marie Antoine confirmó que durante la recopilación de datos existen ciertos aspectos que pueden indicar algún tipo de discriminación racial y patrones de discriminación.

Afirmó que según las vistas realizadas y las denuncias recibidas, se puede constatar que existe “invisibilidad o falta de voluntad” para reconocer las razas en la sociedad, situación que República Dominicana comparte con otros países de la región.

Indicó que este un problema “complejo”, debido a que esta situación se encuentra “íntimamente ligada a la interrogante sobre identidad nacional y la identidad haitiana”, la cual está basada en la raza, particularmente en el caso de Haití, al ser “descendientes africanos”.

“Encontramos en nuestra visita que es el tema más explosivo. Encontramos mucha  gente que dice que no hay racismo en República Dominicana. Por otra parte, según las experiencias y las visitas escuchadas, hay señales de racismo”.

Afirmó que esta información fue reseñando en el informe, indicando que existe un posible uso de estereotipos y caracterización racial, lo cual afecta derechos fundamentales como el acceso a servicios básicos de salud y transporte.

Qué hacer

En lo referente a la sentencia y su alcance, José de Jesús Orozco afirmó que la función de la comisión es “acompañar y compartir” los estándares internacionales en materia de derechos humanos que deben satisfacer esta solución que se encuentra, con el objeto de que los derechos se encuentren debidamente salvaguardados.

“El desafío está identificado y compete a los órganos del poder público de República Dominicana encontrar una solución”, aseveró el presidente de la CIDH.

Insistió que la importancia de la visita radica en el mandato de “monitorear la situación de los Derechos Humanos en el país”, contrario a los casos de peticiones individuales, en los que sí existe susceptibilidad de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, basado en lo previsto en la Convención Americana de los Derechos Humanos.

“El objeto de esta visita no tiene como consecuencia que la comisión interamericana plantee algún asunto ante la comisión interamericana, salvo las peticiones individuales puedan llevar a estas consecuencias”.

Plan de regularización e informe

En lo referente al Plan de Regularización propuesto por el Estado Dominicano, con el que se buscaría una posible solución al impase, la CIDH expresó que por el alcance el procedimiento de naturalización, podría no estar plenamente acorde con el derecho internacional de los Derechos Humanos.

Explicaron que la naturalización puede implicar el reconocimiento de una nacionalidad distinta, por lo que la persona podría ser considerada extranjera.

“No se puede exigir que ocurra a personas que previamente eran consideradas como dominicanas de acuerdo con el régimen jurídico”, señaló el presidente de la misión de la CIDH.

Asimismo, afirmó que el anexo relatado fue el resultado del consenso generado al interior de la CIDH, de forma unánime como resultado de la visita.

Resaltó que la CDIH rendirá un informe en la primera mitad del próximo año, en el que formulara recomendaciones al gobierno dominicano con el objeto de que en el ejercicio de sus atribuciones pueda mejorar la situación de los derechos humanos y salvaguardar el derecho a la nacionalidad de las personas nacidas en dominicana de origen haitiano.

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