SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La defensa de los acusados de la estafa en la repartición irregular de terrenos en Bahía de las Águilas, afirmó que el Ministerio Público no tiene calidad para objetar la sentencia que declara la extinción de la acción penal del juicio en su contra.
El abogado Francisco Taveras, representante de Jaime Rodríguez Guzmán, ex director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Rafael Antonio Rodríguez Guzmán y Reyna Margarita Martínez sostuvo que durante el juicio de fondo la Fiscalía del Distrito Nacional no presentó acusación en las oportunidades que el Segundo Tribunal Colegiado les solicitó.
“Les dieron siete oportunidades de presentar acusación y no presentaron cargos”, explicó el abogado Taveras durante su intervención la mañana de este lunes ante los jueces de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.
De su lado, el Ministerio Público afirmó que el Segundo Tribunal Colegiado debió intimar a los acusadores para que presenten acusación.
“Se trata de una estafa millonaria en contra del Estado, no puede ser que los imputados pueda valerse de su propia falta para salir airosos del proceso”, indicó la Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso.
Dentro de sus conclusiones, la procuradora adjunta, Irene Hernández, solicitó a los jueces que case la sentencia y envíe el expediente a un tribunal competente.
El Ministerio Público estaba representado por los procuradores adjuntos, Bolívar Sánchez e Irene Hernández, la fiscal Reynoso y la abogada Laura Acosta Lora.
Jaime Rodríguez Guzmán fue uno de los directores del Instituto Agrario Dominicano (IAD), los gobiernos de Joaquín Balaguer, de 1986 a 1996, y fue el funcionario que hizo el supuesto asentamiento agrario en las tierras de Bahía de las Águilas.
El ex director del IAD, Jaime Rodríguez Guzmán, estuvo preso al descubrirse que en su gestión dispuso ilegalmente de terrenos de Bahía de las Águilas, tierras del Estado, tras alegadamente crear un falso asentamiento agrario, en una zona donde no hay producción agrícola.
En octubre del 2012, el Segundo Tribunal Colegiado declaró la extinción de la acción penal a favor de los hermanos Rodríguez Guzmán y Martínez porque los años que duró el proceso la Fiscalía no presentó la acusación ni la reformulación de cargos contra los acusados.