SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Consejo Permanente de la Conferencia del Episcopado Dominicano anunció que este martes 9 de diciembre llevaran a cabo una cadena de oración frente al Congreso Nacional, en procura de que los legisladores voten a favor de la vida tal como establece la Constitución Dominicana.
“Nuestra Constitución dice clara y rotundamente que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso, la pena de muerte”, destacaron eso del artículo 37 de la Constitución del 26 de enero del 2010.
Según destacaron, la legalización del aborto es dictar pena de muerte a una persona por demás indefensa, aunque ésta provenga de una violación de la que ella no es nada responsable o bien pudiera tener alguna malformación.
“El médico en caso de emergencia y amenaza contra la vida de la mujer embarazada tiene el deber de atender y procurar la salvación de las dos vidas”
Dijeron que sería excluyente si solo se vela por los derechos de la madre y se condena a muerte al hijo que está en su vientre, que merece el derecho a la vida y a la salud, el respecto a la dignidad humana y a su integridad psíquica y moral como lo establece el artículo 38 de la Constitución Dominicana.
Pidieron que sea tomado en cuenta que son dos vidas que están en juego y que el Estado tiene el deber y la obligación de ser inclusivo, y legislar para salvar las dos vidas, no para salvar una y condenar la otra.
“El médico en caso de emergencia y amenaza contra la vida de la mujer embarazada tiene el deber de atender y procurar la salvación de las dos vidas”, señalaron.
Sin embargo, aclararon que si en el procedimiento para salvar una de las vidas en la que tal vez la más débil muere, no es objeto de penalización como lo establece la Constitución de la República en el articulo 42.3 y el nuevo Código Penal en sus artículos 22 y 23.
En caso de violaciones, los miembros del Episcopado aseguraron que en la Convención Americana de los Derechos Humanos dispone que “la pena no puede trascender de la persona del delincuente”, es decir, que la criatura no tiene que pagar por la culpa del violador.
A través de un comunicado señalaron que practicar un aborto cuando la criatura tenga malformaciones sería condenar a muerte a una vida indefensa e inocente. “Sería decirle al 7 por ciento de la población dominicana con discapacidades que ellos no merecen vivir, cuando ellos tienen tantos dones que aportar al bien de su familia y su patria”.
Manifestaron que el problema de “salud pública” no lo resuelve la aprobación del aborto, ya que datos oficiales hablan de que en el 2013 el abortó representó la cuarta causa de muerte por causas obstétricas directas en el país, con un total de 17 fallecimientos.