SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) aseguró que como parte del proceso de comprobación y validación de clientes a que fueron obligadas las prestadoras por el INDOTEL el pasado año, fueron canceladas aproximadamente un millón y medio de líneas móviles, que se presumen era “celulares maco” o activados con identidad falsa.
En un documento distribuido a la prensa, el Indotel señaló que las empresas de redes móviles tienen la obligación de consultar la base de datos de series negadas al momento que cada terminal trata de conectarse, antes de proveer el servicio a los interesados, en referencia a los recientes casos de celulares robados, entre ellos el de Luis Medrano Reyes, quien fue ultimado en el complejo habitacional Villa Olímpica, de Santiago durante un asalto para quitarle el teléfono móvil.
Asimismo, aclaró este lunes que esa entidad ha diseñado y aplicado estrategias para impedir la activación de celulares reportados como robados, con la finalidad de disuadir la comisión de actos delictivos.
Informó que está trabajando a nivel internacional, junto a organismos multinacionales como la CITEL y UIT, para lograr soluciones que concierten esfuerzos a nivel global para combatir el robo de celulares y su activación, pues estos ilícitos suelen desbordar las fronteras nacionales.
Indotel recordó que existe un reglamento que impone la obligación a las prestadoras de que antes de activar celulares se aseguren de comprobar la identidad del cliente.
El órgano regulador de las telecomunicaciones explicó que todas las empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil tienen acceso a la base de datos del Indotel donde figuran los números de series negadas, o “lista negra”, que corresponden a los teléfonos reportados como robados o perdidos en el país, donde además se registran los IMEI de esos aparatos, que es la numeración que se usa como Sistema Internacional para la Identidad de Equipos Móviles.
Destacó que cuando se producen robos de celulares, los afectados deben informar a la empresa telefónica y ésta debe bloquear tanto el chip como el aparato, además de enviar el IMEI a la base de dato del Indotel para su inclusión en su lista negra.
Expresó que a partir de ese momento el procedimiento de investigación y persecución de los responsables recae sobre la Policía y la Procuraduría General de la República, “de ahí que la solución del problema de los robos de celulares es una labor conjunta entre la Policía, la Procuraduría General, las empresas telefónicas, el Indotel y la ciudadanía”, precisó el documento del órgano regulador de las telecomunicaciones.
Reiteró el compromiso de tomar las medidas y acciones contempladas en la Ley General de Telecomunicaciones para regular la prestación de los servicios, en forma que coadyuve al control de la criminalidad, al tiempo que exhorta a la población a no comprar aparatos de “origen dudoso”, pues sin quererlo podría estar contribuyendo al mercado de celulares robados.