Miami, Florida. – El Departamento de Estado de los Estados Unidos, refiere que en la “República Dominicana durante el pasado año, la prensa sufrió acoso y violencia en el orden de Libertad de Prensa. “Los medios expresaron una amplia variedad de puntos de vista, pero la concentración de la propiedad de los medios, debilidades en el poder judicial e influencia política, limitaron la independencia de los medios”, según detallan.
Empero, en el informe se establece que con relación al derecho constitucional de la Libertad de Expresión que tiene cada ciudadano, inclusive la prensa, que “el gobierno generalmente respetó este derecho.”
En el informe anual sobre las prácticas de respeto a los Derechos Humanos, civiles, políticos y laborales a nivel internacional, elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y en el orden de la República Dominicana, se indica en el tópico sobre Libertad de Expresión, que aunque “las personas y los grupos en general pudieron criticar al gobierno de manera pública y privada sin represalias, aunque hubo varios incidentes en los que las autoridades intimidaron a miembros de la prensa.”
En este orden, en franca alusión al caso del periodista Marino Zapete, el informe del Departamento de Estado indica que “en septiembre, un programa de noticias de televisión presentado por un conocido periodista fue cancelado dos días después de presentar un informe de investigación alegando que la hermana del fiscal general recibió contratos gubernamentales sin licitación por valor de 750 millones de pesos ($ 15 millones), posicionándola como la única proveedora de asfalto productos al gobierno.”
Añade el referido informe anual presentado por el Departamento de Estado ante el Congreso de los Estados Unidos que “el programa demostró que en el momento en que se firmaron los contratos, la hermana estaba cobrando un salario como empleada del Ministerio de Obras Públicas.”
“El periodista alegó que su programa fue cancelado después de que el fiscal general llamó al dueño de la estación y amenazó con acciones legales. El 30 de septiembre, la asociación de periodistas, (Colegio Dominicano de Periodistas, CDP) realizó una conferencia de prensa denunciando la interferencia política para silenciar los informes sobre corrupción.”
Violencia y acoso
“Los periodistas y otras personas que trabajaban en los medios de comunicación fueron ocasionalmente acosados o atacados físicamente. Algunos medios informaron que periodistas, específicamente en áreas rurales, recibieron amenazas por investigar o denunciar grupos criminales o corrupción oficial.”
Citan que “en octubre, un comentarista de televisión local en la provincia de Monte Plata informó que recibió amenazas debido a su cobertura crítica de las conexiones de los políticos locales con los narcotraficantes.”
Añaden que “la Asociación Interamericana de Prensa informó que los periodistas sufrieron ataques violentos por parte de los detalles de seguridad militares y policiales de los funcionarios del gobierno, particularmente al cubrir las protestas dirigidas por la sociedad civil.”
Detallan que “algunos medios de comunicación optaron por omitir las líneas generales de los periodistas que informan sobre el tráfico de drogas y otros asuntos de seguridad para proteger a los periodistas individuales.”
Censura o restricciones de contenido
El Departamento de Estado en su informe, cita que “la constitución establece la protección de la confidencialidad de las fuentes de los periodistas e incluye una cláusula de conciencia, que permite a los periodistas rechazar las tareas de denuncia.”
“Los periodistas practicaron la autocensura, particularmente cuando la cobertura podría afectar negativamente los intereses económicos o políticos de los propietarios de los medios.”
“Los observadores sugirieron que el gobierno influyó en la prensa a través de contratos publicitarios. Una destacada periodista que presentó un programa de televisión de noticias y comentarios de alta calificación declaró que su salida de los medios tradicionales fue un ejemplo de la influencia del gobierno en los medios de comunicación. Destacó que el gobierno gastó cerca de 12.5 millones de pesos ($ 250,000 diarios) en anuncios”, conforme el referido informe del Departamento de Estado.
Los informes anuales de países sobre prácticas de derechos humanos cubren los derechos individuales, civiles, políticos y laborales internacionalmente reconocidos, tal como se establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros acuerdos internacionales.
Entre este informe sobre el país caribeño, el Departamento de Estado cita, asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno, tortura por parte de la policía y otros agentes del gobierno, así como también detención arbitraria y “grave problemas con la independencia del Poder Judicial.