SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El expresidente del consejo del Banco de Ahorro y Crédito Providencial criticó la intervención de las autoridades de la Superintendencia de Bancos en esa entidad financiera.
Iván Hernández Oleaga, sometido a la justicia, dijo que la Superintendencia de Bancos supuestamente le obligó a entregar la entidad bancaria cuando ya estaba en negociación para venta a empresarios venezolanos.
El imputado y expresidente la entidad afirmó que por esa intervención de parte de las autoridades de la Superintendencia de Bancos no se pudo materializar la operación de compra y venta con los supuestos empresarios venezolanos.
El mayor general retirado Iván Hernández Oleaga, quien pagó una fianza por cinco millones para obtener la libertad condicional, enfrenta arresto domiciliario e impedimento de salida por realizar captaciones ilícitas a través de una inmobiliaria que operaba dentro de las instalaciones del Banco de Ahorro y Crédito Providencial, indicó que el caso es como un iceberg, donde solo se conoce la parte que visible.
Dijo que el proceso de intervención supuestamente fue una "operación oscura", que en 48 horas pasó a ser banco múltiple, violando la ley Monetaria y Financiera.
Sostuvo que la entidad bancaria fue arrebatada de sus manos para regalarla, debido a que la venta se ejecutó en 7 millones de dólares, y vale más de 30 millones dólares, por lo que pidió a las autoridades aclarar el proceso y comercialización del banco.
Se recuerda que desde el 29 de agosto del 2016, el juez de la oficina de Atención Permanente del Distrito, José Alejandro Vargas, impuso también prisión preventiva contra los hijos del prinipal imputado, que también fueron sometidos.
A Ivette Hernández Bona, se le impuso prisión preventiva en la cárcel de Najayo Mujeres, por 3 meses; a Aquiles Hernández Bona se le estableció una fianza 3 millones de pesos, impedimento de salida y dispositivo de ubicación de un brazalete.
Sustento de la acusación
La Superintendencia de Bancos reportó el 12 de mayo del año 2016 que el Banco de Ahorro y Crédito Providencial registraba activos de RD$986.93 millones, que ajustados por pérdidas ocultas se reducían a RD$229.94 millones, y un pasivo total ascendente a RD$775.98 millones.
De acuerdo con el reporte, el monto de RD$429.16 millones correspondía a obligaciones con el público y RD$258.05 millones a préstamos interbancarios otorgados por siete entidades de intermediación financiera del país.
Los imputados presentan cargos por incurrir en "hechos graves", como un reporte falso realizado del Banco de Ahorro y Crédito Providencial y otros delitos.